La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL)  ha instado este martes al Gobierno de Canarias a reducir la presión fiscal  "para favorecer la contratación laboral en unos momentos en los que la recaudación del IGIC está consiguiendo records históricos, con más de 1.300 millones de euros el año pasado, que supera con creces los registros anteriores a la crisis".

El presidente de la CEL, Juan de León, considera que "las circunstancias de la crisis que justificaron la subida del 5 al 7 por ciento del IGIC ya han desaparecido”. “Los récords de recaudación, muy por encima de los registrados ante la crisis, demuestran que ya son injustificables”, señala.

El presidente de la patronal lanzaroteña resalta que “esas cifras, esos más de 1.320 millones de euros”, implican “un nuevo techo recaudatorio por segundo año consecutivo y agrandan las diferencias respecto de los años de bonanza”. “En aquellos últimos años de prosperidad, la suma obtenida vía IGIC por el Ejecutivo de las Islas no llegó a 1.200 millones en ningún caso”, asegura.

Entre 1999 y 2004, la recaudación líquida por el Impuesto General Indirecto Canario siempre fue inferior a 1.000 millones de euros, mientras que entre 2005 y 2007, antes del estallido de la crisis inmobiliaria, lo cobrado a los contribuyentes del Archipiélago por el IGIC sobrepasaría por vez primera el citado límite.

“En 2012, no sin polémica, el Gobierno que aún entonces presidía Paulino Rivero sacaba adelante una subida del tipo general del impuesto, que en julio de ese año pasó de ser de un 5 a ser de un 7 por ciento”, recuerda la patronal lanzaroteña.

El presidente de la CEL destaca que en Lanzarote, hace cuatro años, "muchos empresarios  asumieron la subida impositiva para no tener que aumentar el precio final de sus ofertas con la consiguiente reducción de beneficios".

A su juicio, una reducción del IGIC en el nuevo marco actual, "con unos datos turísticos positivos, facilitaría disponer de mayor margen para activar nuevas inversiones  y contrataciones, a la vez que la recaudación del Gobierno sería alta".

El presidente de la CEL cree que "las circunstancias de la crisis que justificaron la subida del 5 al 7 por ciento del IGIC ya han desaparecido"

De León entiende que “perpetuar medidas que se anuncian como transitorias en momentos de crisis es aumentar la desconfianza del empresariado en el sector público y ahondar en políticas contrarias a las necesarias para incentivar la inversión y la contratación de empleo".

Además, el presidente de la CEL entiende que "esas cantidades de dinero recaudadas de más por el incremento del dos por ciento y que no se explican en qué se están invirtiendo resta también inversiones en las islas porque el Gobierno canario se queda con todo lo recaudado de este porcentaje y no se aplica el reparto entre Cabildos y Ayuntamientos que recoge la ley”.

“Esa situación sólo puede darse en un caso de enorme excepcionalidad y de forma temporal y no puede eternizarse, por lo que debe revertirse de forma inmediata para darle prioridad a la inversión y el empleo”, concluye.