En marzo de 2023 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió no renovar el servicio de vigilancia y guardapesca que ejercía la empresa catalana Escurçó en la Reserva Marina de La Graciosa y los Islotes del Norte, la más extensa de todas las que hay en España. La empresa había ganado un concurso en 2021 que le permitía ejercer esa vigilancia durante dos años con la posibilidad de prorrogarlo durante otros dos más, pero el Ministerio rescindió el contrato y no ha vuelto a encargar esa vigilancia.

El resultado, según las fuentes consultadas por Diario de Lanzarote, es el aumento de la pesca furtiva en todas sus modalidades, desde la costa, en barco o submarina, además de la facilidad que se da para otro tipo de actividades ilegales. Ni el Ministerio, ni la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, ni la Guardia Civil ni la Delegación del Gobierno han sido capaces de ofrecer datos fiables de infracciones en la Reserva desde el año 2021, pero la sensación entre diferentes trabajadores relacionados con ese entorno de la Reserva es que, ante la falta de control, están aumentando las irregularidades. 

Además de la vigilancia a la empresa Escurçó, el Ministerio encomendó la gestión de la Reserva a la empresa pública Tragsa, que cuenta con dos embarcaciones. Hasta la rescisión del contrato con la primera empresa, los trabajadores de ambas compañías trabajaban juntos. Tragsa aportaba la marinería (patrón, maquinista y marinero) y la otra empresa los guardapescas. Eran tres los vigilantes de seguridad que operaban en esta Reserva.

El cometido de los guardapescas es el de detectar las infracciones, hacer las informaciones oportunas y las propuestas de sanción. Tragsa no está haciendo ese trabajo. Fuentes de la empresa señalan que “en caso de detectarse una infracción de pesca furtiva por el personal de Tragsatec, la instrucción señalada es que se ponga en conocimiento inmediato de diversos cuerpos y fuerzas de seguridad”. No especifica más. Añade que cuando en el marco de un encargo general resulta preciso realizar alguna actuación de esta tipología, “con conocimiento por parte de la administración”, subcontrata a una empresa de seguridad.

Lo que puede hacer el personal de Tragsa, si detecta alguna infracción, es avisar a la Guardia Civil. En la práctica, sin embargo, esta concatenación de hechos no es eficaz ni frecuente. La patrullera de la Guardia Civil suele estar atracada en Corralejo, aunque en ocasiones lo está en Marina Lanzarote. En cualquier caso, es una distancia lo suficientemente larga como para no ser operativa.

Por otra parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, carece de medios suficientes y de personal para hacer estas denuncias y llevarlas a término, además de que no tiene competencias en la Reserva Marina, aunque sí podría denunciar infracciones en la parte de la Reserva que se solapa con el Parque Natural del Archipiélago Chinijo. En ocasiones, se embarcan con la tripulación de Tragsa. El Cabildo también tiene competencias y una embarcación, pero solo cuenta con ocho agentes de Medio Ambiente para toda la Isla, incluido el mar. Los furtivos, en cualquier caso, pueden colocar fácilmente a una persona en lo alto del Risco para avisar de la posible vigilancia.

Recurso

El gerente de la empresa Escurçó, Joan Olivella, en conversación telefónica con Diario de Lanzarote, señala que el problema “se llama Tragsa y Tragsatec”. Olivella dice que su empresa es la más antigua y una de las pocas de seguridad especializadas en vigilancia marina. Llevaban casi 20 años con la vigilancia de la Masía Blanca, en Tarragona y también vigilaron Columbretes, Cabo de Palos y La Palma. Olivella explica que “durante años, la vigilancia en reservas marinas la hacía el personal de Tragsa, pero no era una empresa de seguridad y el Ministerio se dio cuenta de que no podían actuar y sacó un concurso por primera vez”, ya que hasta entonces se encargaba mediante una encomienda de gestión. Según Olivella, en la Reserva de La Graciosa “empezaron a saltar chispas entre la tripulación y los guardacostas”.

“Nos encontramos barbaridades”, señala Olivella. Según su relato, los guardas de su empresa “eran guardas justos y no chanchulleros” y la gente les empezó a “contar cosas para coger a los furtivos”. Señala que sospechaban que había vínculos entre el personal de la empresa Tragsa y algunos pescadores furtivos a los que les avisaban de la vigilancia y que en una ocasión “varios miembros de Tragsa acorralaron” a unos de sus trabajadores.

