El sector deportivo de la pesca submarina lleva varias legislaturas exigiendo la ampliación de las zonas del litoral en las que se permita la práctica de esta actividad. Sus representantes han mantenido encuentros con responsables gubernamentales, de anteriores gobiernos y del actual, para que se recogiera esta demanda en la nueva ley de pesca. Eran conversaciones que parecían tendentes a aceptar la propuesta. Sin embargo, justo cuando ya contaban con los estudios que avalaban su petición, se han topado con una proposición no de ley (PNL) del grupo parlamentario nacionalista canario en contra de la ampliación de las áreas habilitadas argumentando que el sector pesquero profesional “ha mostrado su firme oposición” y el posible impacto que supondría sobre los recursos marinos.

Una proposición no de ley que ha cogido por sorpresa a la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables (Acpesur). Los aficionados, 6.000 federados en toda Canarias, aseguran sentirse “engañados” por el Gobierno autonómico, dado que mientras se daban a conocer al presidente Fernando Clavijo y al consejero de Agricultura y Pesca, Narvay Quintero, los estudios realizados por diferentes instituciones en Canarias, en los que “todos” concluyen que “la zonificación de pesca submarina no tiene justificación”, el grupo parlamentario nacionalista canario preparaba esta propuesta para oponerse a las demandas del colectivo.

Sorprendidos están también los aficionados al comprobar que una de las justificaciones de la PNL es que la solicitud para la ampliación de las zonas de pesca submarina “esté respaldada por análisis científicos a largo plazo, ante la ausencia de datos fiables”. Ante lo que Acpesur vuelve a responder: “La pesca submarina en Canarias tiene estudios hechos tanto por las dos universidades canarias, ULL y ULPGC, como por el IEO y el CSIC en los últimos años que usan diversas metodologías: censos visuales, entrevistas, registros de capturas... y todos concluyen lo mismo: Es un arte de pesca que tiene un impacto similar al de las demás artes usadas”.

Uno de los estudios fue directamente encargado por el propio Narvay Quintero en 2018, “pagando más de 30.000 euros de dinero público”, según expone Acpesur, para que se realizara de manera independiente por parte de la ULPGC y para la Dirección General de Pesca. Este informe concluye como primera recomendación que “la zonificación se puede eliminar, sin existir ningún estudio en la actualidad que diga lo contrario”.

La asociación canaria insiste en que “la pesca submarina no tiene más impacto que el resto de modalidades y, por tanto, si nos basamos en la normativa pesquera europea de legislar con el mejor conocimiento científico disponible, la zonificación debería retirarse”. Recuerda el colectivo que la zonificación “es una norma que se impuso hace 40 años por presiones lobistas del sector profesional ante la pérdida del banco canario-sahariano, sin ningún aval técnico ni biológico”.

José Landa, delegado de la asociación canaria en Fuerteventura y veterano pescador submarino, es tajante: el diputado majorero Mario Cabrera -encargado de defender la PNL ante la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento canario- “miente”. “Hay cinco estudios y ninguno es contrario a la pesca submarina, somos la modalidad más estudiada. Los informes reflejan que la incidencia de esta actividad es similar al resto de artes usadas. Es más, la pesca submarina con arpón es el arte de pesca más sostenible, según la FAO, porque es la más selectiva al ver la especie que está pescando y su tamaño”.

La pesca a pulmón submarina está prohibida en el 80% del litoral canario

Recuerda además que la pesca submarina se realiza “a pulmón libre”, por lo que solo tiene efecto en los primeros metros de la costa y “eso le da a los peces la total capacidad de huir y estar tranquilos en las cotas donde no llega el pescador, que en promedio es menos de 15 metros de profundidad”. Landa defiende que realizan una pesca para autoconsumo.

“Queremos el mismo acceso al mar que el resto de ciudadanos, con las limitaciones con las que ya contamos de cupo diario”, establecido en cinco kilos. Actualmente la pesca submarina está prohibida en el 80 por ciento del litoral canario y la mayoría de las zonas permitidas cuentan con dificultad de acceso.

Zonificación

Tan sólo tres zonas son las habilitadas en Lanzarote para la pesca submarina, en el norte de la Isla: desde la denominada Punta Pasito hasta Tierra Negra, al sur desde La Tiñosa hasta Papagayo y en el litoral oeste desde La Gaviota a Punta Jurado. Para Fuerteventura, la zonificación abarca cuatro áreas delimitadas, dos en el norte y otras dos en el sur. En el norte se permite la pesca submarina desde La Puntilla a Cabo del Agua, así como de Playa Tebeto a Caletones, mientras que al sur la práctica de esa modalidad está habilitada desde Punta Toneles a Gran Tarajal, y de Punta Amanay a Roque del Moro, la mayoría “zonas de difícil acceso”, insiste Landa.

