El Ayuntamiento de Arrecife abonó a las empresas Inelcon y Señalcon un “sobreprecio” de más de 407.000 euros “simplemente” por incluir “indebidamente”, en las facturas presentadas entre abril de 2008 y junio de 2011, un 16 por ciento de beneficio industrial y un seis por ciento de gastos generales cuando no correspondían estos conceptos al no tratarse de obras.

Así lo destaca el juez Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, en uno de los autos en los que da por concluida la instrucción de las tres piezas que faltaban del caso Montecarlo, que pasan ahora a la fase previa a la apertura del juicio oral, en el que la Fiscalía presentará sus escritos de acusación.

El juez considera que hay indicios para sostener que a las citadas empresas se les concedieron “directamente” contratos por el Ayuntamiento que dieron lugar a 124 facturas por importe de más de 2,2 millones en apenas dos años, entre enero de 2009 y enero de 2011, “en detrimento del resto de empresas que podían realizar el mismo servicio”.

Se da la circunstancia, añade el juez, de que Inelcon “no era apta para determinadas actividades facturadas” hasta 2011, cuando amplió su objeto social. Así, se le abonaron desde 2008 hasta 2012 tanto reformas e instalaciones eléctricas como fiestas de Carnaval, Navidad, reparaciones de semáforos “o ferias y mercadillos sin ningún control alguno”.

El juez también destaca el “constante fraccionamiento de la facturación de los servicios” al margen “de toda la normativa que exigía una licitación pública” y considera que los investigados “contribuyeron de forma decisiva e imprescindible con sus firmas” al abono a Inelcon y Señalcon “de un mínimo de 400.000 euros indebidamente por parte del Ayuntamiento”.

El juez Fiestras hace hincapié en que se eludió “de forma clara y consciente la prelación de pagos” exigida por la legislación, “a pesar de que lo había advertido por escrito el tesorero municipal Antonio Cabrera Panasco”, sobre el que el juez dictó el archivo de la causa.

Además, destaca la utilización de los reconocimientos extrajudiciales de crédito por parte de “los investigados Montelongo y Sáenz”, en referencia al entonces edil de Hacienda y hoy alcalde, José Montelongo, y el interventor Carlos Sáenz, “para ocultar más fácilmente las irregularidades cometidas”.

El juez Fiestras hace hincapié en que se eludió “de forma clara y consciente la prelación de pagos” a pesar la advertencia del tesorero Cabrera Panasco

El juez también considera que hay indicios de irregularidades en la facturación de la empresa Tunera con el Ayuntamiento de Arrecife, “infringiendo” el Consistorio la normativa de contratación, según se resalta en el auto del titular del Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife.

En el auto, también señala al interventor del Ayuntamiento capitalino y a Montelongo como responsables de que se abonasen facturas a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, y alude a la advertencia del tesorero municipal sobre la prelación de pagos exigida por la legislación. De igual modo, señala que se abonaron organización de eventos, conciertos o festivales “sin control alguno en su legalidad”.

En ese sentido, el juez del caso Montecarlo cuestiona de forma directa el abono de 93.000 euros a través de tres facturas por un proyecto de acciones y programación en los centros socioculturales de Arrecife que no considera que se prestase y, en términos generales, que el Ayuntamiento hubiera “favorecido” a la empresa con contrataciones que suman 3,3 millones entre 2009 y 2012.