El juicio que se tenía que celebrar este martes por la mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el abogado y empresario Luis Lleó se ha suspendido porque tres de los testigos propuestos por la defensa, el abogado Manuel Matamoros, el economista Jerónimo Campón y el ex director de Bancaja en Arrecife, Ginés Rodríguez, no habían sido citados a la vista. El tribunal ha fijado una nueva fecha para celebrar el juicio: los días 17 y 18 de enero.

Los tres testigos están relacionados con Lleó. Matamoros y Campón participaron, según reflejaba la UCO en uno de sus informes del caso Unión, en el asesoramiento jurídico-fiscal sobre la mercantil Residencial Costa Roja, que habría cometido varias irregularidades fiscales, y en el que también participaron dos letrados del Tribunal Constitucional. Por su parte, Ginés Rodríguez era director de Bancaja en Arrecife, una entidad que concedió varios créditos millonarios a Lleó.

El juicio que se tenía que celebrar este martes por la mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el abogado y empresario Luis Lleó se ha suspendido porque tres de los testigos propuestos por la defensa, el abogado Manuel Matamoros, el economista Jerónimo Campón y el ex director de Bancaja en Arrecife, Ginés Rodríguez, no habían sido citados a la vista. El tribunal ha fijado una nueva fecha para celebrar el juicio: los días 17 y 18 de enero.

Los tres testigos están relacionados con Lleó. Matamoros y Campón participaron, según reflejaba la UCO en uno de sus informes del caso Unión, en el asesoramiento jurídico-fiscal sobre la mercantil Residencial Costa Roja, que habría cometido varias irregularidades fiscales, y en el que también participaron dos letrados del Tribunal Constitucional. Por su parte, Ginés Rodríguez era director de Bancaja en Arrecife, una entidad que concedió varios créditos millonarios a Lleó.

En el caso de Matamoros, tal y como informa Canaria Ahora, la letrada de la Administración de Justicia explicó que había emitido una providencia en la que solicitaba a la defensa que facilitara una nueva dirección para que le fuera notificada la citación, ya que no había sido posible hacerlo en la proporcionada en un principio. El abogado de Lleó afirmó que no se le había dado traslado de esta providencia. Por su parte, a la acusación particular le sorprendió que no se hubiera localizado a Campón, ya que comparte oficina con otra de las testigos, María Isabel Ruiz, que sí había sido citada. En relación a Ginés Rodríguez, la letrada de la Administración aclaró que este mismo lunes tuvo conocimiento de la dirección del nuevo domicilio del ex director de Bancaja, por lo que no había habido tiempo de hacer las gestiones oportunas.

La defensa también se opuso a que la testigo María Isabel Ruiz, contable de la empresa familiar de Lleó, compareciera por videoconferencia, al entender que le generaba una indefensión “efectiva”, puesto que la falta de medios materiales impedía que se le pudiera mostrar la “numerosa documentación” para su cotejo y ratificación. Esta testigo no compareció en los juzgados de Arrecife, por lo que la Sala, presidida por el magistrado Pedro Herrera, propuso imponerle una multa de 700 euros, con la posibilidad de alegar y justificar esta ausencia en un plazo de cinco días.

El fiscal Miguel Ángel Hernández también interesó la suspensión del juicio, ya que de los cinco testigos que propuso, dos eran parte interesada en el proceso (familiares o querellantes) y, de los otros tres, dos no comparecerían por distintos motivos (María Isabel Ruiz y Ginés Rodríguez). La acusación particular se opuso a esta pretensión, alegando una "animadversión mutua" hacia el ex director de Bancaja, que ya había prestado en la fase de instrucción una declaración que "no había sido impugnada". También propuso llamar por teléfono a la otra testigo, la contable de la empresa familiar que no había comparecido, requerimiento que fue rechazado por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Tampoco aceptaron su petición de que se "tacharan" algunos testigos propuestos, una opción que tiene cobertura en el enjuiciamiento civil, pero no en el penal. 

Debido a la suspensión del juicio, la Sala acordó que se incorporara al procedimiento documental que había sido presentada por la defensa este mismo lunes y que no había sido trasladada a las partes, sin perjuicio de la valoración posterior sobre su validez. La acusación particular se había opuesto a su aprobación.

Se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel

En este juicio, Lleó se enfrenta a la petición de 13 años de prisión por parte de la acusación particular, formada por su hermano y su sobrino, con quienes también le unía una relación mercantil. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel por administración desleal y la acusación suma los delitos de falsedad en documento societario, obstrucción al ejercicio de los derechos de los socios y apropiación indebida. También piden la devolución del dinero y una multa de más de 70.000 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2006 cuando se escinde la sociedad Lleó Inmuebles en favor de Consultores y Asesores Legales Lleó SL, cuyos administradores eran Luis Lleó, su hermano Jaime y el hijo de éste, todos ellos abogados. El fiscal destaca, en su escrito de acusación, que quien gestionaba la sociedad y tomaba todas las decisiones económicas era Luis Lleó, y que aprovechando esta circunstancia utilizó esa mercantil para causar un perjuicio económico a su hermano y su sobrino usando la sociedad para financiar otros negocios suyos aprovechando dos pólizas de descuento bancario que tenía concedidas en Bancaja.

Esas pólizas fueron concedidas por Bancaja en 2007. Hasta marzo de 2008, el acusado presentó 11 pagarés, a nombre de Residencial Costa Roja y Residencial Playa Honda, que cobra con la sociedad conjunta y traspasa el dinero a esas dos mercantiles. También dispuso de 1,4 millones por servicios que no había prestado a Consultores y Asesores Legales Lleó en favor de siete de sus empresas. El perjuicio causado por estos pagarés fue de 44.000 euros.

La acusación particular añade el delito de apropiación indebida porque Luis Lleó retiró 102.000 euros de los fondos de las empresas en que eran socios de forma "injustificada y no autorizada". El escrito de acusación señala que cuando se conocieron los hechos, Luis se negó a facilitar la documentación societaria, incluso después de que en agosto de 2008 cesó como administrador de una de esas sociedades.

Le acusan de falsear y manipular cuentas

También le acusan de falsear y manipular las cuentas, contabilizando una supuesta factura de casi un millón de euros que suponía en realidad un crédito a su favor y una deuda para la mercantil generada por prestar un servicio como letrado para una empresa de abogados de la que él mismo era socio.

En la acusación se detalla que realizó todas estas operaciones durante un periodo en que Aday Lleó estaba ingresado en el Hospital con fracturas múltiples en los dos brazos y una pierna tras un accidente de tráfico. La acusación considera que en los delitos se da el agravante de abuso de confianza.

El hermano y el sobrino de Lleó se desvincularon de Luis en el año 2008 publicando incluso un anuncio en prensa para desmarcarse de las operaciones de su familiar, que se tendrá que sentar en el banquillo este año también para responder a la petición de seis años de prisión por soborno en la pieza inicial del caso Unión.