El Gobierno de Canarias ha desestimado la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento de agua para Lanzarote y La Graciosa. El Consorcio del Agua había aprobado previamente la revisión de esas tarifas correspondientes al periodo entre 2020 y 2024. La propuesta llegó a la Comisión de Precios de Canarias, que es un órgano colegiado integrado en la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y finalmente el viceconsejero Felipe Afonso El Jaber firmó la orden por la que rechaza la actualización de las tarifas.

Con esta desestimación, ya son dos las ocasiones en que el Gobierno de Canarias ha rechazado la subida: la primera fue la que corresponde al periodo entre 2017 y 2019. En aquella primera ocasión, Canal Gestión acabó llevando el caso a los tribunales. Desde hace dos años hay sentencia firme porque no se admitió el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En esta segunda ocasión se prevé que pase algo muy similar, que se agote la vía de los Juzgados.

Es un camino que ya conoce la empresa madrileña, pero el recorrido no tiene un final diáfano. Aunque aparentemente le dieron la razón, de momento no le ha servido de mucho porque no se han subido las tarifas. El precio del agua, aunque pactó por contrato una subida anual a partir del año 2017, es el mismo que se fijó en el año 2011, dos años antes de que llegara Canal Gestión.

El motivo principal por el que la Comisión de Precios de Canarias, en una sesión celebrada el 8 de octubre pasado, decidió no actualizar las tarifas, fue el superávit que tuvo la empresa en el año 2019. Las tarifas no se se pueden subir si hay superávit  porque el servicio debe ser autofinanciable. Pero añade un motivo, o una explicación más: el alto volumen de pérdidas de agua en la red. 

Según dice la resolución, el volumen de agua no registrada “es el más alto constatado respecto al resto de expedientes tramitados por la Comisión de Precios de Canarias” y supone un incremento de 2,8 puntos porcentuales respecto al valor de 2018 que fue del 52,2  por ciento y de 16,7 puntos porcentuales respecto al dato de 2008 que era de 38,4 por ciento. En 2023, las pérdidas eran del 55,1 por ciento y el resultado consolidado negativo de la empresa de 5,7 millones de euros, que equivale a un 3,5 por ciento del importe neto de la cifra de negocios, que fue de más de 35 millones de euros.

La Comisión hace un cálculo del coste de producción del agua y llega a la conclusión de que “si se redujeran las pérdidas reales sería necesario producir y distribuir menos metros cúbicos de agua que los que se producen y distribuyen, lo cual supondría una reducción proporcional de los costes”, así como que “si se redujeran las pérdidas aparentes se facturaría un volumen mayor de agua, lo cual supondría un incremento en los ingresos”, dice en su resolución. Es decir, que si Canal Gestión controlara las pérdidas tendría suficientes beneficios como para que no le hiciera falta subir el precio del agua. 

Y se coloca en un escenario probable. Si se redujeran las pérdidas al 46,5 por ciento, es decir, 8,5 puntos porcentuales menos, sería necesario producir 24,7 millones de  metros cúbicos (4,7 millones menos de los que se producen actualmente), lo cual supondría una reducción de 3,6 millones de euros en los costes, “consiguiendo equilibrar así el déficit”. “Todas las reducciones en el porcentaje de agua no registrada por encima de ese 46,5 por ciento redundarían en un superávit para el servicio”.

Si se redujeran las pérdidas al 34,1 por ciento sería necesario producir 20 millones de metros cúbicos de agua desalada, lo que supondría una reducción de 7,2 millones de euros en los costes, “consiguiendo equilibrar el servicio con las tarifas en vigor, no siendo necesario ningún incremento en las mismas”. La Comisión menciona el dato de que, según el Instituto Nacional de Estadística, el volumen de agua no registrada en España supone un 25,1 por ciento del agua suministrada a la red, y que si se redujeran las pérdidas en Canal Gestión hasta esa media nacional se produciría un superávit de 9,1 millones de euros.

Mecanismos

Por eso recomienda “instalar los mecanismos necesarios para la correcta localización y cuantificación de las pérdidas en la red de abastecimiento de agua, tanto en Alta, es decir, las mermas entre el volumen propio y comprado y el volumen que entra en los depósitos municipales, como en Baja, es decir, las diferencias entre el volumen de agua que entra y sale de dichos depósitos, así como las pérdidas ocasionadas hasta el punto de suministro”. 

Y también recomienda, “en aras de evitar el déficit económico”, la puesta en marcha de acciones tendentes a promover una gestión que evite las pérdidas en la red y el agua no facturada, así como la implementación de tarifas de consumo progresivas y una mejor racionalización de los recursos disponibles”.

Acaba señalando “la ineficiente gestión llevada a cabo que implica que cada año se obtengan mayores porcentajes de volúmenes de agua no registrada”, y por tanto “el consiguiente perjuicio que supondría para el ciudadano el hecho de aprobar la modificación de tarifas solicitadas” entre 2019 y 2024.

Sentencia

La Comisión de Precios ya desestimó antes la subida propuesta para los años 2017 a 2019 y lo hizo en un incidente de ejecución de sentencia. Canal pretende hacer valer la cláusula quinta del contrato firmado con el Consorcio en 2013 dice que “el precio de este contrato será objeto de revisión en el cuarto año de concesión. La fórmula de revisión de precios será: IPC (Índice de Precios al Consumo) más uno por ciento”.

