La Cámara de Comercio de Lanzarote ha recurrido ante la Junta Electoral Provincial el acuerdo por el que se suspendió su campaña sobre Arrecife, que incluía seis reuniones con empresarios y autónomos de los diferentes barrios de la capital lanzaroteña.

La Junta Electoral de Lanzarote, tras la denuncia interpuesta por el PSOE, tomó la decisión el pasado martes de suspender la campaña. En su recurso ante la Junta Provincial, la Cámara de Comercio, pide que se declare "la nulidad" de ese acuerdo.

Además, el ente cameral solicita que, en el caso de que se considere continuar con la tramitación de un expediente por supuesta infracción electoral, para "garantizar la absoluta imparcialidad durante su tramitación" se acuerde designar a otro instructor y que no sea el abogado Octavio Topham.

En su recurso, la Cámara de Comercio señala que Topham es "miembro de la Junta" Electoral de Lanzarote "a propuesta del PSOE, organización denunciante" de la iniciativa de las organizaciones empresariales, "además de ser abogado de miembros de dicha organización" política y de "alguno de sus integrantes".

La Cámara de Comercio señala en su recurso que el PSOE hizo en su denuncia "afirmaciones que cuanto menos tergiversan la realidad de las acciones desarrolladas" por el ente cameral, como se ha hecho "una intensa campaña publicitaria contra el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife", con el "objetivo de atacar al actual gobierno" del PSOE en la capital, "atacando abiertamente a la opción política que gobierna el municipio".

Por el contrario, según la Cámara, "las acciones de difusión" de la campaña sobre Arrecife, "en ningún caso respaldan las afirmaciones realizadas" por el PSOE en su denuncia, y añade que "no es ese el objetivo". "En ningún medio o formato se ha atacado directamente" o se ha "solicitado el apoyo, contra o hacia ninguna fuerza política o persona en concreto", apostilla la Cámara en su recurso.

"Las imágenes y expresiones realizadas en la difusión corresponden a una realidad existente, palpable, conocida por toda la ciudadanía, y que ha sido criticada por multitud de colectivos y particulares, entre los que se encuentra esta Cámara de Comercio, desde mucho antes de la convocatoria de elecciones", subraya el organismo empresarial. "Desconocemos el motivo por el que el PSOE asume en exclusiva la responsabilidad por el lamentable estado de la ciudad, y desde luego nos sorprende", agrega.

En ese sentido, la Cámara destaca que "tanto el material de difusión como el contenido de las reuniones" de la campaña sobre Arrecife "se centra en expresar lo que deseamos para la ciudad y poner de manifiesto los graves problemas existentes". "Todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, son corresponsables de la situación actual, y todos son responsables de revertir la situación para el futuro", resume el organismo empresarial.

"Acto de censura"

En su recurso, la Cámara de Comercio considera que la resolución de la Junta Electoral de Lanzarote a raíz de la denuncia del PSOE supone "un acto de censura previo" que "limita" derechos constitucionales como el de expresión y el de reunión.

En su opinión, se ha "presumido una supuesta orientación del voto" en esas reuniones previstas con empresarios y autónomos, que ni siquiera se llegaron a producir, además de considerar que el material de la convocatoria para las mismas era "totalmente informativo y aséptico".

Además, la Cámara de Comercio entiende que se la ha aplicado la Ley orgánica de régimen electoral sobre las campañas políticas a una iniciativa que, sostiene, no tenía ese cariz. "No toda actividad realizada desde la convocatoria de elecciones puede ser considerada campaña electoral".

Fondos "privados"

Por otra parte, la Cámara sale al paso en su recurso de la acusación de utilizar fondos públicos para sufragar la citada campaña. En la denuncia del PSOE se alude a un supuesto "ilícito penal". El organismo empresarial añade que no se han utilizado fondos públicos sino privados de la Cámara, obtenidos de su actividad y prestación de servicios, y defiende que se pueden destinar a acciones que "los órganos de gobierno de la institución consideren".