El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente a la juez Ana Manella González, titular del Juzgado número 2 de Arrecife, por su labor en el denominado caso Yate, en el que se investiga la concesión masiva de licencias ilegales en Yaiza, tanto a hoteles como al puerto deportivo Marina Rubicón.

El responsable de acción disciplinaria del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, considera que la jueza pudo cometer una falta muy grave de desatención, o una falta grave de retraso, o leve de incumplimiento de los plazos de la resolución de este caso.

Fuentes del Poder Judicial han confirmado a DiariodeLanzarote.com que se ha abierto un periodo de seis meses tras el cual se tendrá que resolver el expediente, bien procediendo a su archivo, bien imponiendo a la jueza alguna de las faltas citadas. La sanción podría ir desde una simple advertencia, en caso de ser falta leve, hasta la expulsión de la carrera judicial si fuera considerada falta muy grave.

Cabe destacar que la Fiscalía entregó en febrero de 2013 su escrito de acusación, en el que se piden 25 años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, como principal acusado.

Sin embargo, la tramitación final del caso Yate se ha demorado más de lo habitual. Tal y como publicó DiariodeLanzarote.com en abril pasado, el Juzgado venía reclamando desde hacía más de un año un escáner para entregar la causa digitalizada a las partes y que pudieran hacer sus escritos finales. En todo caso, la responsabilidad de dar traslado a las partes de las actuaciones es competencia de los secretarios judiciales. 

La acusación popular, representada por el socialista Carlos Espino, acaba de presentar hace escasas semanas su escrito de acusación. La querella interpuesta en 2006 por Espino sirvió para que se abriera una investigación que, para la Fiscalía, ha acreditado no solo la concesión de licencias ilegales a sabiendas sino el enriquecimiento ilícito de Reyes y de su familia.

A vueltas con un escáner

La jueza ahora expedientada pidió en septiembre del año pasado un escáner para entregar la causa digitalizada a las partes. La Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias le dijo que usara el del Juzgado número 5.

Sin embargo, ese escáner tenía la memoria completa por el caso Unión. A principios de este año, lo que envió la Dirección General fue un disco duro para conectarlo al escáner del Juzgado número 5, pero hacía falta un técnico cualificado para ello, así que se solicitó un técnico informático al Gobierno.

El Jefe de servicio de contratación y equipamiento le contesta a la secretaría del Juzgado que no disponían “de un servicio técnico que asuma dicha función”, así que la juez, reconociendo que el procedimiento estaba paralizado por ese motivo, pidió de nuevo y con carácter urgente, otra vez, un escáner.

Dilaciones indebidas

Las fuentes consultadas apuntan a que las defensas todavía tienen que presentar sus escritos, a pesar de que han pasado casi dos años desde que se dio por concluida la instrucción y la Fiscalía presentó sus conclusiones.

El retraso puede acabar con la reducción de las posibles condenas por dilaciones indebidas. La Fiscalía pide finalmente condenas para 12 personas: 25 años para Reyes por diversos delitos relacionados con la concesión de licencias ilegales, cinco años para su mujer y tres de sus hijos por blanqueo de capitales, así como seis años para el secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes por prevaricación y malversación.