El auto de la juez Silvia Muñoz que da por concluida la fase de instrucción en el caso Stratvs, detalla de forma pormenorizada las claves de los hechos que ha podido acreditar la investigación.

1. Primera solicitud.

Según la juez, se trata de un “plan” para poder construir la bodega, porque se sabía que no se podían conceder los permisos. La solicitud se pide a nombre de Piedad del Río, esposa del arquitecto Miguel Ángel Armas, pero no para bodega, sino para rehabilitar una casa. El suelo donde estaba la casa (y la propia casa) tenía doce dueños, pero ninguno era Juan Francisco Rosa. Hace, según la juez, “una ficción continua y premeditada de rehabilitar una antigua bodega”.

El expediente llega al Gobierno de Canarias como solicitud de “restauración de vivienda y almacén”, y después “fue mutando de manera intencionada y dirigida”. “A sabiendas de que los datos reales no facilitarían la concesión de la autorización en suelo rústico, se incluyen datos cuya discordancia con la realidad era conocida y buscada por el promotor”, señala el auto.

Dice la juez que se incluyeron datos falsos que la Administración no comprobó “intencionadamente”, y que en el Gobierno uno de los técnicos ya incluye el término bodega “conocedor de la influencia sobre algunos cargos públicos”, por parte de Juan Francisco Rosa. Se denegó el permiso y luego se dio, cambiando de criterio sin motivo aparente. Piedad del Río era la solicitante pero los permisos se le comunicaban a Rosa.

El expediente llega a Yaiza y el ex alcalde, José Francisco Reyes, da la licencia por decreto, con informe en contra, sin proyecto y para seis meses. Era 1999 y las obras no empiezan hasta 2003. El concejal de urbanismo, Tato Rodríguez, también firmó otro decreto más de autorización.

2. Ejecución.

Se sacaron 44.000 metros cúbicos de picón de una finca que no les pertenecía. Construyeron sobre 12.000 metros cuadrados y se demolió la casa, que no era suya. En junio de 2004 se compra la finca colindante y simula que estaba allí la casa, documentalmente. Lo hace para “obtener financiación; fabricar los títulos necesarios para conseguir el cambio registral de la propiedad del suelo, así como el titulo correspondiente a la propiedad de la construcción y obtener beneficios fiscales de la Administración”. Hace una artimaña para crear “aquellos títulos de dominio que le resultaban necesarios”, cambiando los linderos.

En 2011 pidió la calificación territorial “si bien el propósito quedó frustrado al ser requerido por la Oficina técnica de aquella documentación que había servido de base a la autorización en suelo rústico, por lo que el señor Rosa, conocedor de que el examen de la documentación existente podría haber dado lugar a que se comprobara que lo construido no se parecía a lo autorizado en el dudoso título habilitante por el que se avaló la rehabilitación de vivienda antigua y construcción de almacén subterráneo, y posteriores alteraciones mendaces de documentación -ya relatadas- prefirió desistir de la solicitud”.

3. Permisos de apertura y de aguas

El expediente llega al Cabildo. El ingeniero Manuel J. Spínola sabía que el uso de bodega no estaba autorizado pero lo autorizó, mientras que también se concedió el permiso para la depuradora, que no se instaló. El Consejo insular de aguas dijo primero que no cumplía pero después no comprobó si se hacía o no lo que había dictado.

Además, la Junta de Gobierno de Yaiza aprobó la licencia, y por eso están imputados los cinco integrantes de aquella Junta. Las conversaciones de presunto trato de favor entre Rosa y Leonardo Rodríguez quedaron grabadas en el caso Unión.

4. Y hay tres hechos más más.

Fraudulento cambio de titularidad catastral. Rosa consiguió que el funcionario encargado del catastro en Yaiza cambiara la titularidad de la finca, aportando el acta de finalización de obra. El funcionario no comprobó quiénes eran los anteriores propietarios y denegó después la información a José Juan Negrín, que era copropietario.

Además, hipotecó una de las fincas como garantía de pago de una deuda con Hacienda del Hotel Princesa Yaiza, que supera los 300.000 euros. Hizo parecer que la finca hipotecada era en la que está Stratvs, que valdría unos 5,5 millones y no la de al lado, que vale 44.000 euros, con lo cual, si le hubieran ejecutado el embargo, le habrían embargado una finca rústica sin valor. La investigación judicial lo destapó.

Por último, Rosa debía casi 60.000 euros del Impuesto de Actividades Económicas al Ayuntamiento de Yaiza y ofreció nuevamente como garantía la misma hipoteca.