Wigberto del Carmelo Ramos Lleó, en representación de las tres empresas promotoras de la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, exigió al Gobierno de Canarias que se aceptase su propuesta de convenio, sobre la que ha habido discrepancias.

En concreto, presentó alegaciones porque decía que la superficie de la futura urbanización no coincidía “con la realidad topográfica y registral”, y que se veía afectado por un sistema general viario “que no existe en la realidad ni en la propuesta” de convenio.

También reclamó que no se identificase al sector de suelo como Costa Roja sino que se denominase Playa Blanca, como accedió el Gobierno, y recalcó que se debía prever una parcela de uso turístico para un hotel de 500 plazas, lo que se refleja en el convenio considerado de “interés público” por el Ejecutivo regional.

En sus alegaciones, advirtió de que en el caso de que no se aceptara la propuesta de convenio urbanístico se debía “clasificar el suelo como urbano por reunir los requisitos legales para esta clasificación, y haberse concedido licencias urbanísticas en el año 2006 y 2007”.  

“Y si así no fuera”, continuó, “se deberá consignar en el estudio económico financiero las indemnizaciones que correspondan”. Se da la circunstancia de que la Justicia ha declarado ilegales y anuladas las licencias a las que hace referencia, que otorgó el ex alcalde José Francisco Reyes para la construcción de más de 1.000 viviendas.

El equipo redactor del Plan General subraya que “la consideración como suelo urbanizable” de Costa Roja “responde a una estructura territorial lógica”. Entiende que se eliminarían “vacíos” sin construir “entre suelos ya transformados o en avanzado estado de transformación”.

“La posición del suelo en cuestión dentro del conjunto de la ordenación” de Playa Blanca “y la ausencia de valores en esos terrenos que puedan excluir su transformación, así como el hecho de que fuesen suelos de reserva urbana en el planeamiento vigente, justifican la coherencia de la ordenación propuesta”.

“Consolidar la impunidad”

La Fundación César Manrique (FCM) se opuso en sus alegaciones al Plan General al convenio urbanístico de Costa Roja por entender que indirectamente se está clasificando un nuevo suelo turístico, incumpliendo la Ley de Medidas Urgentes.

Además, la Fundación consideró que “se vulnera la legalidad y se cambia un criterio plasmado en el planeamiento municipal vigente, de 1973, luego recogido por el Plan Insular” de 1991, en vigor.

En la misma línea, la FCM recalcó que “resulta inexplicable que se pretenda desarrollar un plan parcial completo que, por otro lado, de facto vendría ya a consolidar la impunidad, habida cuenta de que sobre estos terrenos pesan dos causas penales en tramitación”, en alusión a una querella por las licencias urbanísticas y al caso Unión.

“Inaceptable por injustificada”

La asociación Transparencia Urbanística indicó en sus alegaciones que la calificación de los terrenos de Costa Roja “no responde ni puede justificarse por necesidades objetivas de crecimiento” de la localidad de Playa Blanca.

“Es inaceptable por injustificada y porque la clasificación y categorización pretendida incide sobre una situación jurídica extremadamente delicada que pende de un proceso contencioso administrativo”, en referencia al pleito interpuesto por el Cabildo contra las licencias, que ganó el año pasado en primera instancia.

La respuesta del Gobierno

En cambio, para el equipo redactor del Plan General, que depende del Gobierno de Canarias, “la pendencia de procesos judiciales no impide el ejercicio de la potestad de planeamiento siempre que el ejercicio de dicha potestad no tenga por objeto evitar pronunciamientos judiciales, lo que en modo alguno se deriva del Plan General”, asegura.