Podemos ha denunciado que el Cabildo de Lanzarote pagó en un año facturas por valor de 1,6 millones de euros “de manera fraudulenta”.

“Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, Pedro San Ginés levantó el reparo puesto por la Intervención del Cabildo a un paquete de facturas que suman un total de 1.595.026 euros y que se tramitaron sin los oportunos expedientes de contratación, y por tanto al margen de la Ley de Contratos de Servicios Públicos”, señala la organización política.

Podemos asegura que “estas facturas corresponden a pagos efectuados a empresas de imagen y sonido, agencias de viajes, farmacéuticas, imprentas, informáticas, seguridad y transportes, saltándose los procedimientos legales para su contratación”.

Además, añade, “estos pagos corresponden a empresas que prestan servicios de demanda de tracto sucesivo, es decir, de pagos previsibles que el Cabildo sabe perfectamente que tendrá que hacer frente a ellos, por lo que la lógica y la legalidad indican que tendrían que acometerse en base al régimen de concursos que estipula la Ley”.

Podemos aclara que el importe de 1,6 millones de euros se ha calculado “sin tener en cuenta los contratos concesionales vinculados a la UTE que gestiona parte del complejo ambiental de Zonzamas y con empresas y asociaciones vinculadas a servicios sociales que igualmente están actualmente fuera del procedimiento de contratación”.

Podemos sostiene que se “favorece las prácticas corruptas, el clientelismo y el favoritismo a la hora de efectuar las contrataciones”

A juicio de Podemos, “esta forma de actuar por parte de Pedro San Ginés desde hace años favorece las prácticas corruptas, el clientelismo y el favoritismo a la hora de efectuar las contrataciones, implica una discriminación hacia el resto de empresas y supone un comportamiento a erradicar dentro de las instituciones públicas”.

“Estamos hablando de un volumen de facturas gigantesco abonadas por la presidencia del Cabildo a pesar de las advertencias transmitidas desde Intervención, y que arroja dudas inquietantes sobre la legalidad de las actuaciones de Pedro San Ginés en materia de contratación”, concluye.