En junio ha vuelto a empezar el juicio de La Bufona. Es la segunda vista oral que se celebra. La primera, de 2016, fue anulada por la Audiencia Provincial. Se ha tardado casi siete años en celebrar un nuevo juicio. En enero se iba a reanudar pero se suspendió para que unos abogados recién designados se estudiaran la causa. La denuncia inicial ante el Seprona por la obras de esta urbanización se puso en 1999. Esta es una guía para comprender, no ya el juicio, sino para saber de qué se habla cuando se habla del caso de La Bufona.

Terrenos. La Bufona es la urbanización más cercana a Arrecife si se avanza por la carretera hacia el aeropuerto, a la derecha. Son solo las 52 primeras casas. Las otras, a ambos lados de la autovía, serían El Cable. De las 52 hay 14 al norte, en la calle Chabusquillo, que, según la acusación, ocupan una parte de suelo rústico de protección de jable. Es la parte posterior de las casas. Hay pérgolas, piscinas, y algún añadido más.

Promotores. Los terrenos tenían un propietario, que vendió a Brisa Inversiones, que está formada por Francisco Carmona (encargado del catastro de Arrecife), Antonio Caro (constructor) y Federico Echevarría (arquitecto). Carmona ya ha fallecido y los otros dos son los acusados en el juicio. Murillo. Ese propietario fallece repentinamente sin satisfacer la hipoteca que tenía con el Banco Santander. Eduardo Murillo era ingeniero aeronáutico y había trabajado ocasionalmente en Guacimeta. En los años ochenta ya había comprado suelo en la zona, y es Carmona quien le dice que esos terrenos están disponibles, según el relato de su hijo, Gonzalo Murillo. Así que compra tres fincas. Casi todo es suelo rústico, pero hay 4.000 metros cuadrados de suelo urbano.

Obras. La Bufona era un plan parcial para construir chalés. Los terrenos ya estaban urbanizados, según los promotores, en 1995. Cuando Brisa adquiere los terrenos se le ocurre cambiar el plan parcial para hacer casas más pequeñas y en mayor cantidad. De 33 a 52. La modificación se aprueba en 1998. Las hacen y las venden.

Denuncia. Murillo, que acababa de comprar el suelo, se entera de que hay obras y denuncia ante el Seprona en Las Palmas. Considera que le han ocupado tanto terreno rústico como urbano. Las obras se precintan (aunque hay quien niega la existencia del precinto) y la orden de paralización llega cuando las casas están terminadas.

Procesos. A partir de ahí, Murillo intenta que le den la razón y recuperar los terrenos o su valor. Considera que se alteraron fraudulentamente los linderos de la urbanización y se suceden toda una serie de pleitos de todas clases: civiles, contenciosos y penales. Entre otros, se anula la modificación del plan parcial instada por los propietarios. Además, la Apmun ordena el derribo de lo que está en suelo rústico porque las obras de las 14 casas de la calle Chabusquillo son “manifiestamente ilegalizables” y hay que derribar pérgolas, patios, muros, piscinas, etc. Los propietarios recurren y les dan la razón.

Desarrollo. El Tribunal Supremo determina que el plan parcial nunca debía haberse ejecutado. No había informe positivo del departamento de carreteras y, aún hoy, no ha hecho el acceso que le corresponde. El terreno que Brisa tenía que haber cedido al Gobierno de Canarias para hacer la carretera se lo vendió a Supermercados Marcial. Tampoco hicieron las cesiones obligatorias, que se cuantificaron posteriormente.

Catastro. Los terrenos no se incluyeron en la base de datos del Catastro, cuyo responsable municipal era el promotor de las obras, así que no pagaban impuestos. Algunas casas estuvieron ocho años sin pagar. En 2008, la Dirección provincial del catastro cambió la titularidad de los terrenos y se inventó la calle Chubasquillo en lugar de Chabusquillo. El Ministerio y los tribunales dan la razón a Murillo porque ni siquiera existía expediente para hacer el cambio. Destituyen al gerente provincial del Catastro, pero desde entonces ha ocurrido lo mismo, el cambio, otras dos veces más. Juicio. En el primer juicio, en 2016, se condena a los acusados a dos meses de prisión y a derribar lo construido sin licencia, es decir la parte trasera de las casas. Pero la Audiencia Provincial dice que hay que repetir el juicio porque los perjudicados son los propietarios de esas casas y no se han podido defender en el juicio.

Se echan la pelota unos a otros y los perjudicados son los vecinos de la urbanización

Propietarios. Los promotores sostienen que los añadidos los han hecho los propietarios. Entre esos propietarios de las 14 casas están el exfiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, el notario Celestino Mendizábal o la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez. Las defensas de los propietarios consideran que no se trata de suelo rústico. En cualquier caso, los promotores dejaron el muro hecho y las construcciones fueron creciendo. También está la diferencia entre los metros registrados, los metros planificados y los metros catastrados. Con esta situación, Pallarés gana tres juicios por injurias y calumnias: uno contra Murillo y dos contra El Agitador.

Repetición. El juicio se repite ya con los propietarios como responsables civiles subsidiarios, pero ya no son 14, sino 33. La Fiscalía pide que se llame al procedimiento a otros propietarios de la urbanización, pero esto no satisface a nadie. Los que no son de la calle Chabusquillo, porque no saben qué pintan en el proceso si su casa está en suelo urbano y porque la Fiscalía no concreta qué es susceptible de derribo. Y Murillo porque pide que se llame a los 52 temiendo que vuelva a pasar lo mismo: que haya una condena que afecte a todos y que no se haya llamado a algunos. La acusación particular sí considera que, además de las 14 casas, hay otras veinte que ocupan viarios, zonas verdes y aparcamientos públicos.