El desahucio de las dos casas de Argana Alta que vendió la Iglesia con los inquilinos dentro a la empresa Iveco sigue fijado para el 23 de mayo, sin que se haya encontrado una solución para Luis Manuel Torres, que ya logró aplazar el primer lanzamiento el mes pasado, ni para los ancianos Marcial Sinforiano y Pilar, que tendrán que abandonar su casa ese día.

La empresa Juan Antonio Rivera-Iveco ha estado negociando una solución aunque finalmente no ha llegado a hacer ninguna propuesta firme para evitar ese desahucio, mientras que la Iglesia sigue asegurando que la venta se hizo con el compromiso por parte de la empresa de realojar a los inquilinos, aunque no lo ha demostrado documentalmente.

Según explica el ex presidente de la asociación de vecinos de Argana, Andrés Medina, que representa a Marcial y Pilar, de 90 y 87 años de edad, a finales de abril se reunió con el Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, quien insistió en que el precio de venta del solar donde están las casas era superior  pero que se rebajó a unos 360.000 euros porque Iveco debía cubrir los realojos.

Según Cabrera, hay un documento notarial donde se reflejan los acuerdos, pero no lo mostró alegando que está en poder de los juristas de la Diócesis. También dijo que se ha hablado con Iveco para que cumpla lo acordado. El Obispado anunció en nota de prensa que Iveco les había hecho saber que “sigue dispuesta a atender los compromisos adquiridos”.

Andrés Medina asegura que un asesor de la empresa entabló conversaciones

A finales de abril, un asesor de la empresa Iveco se pone en contacto con Medina y le presenta una oferta, que consiste en que se marchen los inquilinos de las cuatro casas que quedan en pie. Se da la circunstancia que dos de esos inquilinos han ganado, con sentencia firme, los pleitos a la empresa, y pueden seguir residiendo legalmente en las viviendas.

Esos vecinos con sentencia a su favor no aceptan la propuesta de Iveco, que por otra parte ofrecía, según Medina, pagar 300 euros de alquiler mensual en otra vivienda a Marcial y Pilar de forma vitalicia, pero con la condición de que las cuatro familias estén de acuerdo con sus propuestas, “y si hay alguna que no esté conforme, no habrá acuerdos por separado”, relata el ex presidente de la asociación vecinal.

“Inmediatas explicaciones” de la Diócesis

La Diócesis asegura que hay un acuerdo firmado de realojo pero no lo muestra

Los otros vecinos no aceptan marcharse y, por otra parte, el asesor cambia su oferta, según Medina, y ofrece ya pagar sólo el alquiler durante seis meses. Medina le contestó al asesor que lo único que quieren es ganar tiempo “y que los acuerdos que dice la Diócesis de Canarias y la buena voluntad por parte de la empresa de realojarlos era todo una mentira”.

“La conclusión es clara: si realmente existe un acuerdo notarial y no se cumple, tanto Iglesia como la empresa Juan Antonio Rivera-Iveco están cometiendo una ilegalidad de la que tendrán que responder, y si no existe, el Obispado debe dar inmediatas explicaciones”, señala Andrés Medina.