La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha trasladado este martes por la tarde al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, la voluntad del Ejecutivo central de "fijar el precio de los vuelos interinsulares" de tal forma que a esa tarifa "cerrada" pudiera aplicarse con posterioridad el descuento de residente.

Este cambio tarifario, que se está negociando con Bruselas pues debe ser aprobado por Europa para entrar en vigor, afectaría tanto a Canarias como a Baleares, Ceuta y Melilla y, en caso de contar con el visto bueno de la Unión Europea, empezaría a aplicarse en 2017 ya que conllevaría un gasto extra que debe ser recogido en los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio de Fomento tiene previsto el establecimiento de la tarifa única aérea de 30 euros para los vuelos interinsulares en Canarias, según ha anunciado la ministra en funciones tras la reunión con Clavijo en la sede del ministerio.

Clavijo señaló al término del encuentro que la ministra le ha trasladado que las consultas realizadas a Bruselas para lograr la modificación de la Obligación de servicio público (OSP) permiten "ser optimistas" aunque ello no significa "que todo este hecho", queda mucho que negociar puesto que es necesario además de la aprobación de Bruselas la del Tribunal de la Competencia por lo que pidió "prudencia".

En cualquier caso, "la voluntad manifestada por el Estado es clara y se están dando los pasos adecuados para lograr convertir en realidad una vieja demanda de Canarias", dijo el presidente del Gobierno canario.

El presidente canario advierte que el cambio en las tarifas "debe servir para rebajar precios, pero no para reducir frecuencias"

En el encuentro, el presidente canario trasladó a Pastor su preocupación por el hecho de que las medidas que tomen para abaratar el precio de los billetes interinsulares "deben acompañarse de una garantía en el mantenimiento de las frecuencias" ya que, como recordó "la mejora de la conectividad es una cuestión de precios pero también de número de vuelos" por lo que la modificación de la Obligación de Servicio Público "no puede ni debe conllevar una reducción de los mismos".

En la actualidad, el Ministerio de Fomento aporta cerca de 80 millones de euros anuales en materia de bonificación al residente  y la tarifa única implicaría un sobrecoste que, según adelantó al ministra, se incorporará al presupuesto general del Estado de 2017.