“Tenemos derecho a pescar donde pescan los demás. La de autoconsumo es una práctica histórica y, sin embargo, nos encontramos perseguidos”, señala Landa. “Los afectados por esta PNL son los 6.000 pescadores submarinos canarios que tendrán que seguir haciendo kilómetros para desplazarse hasta las zonas acotadas, sabiendo que algunas de ellas no tienen ni acceso a pie para el ciudadano”, añade.

El representante de los pescadores submarinos dice que, por el contrario, la pesca profesional cuenta con subvenciones y bonificaciones mientras se limita cada vez más la práctica de aficiones recreativas. “Solamente queremos poder pescar donde lo hacen los demás pescadores de todas las modalidades, es pesca de autoconsumo y hay que apoyarla”, concluye Landa.

Proposición no de Ley

Coalición Canaria, que se ha alzado como adalid del sector profesional, argumenta en su PNL que la ampliación de las zonas permitidas para la actividad recreativa “podría conllevar una serie de impactos negativos que afectarían de primera mano a la pesca profesional artesanal canaria”.

Entre estos posibles peligros se expone que “la pesca deportiva submarina, aunque selectiva, afecta de manera desproporcionada a las mismas, muchas de las cuales tienen un crecimiento lento o desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos canarios. La captura repetida de estas especies puede alterar la cadena trófica, generando efectos en cascada que amenazan la biodiversidad marina”.

También se alude a la defensa de unos ecosistemas frágiles y la biodiversidad. “Las costas de Canarias albergan una gran diversidad de especies marinas, muchas endémicas, y ecosistemas únicos que no pueden ser reemplazados. La protección de áreas estratégicas como refugios para especies sensibles es clave. Ampliar la pesca deportiva indiscriminadamente en estas zonas podría convertirlas en áreas de explotación, reduciendo la biodiversidad y alterando el equilibrio ecológico, especialmente en regiones donde ya existen especies en declive debido a factores como el cambio climático y la pesca ilegal”.

“Tendrán que seguir haciendo kilómetros para llegar a las zonas acotadas”

Los nacionalistas aseguran que se busca la preservación de las especies comerciales. “Muchas de las especies capturadas en la pesca deportiva coinciden con las de alto valor para la pesca artesanal y comercial. Permitir su mayor extracción por el sector recreativo reduce la disponibilidad para los pescadores profesionales, que ya operan bajo normativas estrictas. Esto amenaza la viabilidad económica del sector artesanal y compromete la sostenibilidad de ambos recursos”.

Expone además la PNL que existe “riesgo de sobreexplotación”. “Abrir toda la costa a la pesca deportiva submarina aumentaría significativamente la presión sobre las especies marinas. Al no estar sometida a los mismos controles que la pesca profesional, esta actividad podría llevar a la sobreexplotación de poblaciones clave, afectando no solo a las especies capturadas, sino también al ecosistema en su conjunto, alterando las dinámicas naturales y reduciendo su capacidad de adaptación ante cambios externos”, dice el texto.

Asimismo, en la exposición de motivos la proposición cree que la ampliación de las zonas habilitadas supondría problemas de seguridad y supervisión. “Actualmente, los servicios de inspección pesquera ya se enfrentan a limitaciones de recursos, por lo que un aumento en el número de practicantes y áreas a controlar complicaría el cumplimiento de las normativas, favoreciendo la pesca ilegal”.

La repercusión sobre el futuro de la pesca artesanal es otra de las argumentaciones de la solicitud: “Actualmente, la flota pesquera no se encuentra en una de sus mejores situaciones. Ya en mayo del año 2024, el sector pesquero de Canarias anunciaba que prevén perder en 20 años más de la mitad de la flota existente si no tiene éxito el fomento del relevo generacional para el sector, ya que, hoy día, el 72 por ciento de las personas que se dedican a esta labor tiene más de 40 años, mientras que solo un nueve por ciento son menores de 30 años”.

De esta forma, “las administraciones públicas deben aunar esfuerzos para fortalecer al sector y dar respuesta a sus demandas, con el fin de preservar la pesca tradicional como un trabajo atractivo también para las futuras generaciones”.

Pero no solo los nacionalistas parecen estar en contra de las demandas del sector recreativo. El grupo socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley para que se incluya el rechazo a cualquier ampliación que “no cuente con estudio de impacto en los ecosistemas y en las economías locales que avale de manera clara su modificación”.

Asimismo, solicita “el fortalecimiento de la regulación existente, el control efectivo de las actividades recreativas y la recopilación de datos necesarios para una gestión sostenible de la pesca en Canarias en las aguas de su competencia de conformidad con el artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Canarias”.