El próximo mes de abril se cumplen dos años desde que la Audiencia Provincial dictara la sentencia del caso Yate, en el que se condenó al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a una pena de seis años de prisión después de que confesara haber delinquido en la concesión masiva de licencias ilegales.

Ahora la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que dictó la sentencia del caso Yate, se ha dirigido al Ayuntamiento de Yaiza para que “acredite el cumplimiento” de lo dispuesto en la resolución judicial “en cuanto a la nulidad de todas las licencias concedidas” por José Francisco Reyes que fueron enjuiciadas.

De esta manera, el Consistorio sureño tendrá que explicar ante la Audiencia Provincial en qué situación se encuentran esos permisos urbanísticos, que incluyen más de 8.300 plazas turísticas, unas 1.800 plazas en el plan parcial Playa Blanca y el puerto deportivo Marina Rubicón.

Tras la sentencia del caso Yate, una de las cuestiones sobre las que se plantearon dudas fue la forma en la que se ejecutaría la resolución judicial y el alcance, en la práctica, de la anulación de los permisos para hoteles, villas y del citado puerto deportivo.

La empresa del puerto deportivo Marina Rubicón intentó personarse en la fase de ejecución de la sentencia, pero el Tribunal Supremo rechazó recientemente un recurso de queja que había formulado porque la Audiencia no le había permitido recurrir la resolución judicial al no haber sido parte en el procedimiento.

El Tribunal considera que no podía ser parte de la ejecución porque no fue parte del procedimiento ni como acusado ni como perjudicado. La sentencia afecta al puerto, ya que la Audiencia Provincial ordenó que se anularan todas las licencias que el exalcalde de Yaiza reconoció que había concedido de forma irregular o bien a cambio de dinero, entre ellas la de Marina Rubicón.

La mayoría de esas licencias, a hoteles y complejos de apartamentos, ya estaban anuladas en la vía contenciosa, pero no así la del puerto. En la sentencia, Reyes reconoció haber recibido “dádivas” valoradas en “más 60.000 euros” de los propietarios del puerto deportivo. También reconoció que no abonó durante años el importe del atraque de su barco, adquirido a su vez a través del cobro de comisiones ilegales.

El Supremo hizo suyos los argumentos de la Fiscalía y consideró que “la ley impide recurrir contra la sentencia a quien no ha sido parte en el juicio”. “La entidad Puerto Deportivo Marina Rubicón SA -señala el fallo- no ha sido parte en el procedimiento penal, no habiéndose personado en ningún concepto a lo largo del procedimiento cuya duración ha sido de más de diez años, e incluso aún desconocemos en qué concepto se pretende personar, pues no lo indica en su escrito”, dice el Tribunal.

Aunque el puerto deportivo, como sociedad, no fue parte en el procedimiento, tres de los empresarios propietarios del puerto, Juan Francisco Rosa, Francisco Armas y Rafael Lasso, sí estuvieron investigados en el caso Yate. No se sentaron en el banquillo de los acusados porque se archivó el procedimiento para ellos.

Las obras de construcción del puerto comenzaron en el año 2000, cuando no tenía la preceptiva licencia municipal, y sólo fue solicitada ésta por los promotores cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió las obras precisamente porque no tenía licencia.