La defensa del dimitido alcalde de Arrecife, José Montelongo, pide al Juzgado en su recurso contra el auto que dio por concluida la investigación de Montecarlo, que se identifique al denunciante del caso, en el que al político socialista se le atribuyen delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración y se le acaba de imponer una fianza de 1,9 millones de euros.

A instancias de la representación de Montelongo en el procedimiento, el Juzgado pidió a la Fiscalía que informara sobre la identidad del denunciante. El Ministerio Fiscal respondió el pasado 19 de abril que la investigación se inició “como consecuencia de un escrito-denuncia anónimo”.

La defensa de Montelongo no se da por satisfecha con esta contestación y reitera en el recurso interpuesto contra la transformación de la causa en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, que la Fiscalía explicite quién fue el funcionario que “recogió” la denuncia. En última instancia, lo que pretende la defensa es lograr “datos” para llegar a identificar “a la persona denunciante”.

En el recurso, el letrado de Montelongo arremete contra la Fiscalía, a la que acusa de sostener una “empecinada y obsesiva teoría conspirativa” sobre la implicación del dimitido alcalde en el reconocimiento y pago de facturas sobre las que recaen sospechas de estar ‘infladas’ o de no responder a servicios prestados al Ayuntamiento.

En ese sentido, la defensa de Montelongo sostiene que ni como “hipótesis” se puede sostener, como hace el juez Ricardo Fiestras en su auto de conclusión de la investigación de Montecarlo, que el entonces concejal de Hacienda indujera a los concejales a aprobar facturas que no se tendrían que haber abonado por el Consistorio.

Pide que declaren los concejales en 2011 y 2012 y dice que “si ellos no deben ser imputados” él tampoco

Así, Montelongo defiende que su participación en los plenos de noviembre de 2011 y mayo de 2012, a los que se llevaron facturas investigadas a empresas como Inelcon o Señalcon, fue “idéntica” a la del resto de concejales de la Corporación y que las órdenes de pago que dictó como edil de Hacienda eran “actos debidos”, a los que según su versión estaba obligado.

Pr ello, Montelongo pide que declaren como testigos los concejales que formaban parte de la Corporación municipal a finales de 2011 y comienzos de 2012. En su recurso, sostiene que “si ellos no deben ser imputados” tampoco él y argumenta en su defensa que la oposición ha recurrido los acuerdos de pago de facturas que se han cuestionado en el caso Montecarlo.

“Prematuro cierre” de la instrucción

La defensa de Montelongo también aprovecha su recurso para “denunciar el prematuro y precipitado de la instrucción”, que se inició en 2012 y que el pasado 22 de marzo se declaró “compleja”, dando el Juzgado un plazo de 18 meses para finalizarla. Considera que “se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías”, así como una “manifiesta indefensión”.

También insiste en que las facturas eran anteriores a su entrada en la Concejalía de Hacienda, que no llevaban su firma, y señala al departamento de Tesorería, que dictó “informe favorable” para el pago de facturas en noviembre de 2011 y al departamento de Intervención para reconocer facturas en un pleno de mayo de 2012 y acogerse a un préstamo del Instituto de Crédito Oficial.