El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha confirmado este lunes que descarta dimitir y que recurrirá el auto del juez Jerónimo Alonso, que dio por concluida la instrucción del caso en el que se investiga la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja y abrió el plazo para que la Fiscalía y las acusaciones formulen sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral. El recurso de San Ginés se produciría bien ante el propio Juzgado, bien en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

"Pudimos cometer un error, pero prevaricación nunca", afirmó San Ginés, quien recalcó que la incautación de la desaladora a la empresa Club Lanzarote, en septiembre de 2014, se produjo después de haber sido "asesorado" por la Secretaría del Consejo Insular de Aguas, que es la que le "vincula" y sobre la que pone "las manos en el fuego por su honestidad", dijo.

"No estoy siendo investigado por robar, por malversar, ni por corrupción sino por una supuesta prevaricación administrativa", recalcó San Ginés, quien añadió que "está por ver" que vaya a ser juzgado por este caso. También dijo que estaba "convencido" de que, si se llegase a celebrar el juicio oral, se produciría su "absolución", si bien reconoció que "en el peor de los escenarios" una condena "llevaría aparejada una inhabilitación".

"Si tuviese hoy los datos y el asesoramiento que tuve entonces volvería a tomar la misma decisión que tomé entonces", resaltó el presidente del Cabildo. Además de San Ginés, el juez ha decidido que se continúe el procedimiento por el trámite de procedimiento abreviado para el secretario de la Corporación insular, Francisco Perdomo, el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado Ignacio Calatayud.

San Ginés manifestó que estaba "cargado de razones" ante un hipotético juicio por el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja. "Con errores o no, he actuado asesorado en todo momento, por el secretario del Consejo, de quien dan fe 40 años de servicio inmaculado y nunca he tomado ninguna decisión a sabiendas de su injusticia", apostilló.

Para San Ginés, "lo que es irrefutable es que hay una actividad manifiestamente ilícita" en la urbanización de Montaña Roja, en la que la empresa promotora desala y vende agua sin permiso en vigor a establecimientos y residentes, como "ha decretado el máximo órgano administrativo", que es el Gobierno de Canarias.

San Ginés aseguró que la incautación de la desaladora se efectuó tras ser "compelido a actuar" ante una "manifiesta ilegalidad", tanto "por el Gobierno, por el Diputado del Común y por los administradores concursales" de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). El pasado mes de mayo, el Ejecutivo regional decretó la clausura de la desaladora garantizando el abastecimiento a la población. "Queda por dilucidar cómo actuar", dijo.

"Indefensión"

San Ginés hizo hincapié en su intervención en que "el propio juez inicialmente archivó la querella" presentada por la empresa Club Lanzarote tras la incautación de la planta desaladora. Para el presidente del Cabildo se trata de una "prueba de que hay cuanto menos controversia en este asunto". "Mi conciencia y mi ánimo están absolutamente tranquilos y serenos", agregó.

El presidente del Cabildo dijo que tanto su abogado como los del resto de investigados en la causa están "sorprendidos" por el auto del juez Jerónimo Alonso, que calificó de "extraño" porque no cita los requerimientos a intervenir del Gobierno, del Diputado del Común o de los administradores concursales de Inalsa, ni tampoco que la "ilegalidad" de la desalación, abastecimiento y depuración en Montaña Roja "ha quedado acreditada", tanto por el Ejecutivo regional como por un auto judicial que "decretó el cese de vertidos".

En ese sentido, San Ginés aseguró que se había producido una "indefensión" y que por parte del Juzgado tampoco se tuvieron en cuenta ni valoraron 11 pruebas que había solicitado su defensa. De 11 presentadas, el juez aceptó una y rechazó las restantes. Tras un recurso ante la Audiencia Provincial se aceptaron otras nueve pruebas. "Tras años de instrucción y habiendo transcurridos dos días desde que fueron entregadas, de modo exprés se dicta el auto", señaló San Ginés, quien consideró que "persiste la indefensión" y que nuevamente apelarán a la Audiencia "porque no se tuvieron en cuenta las nuevas pruebas".

En su comparecencia, el presidente aseguró que con las medidas adoptadas en la urbanización de Montaña Roja se pretendía defender el "interés general" y a "los vecinos". "En ocasiones, los que operan al margen de la ley, nos llevan a situaciones de este tipo", afirmó en relación a estar inmerso como investigado en un procedimiento judicial.

Más detalles

APOYO. A la rueda de prensa de San Ginés asistieron los consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo, así como cargos relevantes de la formación política, como el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, el de Haría, Marci Acuña, el de Tinajo, Jesús Machín, o el teniente de alcalde de Arrecife, Rafael Juan González.

DIMISIÓN. San Ginés descartó su dimisión y apuntó que el código ético de CC permite adoptar medidas cautelares de suspensión de militancia cuando se haya abierto juicio oral, con acusación de Fiscalía, por delitos que impliquen "obtener provecho económico para terceros" o "para el partido". Dijo que no había incumplido en ningún caso ese código interno.

CONSECUENCIAS. El presidente del Cabildo afirmó que las medidas adoptadas contra Club Lanzarote han "logrado" que los 5.000 vecinos de la urbanización "tengan las mismas tarifas" que los del resto de la Isla, "aunque su cobro sea ilegal", o que "ya no haya vertidos de lodos como antes".

ACUERDO. San Ginés también avanzó que seguirá "trabajando en la posibilidad de un convenio" con Club Lanzarote, lo que dijo que era su "deseo". En caso de no llegar a un acuerdo, para cumplir con la orden de clausura se tendría que declarar la situación de emergencia y hacer obras de enganche a la red general o bien la requisa del agua producida por la desaladora, "previa autorización judicial", lo que "se parece mucho a la incautación".