“César Manrique nos enseñó que la belleza insólita y mística de Lanzarote había que protegerla del urbanismo criminal, aquel que se somete a las fuerzas extractivas de la Isla, que solo ven un beneficio cortoplacista, que nos hunde el futuro a todos, porque la corrupción mata y genera pobreza”, destacó la abogada Irma Ferrer al recibir el premio nacional de la Fundación 'Hay Derecho'.

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Ferrer pertenece a las asociaciones Transparencia Urbanística y Acción cívica contra la corrupción. Días atrás recibió el máximo galardón de la Fundación 'Hay Derecho'. En ediciones anteriores fueron premiados Dolores Agenjo, directora de un instituto que se negó a albergar una consulta soberanista en 2014, Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel, o los denunciantes del caso Acuamed, entre otros.

En su intervención, Ferrer se refirió a los “gigantes” que ha tenido Lanzarote en las últimas décadas. “El primero de ellos César Manrique”, un “agitador de conciencias que nos invitó a caminar por la utopía, como ciudadanos liberados de prejuicios, por una Isla limpia desde el punto de vista medioambiental y paisajístico”.

Ferrer también se refirió a la Fundación que lleva el nombre del artista y su tarea de preservar el “legado de la obra”, también “moral y ética” de Manrique. Poco antes de la muerte de César, recordó, se produjo la aprobación del Plan Insular de Ordenación, un marco normativo que apostaba “por el crecimiento sostenible y el control”, elaborado por Fernando Prats, que “eliminó 130.000 de las 250.000 camas previstas y acompansó los ritmos de crecimiento”.

La “principal aportación” de Prats, destacó Ferrer, “fue crear un equipo humano en Lanzarote, la Oficina del Plan Insular, que son los verdaderos héroes de esta historia, los funcionarios que han defendido la legalidad en estos 30 años y han recibido de primera mano el zarpazo de la corrupción, unos funcionarios que han sido injuriados, calumniados y removidos de sus puestos exclusivamente por defender la legalidad”.

Ferrer también resaltó al magistrado José Antonio Martín Pallín, miembro del gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, quien en 2006 advertía de que “el uso egoísta de la tierra iba a crear un daño a las generaciones futuras, cuando no estamos aquí sino para conservar el hábitat”, y a José Saramago, que en las segundas jornadas de Legalidad urbanística de Lanzarote, a pesar de estar “muy débil” demostró una fortaleza que “hizo que el auditorio enmudeciera” al hablar de “defender el espacio que habitamos, sea una ciudad, una Isla o la selva, y de dignidad”.

En su discurso, la letrada destacó a los “imprescindibles que no han dejado de luchar” en décadas, desde la etapa de El Guincho, Ciudadanos por Arrecife y ahora Transparencia Urbanística: Ginés Díaz Pallarés, Javier Díaz-Reixa y Luis Guirao. Recordó que hay una sensibilidad social en Lanzarote que se ha manifestado de forma masiva: en 1988 cuando se “pararon las máquinas” que estaban construyendo en la playa de Los Pocillos, en una concentración encabezada por Manrique, en 2002, cuando salieron más de 10.000 personas a la calle bajo el lema “Parar ya”, o en 2014 cuando más de 15.000 personas se manifestaron contra las prospecciones petrolíferas. “El mensaje de César Manrique ha calado”, subrayó.

“La fiesta de la corrupción”

Al mismo tiempo que la sociedad lanzaroteña se manifestaba por frenar el crecimiento, “la corrupción urbanística se desarrollaba, con 27 hoteles ilegales”, recordó Ferrer, quien puso de ejemplo “un fin de semana de 1998”. Entre el 29 de mayo de aquel año y el 1 de junio, “con el Día de Canarias en medio”, se concedieron licencias para 2.200 plazas turísticas. Fue “la fiesta de la corrupción”, una muestra clara del “urbanismo de promotor”. “Mientras la población pedía turismo de calidad y crecimiento sostenible, las fuerzas extractivas, el cortoplacismo del dinero, nos robaba el futuro”, destacó.

Ferrer también citó otro episodio: el secuestro de la revista Cuadernos del Sureste dedicada a la corrupción, que incluía el artículo “El secretario, el quinto poder”, sobre Felipe Fernández Camero, entonces secretario del Ayuntamiento de Arrecife y abogado de “ayuntamientos y de empresarios hoteleros”. Pidió el secuestro de la revista como medida cautelar, que solo tenía como “precedente” la intervención de “revistas relacionadas con ETA”. “Entendemos que es casualidad que el fiscal coordinador era familiar directo de este señor que se sentía tan ofendido”, dijo. Tras ganar el pleito, “ese secuestro, una anécdota, nos enseñó la Luna: la corrupción”, añadió Ferrer.

En ese sentido, la abogada destacó el caso Yate, que se centró en la corrupción urbanística de los municipios de Yaiza y Teguise. En aquel procedimiento apareció “otro gigante”, la Fiscalía de Medio Ambiente representada por Ignacio Stampa. La sentencia del caso Yate, subrayó, anula 46 licencias, que fueron para hoteles ilegales que además recibieron 30 millones de subvenciones europeas.

En Yate, la mayor parte de los acusados se conformó con los hechos y los delitos cometidos. “Se nos preguntó cuál era nuestro parecer y respondimos que no estamos para reunir condenas sino para que se cuente un relato en sentencia judicial firme”, insistió Ferrer. “Lo que ocurre en esta Isla, donde campa la corrupción tercermundista, es que hay un sentimiento generalizado de impunidad, que es la garantía de que el delito vuelva a cometerse una y otra vez”, añadió la abogada, quien recalcó: “Hay que acabar con la impunidad y para ello es necesario un relato histórico que cuente la verdad de lo que ha ocurrido y que las futuras generaciones puedan leerlo”.

Irma Ferrer recibe el premio del periodista Jesús Maraña.

Después del caso Yate vino el caso Costa Roja, con una licencia ilegal para la construcción de más de mil viviendas en Playa Blanca, promovidas por Luis Lleó. “Al empresario se le ocurrió ofrecer un cohecho y estalló la operación Unión”. “Entonces los ciudadanos de la Isla vimos que el Estado de Derecho funcionaba y nos lo vino a enseñar la UCO, otro gigante, que hizo su trabajo y demostró que lo hace a pesar de todo y que podíamos confiar en ellos”, destacó Ferrer, quien explicó: “En Unión pasamos de la corrupción urbanística al saqueo sistemático de las instituciones públicas”.

Con el estallido del caso Unión, “simple y llanamente nos difamaron”, subrayó la abogada, que ejerce la acusación popular por Transparencia Urbanística, constituida como asociación en 2009. El fiscal Stampa y el juez Pamparacuatro tuvieron que demandar por lesión al honor. “Durante meses les insultaron personal y familiarmente. Los señores del dinero son los señores de los medios en una Isla tan pequeña”.

Como Transparencia Urbanística interpusieron dos querellas: una relacionada con el anulado plan parcial Playa Blanca y la de la bodega Stratvs, “una construcción ilegal de 12.000 metros cuadrados en pleno espacio natural protegido”. “El señor del dinero”, dijo, construyó en las narices del Ayuntamiento, del Cabildo y del Gobierno de Canarias. “Fue tal el descaro que acudió a la inauguración el vicepresidente del Gobierno, que luego fue ministro, el expresidente y tres consejeros del Gobierno, consejeros del Cabildo y la alcaldesa que dio la licencia de apertura seis meses después...”, enumeró Ferrer.

Tras los ataques, llegó el intento de neutralizar a Transparencia Urbanística: “El señor del dinero nos dijo: 'vengan y siéntese en la mesa del capo, que hay comida para todos'. Y tuvimos que recordarnos: '¿y la dignidad qué?'”. “Sigamos caminando en la utopía”, señaló Ferrer.

“En este camino hemos visto la corrupción empresarial, una tela de araña transparente que se teje en una Isla caciquil, el enlace con la clase política, la financiación, y estamos viendo ahora la corrupción judicial, la más opaca de las corrupciones”, concluyó.