Desde la firma del contrato no se ha subido el agua, pero Canal Gestión llevó el asunto a los tribunales y la sentencia le da la razón en cuanto al cómputo de la subida, que debe hacerse en función de las tarifas y no de los costes con la fórmula pactada. La sentencia, sin embargo, no fija una cantidad concreta, sino que aclara que para poder reclamar una cantidad “líquida, vencida y exigible”, el Consorcio está obligado a elevar una propuesta a la Comisión de precios de Canarias como forma de ejecutar esa sentencia.

Un auto del Juzgado de lo contencioso administrativo que dictó la sentencia en el proceso de ejecución dice que se “exige que la Administración apruebe unas tarifas y que estas sean sometidas a la Comisión de Precios de Canarias, para que exista una cantidad líquida, vencida y exigible”. Eso es lo que hizo el Consorcio, y la Comisión de Precios ha rechazado la modificación de las tarifas, por lo que el Cabildo de Lanzarote considera que la sentencia ya está ejecutada. No obstante, el proceso de ejecución no está cerrado.

Alegaciones

En sus alegaciones contra la decisión de la Viceconsejería, Canal argumenta varias cuestiones que acabará alegando también ante el Juzgado y que, de momento, el Gobierno no le ha admitido. En primer lugar, alega indefensión en la tramitación del procedimiento. También considera que la subida se trata de un acto debido, obligado por la sentencia. En cuanto a las pérdidas en red, señala que ya estaban en un porcentaje similar antes de su llegada: que en 2011 se situaban en el 54 por ciento y bajaron en 2018 al 52 por ciento.

Con las pérdidas de agua en el 34,1% no sería necesario subir la factura

Dice Canal que la resolución vulnera las competencias de las comunidades autónomas y las de las comisiones de precios porque no pueden imponer un modelo tarifario distinto al propuesto ni enjuiciar las tarifas como un elemento de gestión del servicio público. Señalan que los argumentos son arbitrarios porque el volumen de agua facturada no puede determinar la revisión de tarifas porque, entre otras cosas, no se ha acreditado que el Consorcio haya hecho requerimientos a la empresa para controlar ese volumen de agua ni que se le hayan impuesto penalidades por ese concepto o se haya cuestionado que la concesionaria no hizo las inversiones comprometidas en el contrato.

Destacan que los tipos de tarifas (industrial y doméstica) que actualmente se abonan se establecieron en 1984, mientras que las tarifas son las mismas desde 2011, y que si no se suben, eso también influiría en el hecho de asumir el aumento de los costes del saneamiento, lo que podría complicar el equilibrio económico de la concesión.

Gobierno

La respuesta a las alegaciones por parte del Gobierno de Canarias comienza señalando que el alto volumen de fugas sí que es de la competencia de la empresa, o su responsabilidad, porque debe existir un Plan de mejora del balance hidráulico en el que se incluya un plan de control permanente de fugas, y que es responsabilidad del concesionario la “búsqueda, localización y reparación de roturas y fugas”. Le recuerda a la empresa que no habría cumplido con los términos del mantenimiento del servicio que fija el contrato y señala que en 2019 se habían invertido tres millones de euros menos de los previstos inicialmente para este cometido.

Canal habría invertido tres millones menos de lo pactado en mantenimiento

La resolución del viceconsejero dice que el volumen de agua no registrada durante tantos años resulta “del todo incomprensible” y responde que sí tiene competencias en esta intervención porque la potestad de ordenación y control de la economía se superpone a la potestad tarifaria y las corporaciones locales deben respetar las políticas de precios señaladas por el Gobierno. Recuerda que el Tribunal Supremo ha dictado reiteradamente que se pueden limitar las subidas de las tarifas en función del interés público. 

¿Qué puede ocurrir ahora? Canal va a seguir por la vía judicial. Con el primer pleito entendía que “hasta que no perciba la remuneración pactada, no podrá entenderse como ejecutada la sentencia en sus propios términos”. La subida entra en una rueda sin fin, porque la Justicia reconoce el derecho a la subida pactada, pero ese incremento lo debe determinar la Comisión de Precios de Canarias, que lo rechaza.

Otro escenario

Puede ocurrir otro escenario: que se reconozca la deuda entre el Consorcio y Canal aunque no a través de la subida de las tarifas. Según los cálculos de Canal, la subida para 2017 debía haber sido del 2,3 por ciento, en 2018 del 2,1; en 2019 del 2,4: en 2020 del 1,4; en 2021 del 0,9 y en 2022 del 6,8 por ciento.

En las cuentas de Canal Gestión Lanzarote de 2022 se refleja una deuda de más de 12 millones a pagar por el Consorcio a la empresa por esa sentencia firme sobre las tarifas, a los que habrá que sumar los intereses. De hecho, el anterior grupo de gobierno, del PSOE, no llevó a la Comisión de precios la actualización de las tarifas, pero en 2022 pagó 1,5 millones de euros a Canal Gestión en concepto de “entrega a cuenta del incremento de tarifas reclamado”. El nuevo grupo de gobierno ha anunciado que va a reclamar ahora esa cantidad.

Si los Juzgados consideraran que hasta que no se pague la sentencia no está ejecutada y optaran por reconocer la deuda con la empresa madrileña, los abonados no pagarían de forma directa, pero sí de forma indirecta ya que se abonaría o bien con un crédito o bien con fondos de los beneficios que obtiene ahora Inalsa por la explotación de los parques eólicos. Si el Consorcio asume así la deuda, hace frente a la subida de todos los abonados: de los que pagan mucho y de los que pagan poco, del agua doméstica y del agua industrial.