La sección sexta la Audiencia provincial de Las Palmas ha anulado uno de los escritos de calificación que presentó el Ayuntamiento de Arrecie como acusación particular en la pieza de Urbaser y del pabellón de Argana del caso Unión.

Arrecife presentó un escrito realizado por un abogado sobre los hechos de Urbaser y otro, de otro abogado, sobre los de FCC y el pabellón deportivo. Tanto los directivos de Urbaser imputados en el caso como el ex secretario municipal, Fernández Camero, recurrieron la calificación de los hechos y la Audiencia ha decidido no admitir uno de los escritos, el que hace referencia a Urbaser.

Los imputados pedían que no se admitiera por presentarlo fuera de plazo pero la Audiencia considera que no es extemporáneo. Sin embargo, sí les da la razón porque considera que en este caso "se trata de sendos escritos que no solo se refieren a hechos distintos, cierto es que ambos relacionados con contratos adjudicados con el Ayuntamiento de Arrecife; sino que tampoco los encausados coinciden; en el primero se dirige la acusación frente a seis personas, y en el segundo frente a quince".

El Ayuntamiento considera que se trata de escritos complementarios pero la Sala considera que son escritos distintos que se refieren "a adjudicaciones distintas, a empresas igualmente diferentes y en los que solo en parte coinciden los encausados". "Del mismo modo no cabe amparar la duplicidad de escritos de calificación en la doble encomienda efectuada por el Ayuntamiento de Arrecife a sendos abogados pues en nada vincula la encomienda administrativa a los trámites procesales", señala la Audiencia, en un ato cuyo ponente es Carlos Vielba.

La Audiencia sólo estima que debe quedar como no presentado el segundo escrito, el que se refiere a Urbaser, aunque el Ayuntamiento se puede adherir a la acusación realizada por la Fiscalía. En todo, caso, el Ayuntamiento ha presentado un incidente de nulidad contra este auto por considerar que se lesionan derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

La representación procesal del Ayuntamiento sostiene que, en todo caso podría tratarse de un defecto de forma totalmente subsanable y que la Sala, al detectar ese posible defecto por primera vez (ya que el Juzgado consideró que era una sola acusación en dos escritos) en un auto sobre el que ya no cabe recurso, sino solamente un incidente de nulidad, está generando indefensión.

Arrecife presentó dos escritos que califican hechos diferentes pero que se pueden refundir en uno solo y, de hecho, se prestó a hacer esa refundición en caso de que se considerara que había que subsanare dicho defecto.

Otro de los motivos de posible indefensión es el hecho de que la audiencia anula el de Urbaser sin dar opción al Ayuntamiento a que elija cuál de los dos escritos aparta. La Sala considera que el de Urbaser se presentó en segundo lugar, pero los dos escritos se presentaron el mismo día y a la misma hora y el funcionario judicial fue el que dio el orden de entrada, poniendo por delante el escrito relativo a FCC.

Algunos imputados ya han pedido la devolución de las garantías sobre las responsabilidades civiles exigidas en ese escrito, que se elevan hasta los diez millones de euros. Arrecife también solicita la devolución del dinero presuntamente malversado o asociado a los contratos en los que pide su nulidad en un procedimiento contencioso que está paralizado hasta que se resuelva este procedimiento penal.

Arrecife pedía penas de hasta 16 años

En el escrito no admitido, Arrecife pedía penas de hasta 16 años de cárcel para la ex alcaldesa Isabel Déniz (PIL y CC), el ex secretario Felipe Fernández Camero, el ex jefe de la Oficina técnica, Rafael Arrocha y los directivos de Urbaser implicados en la trama: Jacinto Álvarez, Santiago Alonso, Manuel Andrés Martínez, Francisco José Martínez Llerandi y Stephan Jean Balverde.

Para Dimas Martín, Matías Curbelo y Miguel Ángel Leal, que sigue siendo trabajador del Ayuntamiento, Arrecife solicitaba una pena de ocho años, y al trabajador del Cabido Manuel Jesús Spínola se le pide una pena de tres años de cárcel, mientras que a los socios de Gamma Install, Julio Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo se les pide una pena de un año de multa.

Solicitada la nulidad del contrato

También pedía la nulidad del contrato de recogida de residuos y limpieza que se adjudicó en 2002 a Urbaser, así como la nulidad de los contratos de parques y jardines y limpieza viaria que se adjudicaron en el año 2003. El primero se adjudicó por 2,1 millones por diez años más dos contratos de obras de dos naves sin licitación por 6,3 millones más durante 25 años. En realidad, la adjudicación se hizo por casi 22 millones. Por su parte, en el servicio de limpieza viaria se comenzó pagando 413.00 euros y se acabó pagando más de 1,4 millones.