En los jardines hay bolsas de basura que alguien ha preferido dejar ahí en lugar de molestarse a llevarlas hasta el contenedor. En los rincones se acumula la basura que nadie recoge, faltan las puertas de varios portales, las palmeras que siguen en pie están enfermas, hay arquetas sin tapa, un parque infantil sin niños y sin limpiar, auténticas colecciones de colillas en un metro cuadrado, trozos de calle sin asfalto y entradas sin adoquines. “Esto es Los Alonso, ciudad sin ley”, dice Pedro Segura, presidente de la asociación de vecinos ‘Los Alonso de la derecha’.

Nadie se hace cargo de las zonas comunes de estas 150 viviendas de protección oficial que construyó y entregó el Gobierno de Canarias en 1993. El Ayuntamiento de Arrecife no lo hace porque no es su competencia, el Gobierno porque no responde y la Comunidad de vecinos porque ya no existe. El resultado de 24 años de existencia de estas casas es el abandono total. “Cada vez está peor porque no se hace nada”, dice Pedro.

La Comunidad de vecinos pasó por problemas, pleitos y denuncias hasta que cesó. El último intento por reflotarla es del año 2001. La última carta de Pedro Segura a la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, es de mayo de 2013. En ella se expone el recorrido histórico de la urbanización y sus problemas. Casi dos años después se podría enviar la misma carta: porque los problemas no se han arreglado y porque no se obtuvo respuesta.

En la misiva se pedía al Gobierno que tomara medidas para poder constituir en el barrio “un equipo eficaz para afrontar los problemas de la Comunidad dentro de la ley”. Las 150 viviendas de Los Alonso se entregaron en régimen de alquiler. Tienen tres o cuatro habitaciones y entre 70 y 80 metros cuadrados. El Gobierno de Canarias sigue siendo el propietario pero ni los vecinos saben si tienen opción a compra y cuándo se podría ejercer ese derecho.

Pedro Segura dice que hace siete u ocho años hubo una reunión con el Gobierno en la que se expuso que faltaban por pagar “unos tres millones de pesetas para que las casas fueran nuestras, pero no hemos sabido nada más”. Las casas no se pueden vender aunque algunas se han vendido. Otras están vacías, o lo estaban, y han sido ocupadas. En la puerta de una de ellas reza este cartel: “Somos una familia que estamos viviendo aquí. Usted si quiere desalojarnos, traigan una orden del juez”, seguido de los nombres, firmas y dnis de la familia, un matrimonio con una hija menor de edad.

“Si quisiéramos hacer obras de mantenimiento necesitaríamos el permiso del Gobierno”, dice el presidente de la asociación. El caso es que no hay mantenimiento. Por las calles del interior de la urbanización no pasan los barrenderos municipales. El Ayuntamiento no tiene competencias pero recientemente ha podado o talado varias palmeras. Las hojas de palma están por el piso, por todos lados, y muchos ejemplares tienen plagas. “Algunos vecinos no pueden ni abrir la ventana por los mosquitos”.

En el pasado, también hizo obras de reformas en algunos locales que pertenecen a la comunidad e incluso llegó a haber denuncias por ello. Si las cosas no van a peor es porque, de vez en cuando, algunos vecinos se preocupan de limpiar. Al caer la tarde, Esteban riega el jardín que rodea su vivienda, donde incluso ha plantado unas plataneras, con una manguera que nace de su ventana. “Si no lo hago yo, no lo hace nadie”.