La empresa Escurçó ha impugnado la rescisión del contrato con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Respecto a este tipo de problemas, Tragsatec, mediante un correo electrónico, dice que ha tenido conocimiento de la existencia de algunos conflictos entre su personal y el de la empresa Escurçó. “Algunos de esos conflictos se sustentaban en una convivencia incomodada por las declaraciones sin justificación, por la generación de dudas sobre la actuación de los trabajadores de Tragsa, así como por algún intento de difamación a Tragsatec y su personal en medios y redes sociales sin fundamento por fuentes próximas a Escurçó”. “En ese contexto es difícil impedir que no puedan aparecer algunos problemas”, añade la empresa, que asegura que su actitud ha sido la de “desde la defensa de su personal, tratar de encontrar un escenario de trabajo no conflictivo, extremando el rigor y la profesionalidad en la ejecución de las actuaciones, y siempre con total transparencia respecto de las administraciones”.

Sobre la posible relación entre trabajadores de la empresa y pescadores furtivos, señala Tragsa que “no se ha acreditado la existencia de dichos vínculos, ni se ha tenido constancia por parte del Grupo Tragsa de ningún indicio que permita pensar que tales vínculos puedan existir”. Afirman que no tienen conocimiento de ningún procedimiento legal abierto en este sentido y que en el ámbito de la Reserva Marina de La Graciosa tampoco tienen conocimiento de ninguna sentencia o resolución firme dictada en un procedimiento judicial o administrativo en que pueda estar implicada ni constan denuncias por acoso ni mobbing. De la misma manera, tampoco ha emprendido acciones legales contra la empresa Escurçó “por entender que se está ante un hecho coyuntural al que no se le debe dar especial relevancia”.

Olivella habla de los prejuicios por la falta de vigilancia. Pone como ejemplo un informe técnico referido a Masía Blanca que podría extrapolarse a La Graciosa, que asegura que “la falta de vigilancia en una reserva marina, permitiendo cualquier tipo de pesca, conlleva la pérdida del efecto reserva, es decir, la pérdida de biodiversidad y de peces de valor comercial. El impacto en el ecosistema dependerá de la intensidad del esfuerzo pesquero durante el período sin vigilancia en la reserva, y de la resiliencia del ecosistema”.

Impugnado

Escurçó ha impugnado la rescisión del contrato ante el Ministerio, que ya ha llegado a un contencioso administrativo. También afirma que interpuso una denuncia en Arrecife por intrusismo y en La Palma por mobbing, además de otra denuncia en Fiscalía y hasta “35 denuncias administrativas”.

Ni Ministerio ni Consejería de Pesca ofrecen datos de infracciones y sanciones en la Reserva Marina

El gerente afirma que el Ministerio tomó la decisión de  rescindir el contrato sin incluir la decisión en el Orden del día del órgano correspondiente, sin declaración de urgencia y en el apartado de ruegos y preguntas. Asegura que se dejó sin efecto el preaviso de prórroga “sin ningún procedimiento administrativo previo de resolución”. También señala que iban a proponer mejoras en la vigilancia: “Habíamos hecho un informe para equipar a La Graciosa son drones de vigilancia de largo alcance porque queríamos y mimábamos a esa reserva, que necesita vigilantes que sean insobornables”. “A nosotros -dice- no nos despidieron por ser malos, sino por ser demasiado buenos”.

El Ministerio, consultado por Diario de Lanzarote, se limita a contestar que “en relación con la vigilancia en la Reserva marina, los procedimientos siguen su curso según la normativa aplicable y los plazos establecidos en ella”. Sin más.

Tragsa, por su parte, señala que su función es la de “prestar servicios relacionados con la operatividad de los medios logísticos desplegados, la coordinación de actividades que desarrollan las administraciones competentes, la información y el asesoramiento sobre la normativa de la reserva a los distintos usuarios, y el apoyo técnico al seguimiento científico de las poblaciones marinas” y reitera que “el personal de Tragsa no realiza función de vigilancia alguna” sino funciones de conservación y de gestión del espacio.