Este martes se reanudaron las sesiones del primer juicio del caso Unión, relacionado con el supuesto pago a Francisco Rodríguez Batllori desde el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública a Inalsa de facturas supuestamente falsas, por trabajos no realizados.

Un agente de la UCO de la Guardia Civil ha ratificado ante la Audiencia de Las Palmas el informe en el que concluye que el acusado trabajaba para Dimas Martín, fundador del PIL, y no para el Ayuntamiento de Arrecife.

El agente manifestó que en la investigación se concluyó que Batllori prestaba servicios de carácter personal al líder y fundador del PIL, que entonces cumplía en la cárcel de Tahíche la condena del complejo Agroindustrial.

Esos servicios, según las acusaciones que ejercen el fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, y el Ayuntamiento, eran pagados por la Corporación municipal y por Inalsa, de donde cobró 40.000 euros entre 2008 y 2009.

El agente de la Guardia Civil ha explicado que, tras analizar cartas halladas en la celda de Dimas Martín, documentación y conversaciones telefónicas intervenidas, documentos aportados por Batllori, y por la investigación efectuada al político lanzaroteño y a personas de su entorno, se comprobó que los trabajos del ex viceconsejero de Justicia y también exconsejero de Empleo regional fueron por encargo del líder del PIL.

Tres de esas conversaciones telefónicas mantenidas por Dimas Martín y Batllori fueron reproducidas ante el tribunal y en una de ellas abordan las gestiones que el ex viceconsejero de Justicia debía llevar a cabo en los tribunales para que el político pudiera obtener el tercer grado.

En otra conversación analizan la posibilidad de concertar una comida y una entrevista con el periodista Francisco Chavanel. En un momento de la charla, Batllori presume de mantener "una buena relación" con el juez que debía decidir sobre el régimen de Martín en la prisión.

Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

“No se adoptaba ningún acuerdo”

Ocho testigos propuestos por la defensa admitieron este martes haberse reunido al menos en una ocasión con Batllori entre los años 2008 y 2009 para abordar temas relacionados con la administración local y la empresa de aguas, según informa Canarias Ahora.

Del resultado de esas gestiones y del conocimiento que tenía el grupo de gobierno sobre las mismas no existen, sin embargo, las mismas certezas, según se desprende de las respuestas de los testigos a las preguntas realizadas por el fiscal.

Varios testigos no se cuestionaron la relación laboral de Batllori con el Ayuntamiento, por lo que el fiscal comparó la actuación del acusado con la del "pequeño Nicolás".

El primero en prestar declaración en la sesión de este martes ha sido Javier Sánchez-Simón, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el periodo investigado (2008-2009). El actual candidato de UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recordado que mantuvo varias reuniones informales con Batllori para tratar de impulsar la construcción del edificio que albergaría el Punto de Inspección Fronteriza.

Sánchez-Simón ha afirmado que en este encuentro todos los asistentes tuvieron una participación activa, sin exclusión. El testigo dijo desconocer la relación que pudiera existir entre Batllori y el alcalde, Enrique Pérez Parrilla, y admitió que no comprobó si era cierto que el abogado actuaba en calidad de asesor del Ayuntamiento y que se fio de él porque venía acompañado de la senadora María Dolores Luzardo y del presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. "Tampoco me preocupaba, porque no se adoptaba ningún acuerdo, solo me servía para pulsar la opinión de las instituciones que representaban", apuntó.

Batllori también mantuvo en febrero de 2009 una reunión con Domingo Berriel, consejero de la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Emilio Jesús Atienza, director general de Calidad Ambiental de este departamento. Sobre la mesa, dos asuntos: el Plan General de Arrecife, paralizado en ese momento, y la orden de cierre de la escombrera de Argana Alta.

"Fue a asesorarse. Quería saber cuál era la mejor estrategia para el Plan General, si seguir con el que se estaba elaborando o empezar uno nuevo", manifestó Berriel, que añadió que en esta cita "no se trataron aspectos técnicos del plan", sino, simplemente, "una cuestión de oportunidad".

“No comprobaba en calidad de qué venía”

"Me fie de su palabra, no comprobaba en calidad de qué venía, no pedí acreditación ni poderes. Batllori no era un desconocido y no vi necesario acreditarlo", señaló Berriel, que insistió en que el objetivo del abogado era simplemente asesorarse. Fue por ello por lo que también estuvo presente en el encuentro Emilio Jesús Atienza, que expuso que acudió a la cita porque fue llamado por el consejero. "No sé por qué el Ayuntamiento se preocupaba por estos temas –en referencia a la escombrera de Argana Alta- porque es competencia del Cabildo, supongo que quería saber qué pasaba porque estaba en terreno municipal", apostilló.

Otro de los testigos que reconoció haberse reunido con Batllori fue el juez Juan José Cobo Plana, que en aquellas fechas ejercía como letrado especialista en derecho concursal. En ese momento, el pacto PSOE-PIL en el Cabildo de Lanzarote no se ponía de acuerdo en cómo solucionar los problemas por los que estaba atravesando la empresa Inalsa. El PSOE quería solicitar concurso voluntario de acreedores y el PIL tenía dudas.

Cobo Plana mantuvo un encuentro en su despacho con Batllori y Dimas Martín para convencerles de que, a pesar de las reticencias del fundador del PIL, que temía que la suspensión de pagos en Inalsa pasara factura a su partido en las elecciones de 2011, el concurso voluntario era la mejor opción. "Dimas confiaba en lo que le decía Batllori, que asentía a lo que yo le transmitía", señaló el actual juez, que agregó que esa cita "acabó por convencer" al PIL para adoptar la decisión.

Reuniones sobre cuestiones laborales

También declararon este martes María Inmaculada Acosta, ex directora general de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias, por unos cursos que solicitó Batllori sobre atención a personas dependientes y que finalmente no se concretaron; el arquitecto José Bernández Montero, a quien los dos principales imputados le ofrecieron integrarse en el equipo redactor del Plan General: María Rosario Mendoza Rosales, jefa de servicio de la Dirección General de Trabajo, a quien el abogado realizó una consulta sobre la modificación del convenio colectivo de Inalsa, y Juan de Dios Fernández, jefe de Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, también por una consulta sobre un tema laboral de la empresa de aguas.

Por su parte, Juan Carlos Betancort García, secretario general de FEMEPA, declaró que su asociación, la patronal del metal, impartió cuatro cursos a una veintena de trabajadores de Inalsa después de una reunión que mantuvo con Batllori en la que este le planteó las jornadas de formación como alternativa al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que el convenio colectivo "era muy rígido" e impedía a los empleados "realizar más de una función".

Los dos principales imputados en este juicio, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad.