Un dictamen del Consejo Consultivo propone que se indemnice a una doctora con 300.000 euros por “graves daños personales y morales”. El dictamen está incluido dentro de una propuesta de resolución por la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de la afectada, por un funcionamiento deficiente del Servicio Canario de Salud.

El caso es conocido. Se trata de una doctora, que vivía en Arrieta, a la que su marido llevó a Urgencias en junio de 2015 tras encontrarla “en trance” en el coche y que llevaba una temporada presentando “ideas delirantes”.

Urgencias llamó al psiquiatra, que la atendió a las 23.30 horas y que le dio el alta poco después. Esa misma noche, al volver a su domicilio, intentó agredir a sus hijos, de tres y cinco años, y a sí misma.

Estuvo en prisión durante nueve meses y fue condenada por el Tribunal Supremo a una pena de diez años en internamiento psiquiátrico, aunque fue absuelta de los dos delitos de homicidio en grado de tentativa.

El dictamen dice que se trata de un “daño irreparable, que la ha llevado a quebrar su vida y sus aspiraciones de una manera absoluta” y da la razón a la doctora porque encuentra un nexo de causalidad entre la “actuación deficiente” del psiquiatra, que no observó el protocolo y valoró erróneamente la enfermedad, la actuación de la paciente porque estaba en un “franco ascenso hacia un brote psicótico con ideas delirantes”.

Señala que el perjuicio es irreparable moralmente, dado que se trataba de una familia estructurada y que ha pasado a esta situación: “hijos agredidos por su madre, madre en prisión, padre sin trabajo, encargándose de toda la educación manutención y educación de los hijos, sin presencia materna e hijos en tratamiento psicológico al igual que el esposo”.

El Consultivo se apoya en un informe forense elaborado en 2016 que asegura que, en el momento de los hechos, la paciente sufría una “merma completa en la comprensión, naturaleza y consecuencias de sus actos”, que fueron realizados por esas ideas delirantes.

El informe concluye que no era difícil de diagnosticar y el dictamen añade que el psiquiatra “no actuó con el cuidado y la diligencia debida ni utilizó todos sus conocimiento científicos en el transcurso de su observación aquella noche, ya que eran evidentes los síntomas del brote psicótico que presentaba la paciente”.

“Si bien es cierto que el médico, y en este caso el Servicio Canario de Salud, no debe responder por los actos que objetivamente efectuó la paciente, lo cierto es que dichos actos pudieron haberse evitado con un diagnóstico más acertado y adecuado a las extremas circunstancias que presentaba en el momento de ser atendida por el especialista”, añade el Consultivo.

Los perjuicios ocasionados, recalca el Consultivo, “han sido de tal magnitud que merece indudablemente el actuar de este médico y de la institución a quien representa, en este caso el Servicio Canario de Salud, un reproche jurídico”. Por otra parte, la demandante “requiere de un resarcimiento por los daños y perjuicios que presenta”, concluye el dictamen.