El martes de la próxima semana se juzgará a la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, por un posible delito de falsedad en documento oficial. La fiscal Ramona Muñoz pide una pena de cuatro años de prisión por este delito y la acusación particular, que ejerce el denunciante del caso, el agente Padial, la eleva a seis años.

En su escrito de defensa, la sargento considera, en primer lugar, que los hechos que se relatan en el escrito de acusación de Fiscalía no son constitutivos de delito y por tanto no hay autoría.

Alega que se vulnera su derecho a un proceso con todas las garantías porque pidió la reapertura del proceso que se seguía en otro Juzgado de Arrecife contra el agente Miguel Ángel Padial y que se tuvieran en cuenta las pruebas practicadas en ese sumario, y no se ha llevado a cabo.

La reapertura se basa en lo que manifestó un voluntario de Alegranza, Juan Jesús Moreno Rajel, que informó a la sargento sobre posibles chivatazos ya que el agente Padial, su subordinado, podría estar pasando información a los cazadores furtivos de pardelas, que justificaría a su vez el hecho de que entre los años 2008 y 2015, no se hubiera realizado ninguna intervención en esa isla.

La defensa considera que hay una contradicción entre lo que informó a la sargento y lo que declaró en sede judicial, ya que se desdijo. La defensa de la sargento pidió la suspensión de este procedimiento hasta que se resolviera la reapertura, tras aportar una grabación en la que el propietario de Alegranza señala también a Padial como enlace con los cazadores furtivos.

Moreno pidió que esa prueba se incorporara a la causa pero el Juzgado no acordó esa medida aunque tampoco la denegó. Ambos Juzgados consideran que debe ser el otro quien investigue esa grabación.

“La conclusión es que ningún órgano judicial quiere realizar la investigación, no porque entiendan que no procede, sino porque ninguno se declara competente para ello”, señala la defensa, que añade que la prueba es relevante y que “su conocimiento es esencial para la correcta resolución de este proceso”.

También considera que el auto de apertura de juicio oral es nulo por permitir que Padial ejerza la acusación particular porque entiende que no es ofendido ni perjudicado por los delitos que relata en su escrito de conclusiones 

En cuanto a los hechos que se describen en las conclusiones provisionales de la Fiscalía, cree que Moreno lo que hizo fue comunicar a un superior, como es su obligación, “en el ejercicio de su cargo y en cumplimiento del deber que le impone las leyes y la Constitución Española”, que este testigo le había manifestado que Padial supuestamente había informado a Juan Carlos González Berriel e1 13 de septiembre de 2013 de que una de las patrullas del Seprona se iba a dirigir al islote de Alegranza.

La sargento asegura que recibió esta información algunos días después de la intervención que ella dirigió el 8 de septiembre de 2015 en la isla de Alegranza y que tuvo una gran repercusión mediática.  En esa intervención fue sorprendido el propio González Berriel junto a otras 18 personas.

En el escrito de defensa se destaca que “consta acreditado, según informe del Teniente Jefe de la Sección del Seprona de la Comandancia de Las Palmas que entre los años 2008 al 2015 no se habían instruido denuncias administrativas, ni diligencias policiales por caza ilegal de pardelas en la Isla de Alegranza” a pesar de que era “un hecho público y notorio en la sociedad lanzaroteña”, ya que las asociaciones protectoras de animales y las ONG de protección de la naturaleza tenían conocimiento sobre la caza furtiva e impune de la pardela cenicienta en el islote.

Moreno denunció el chivatazo a sus superiores, se inició un procedimiento contra Padial y el Juzgado archivó el caso “sin practicar diligencia de investigación alguna”, señala su defensa. Sobre este procedimiento, está pendiente de resolverse la petición de reapertura. Tras el archivo provisional, fue Padial quien denunció a Moreno.