El Plan General de Ordenación (PGO) vigente en Arrecife cumple 20 años. El planeamiento se culminó en octubre de 2003 y se aprobó por la entonces Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en noviembre, aunque no se publicaría de forma íntegra hasta agosto del año siguiente.

En su momento levantó una intensa polémica porque el documento contenía “errores” y se llegó a acusar al Ayuntamiento, en la época de María Isabel Déniz, de haber llevado a cabo una modificación encubierta del planeamiento municipal.

Dos décadas después, con el mismo Plan General -el nuevo lleva desde 2014 estancado en borradores para su aprobación inicial-, el desarrollo de Arrecife está a punto de entrar en una fase de ebullición, con cuatro urbanizaciones en trámite. Supondrán la ordenación de más de 561.000 metros cuadrados de suelo, la construcción de hasta 995 viviendas y la ejecución de un nuevo parque empresarial. La inversión prevista supera los 150 millones de euros.

La aprobación de un nuevo PGO suele estar en todos los programas electorales y en los anuncios de los responsables públicos. Suele prevalecer la idea de aprobar un documento y pasa a un segundo plano el contenido del mismo y los problemas que se quieren solucionar. En términos políticos, no está fijado el marco del debate. La experiencia de los últimos años evidencia que la planificación de grandes bolsas de suelo, como está contemplada, puede tener viabilidad. Estas son las principales claves de cómo está el urbanismo de la ciudad, con sus luces y sus sombras:

Auge residencial. La falta de vivienda en la capital de Lanzarote se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los ciudadanos. Sin embargo, en los próximos años podrían entrar en el mercado hasta un millar de viviendas en Arrecife, si se culmina la tramitación de dos sector urbanizables, en La Bufona y en Naos, y de una unidad de actuación en Argana Alta, en las proximidades del Hospital Doctor José Molina Orosa.

El sector de La Bufona, entre el Recinto Ferial y El Cable, de más de 207.000 metros cuadrados, pasó  por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) este pasado mes de junio. Este órgano de la comunidad autónoma fijó una serie de requisitos para el estudio ambiental estratégico, como garantizar la “no afección” a las “salinas existentes” en la zona o la “evaluación de la fachada” de la urbanización que dará al litoral para mantener “los valores paisajísticos” del espacio.

La intención de los promotores es desarrollar una urbanización con viviendas individuales con parcelas mínimas de 300 metros. Así, se edificarían 57.010 metros cuadrados construidos en apenas 221 viviendas. El objetivo es “configurar una urbanización residencial de baja densidad con un estándar de calidad alto”, con espacios libres y equipamientos públicos ligados “a la costa y al paseo marítimo” en los que se “integra un elemento con alto valor etnográfico como son las salinas”. El coste de ejecución global de la urbanización, con las edificaciones, se estima en 49,9 millones.

La Bufona litoral y el nuevo parque empresarial ya tienen directrices ambientales

Otro sector urbanizable, el de Puerto Naos, junto a las antiguas instalaciones de la conservera Agramar, también está en evaluación ambiental, aunque no tan avanzado como La Bufona. Engloba 90.357 metros cuadrados, de los que más de una tercera parte son salinas. Pese a sus dimensiones, los promotores pretenden edificar casi 54.000 metros cuadrados construidos, unos 21.000 metros más que lo que refleja la ficha del PGO vigente. Plantean 375 viviendas en edificios de tres plantas y, en la parte interior, tres parcelas de uso industrial y comercial. La inversión global sería de 29,5 millones de euros.

Una tercera pieza residencial en ciernes se está tramitando entre el Hospital, la calle Tenderete y el parque de bomberos. Se trata de una bolsa de suelo de 63.523 metros cuadrados, con la posibilidad de construir 399 viviendas en edificios de cuatro plantas. La urbanización y construcción saldría por 29,5 millones de euros, pero se llegaría a casi 56 millones con la expropiación de suelo.

En el polígono de Ikea, el Consistorio va a tener que revisar de oficio la urbanización por sentencia judicial.

Comercial: Altavista y Tenorio. Otro sector de suelo urbanizable cuyo plan parcial ya tiene los requisitos del Gobierno de Canarias para elaborar su estudio ambiental estratégico es el denominado Industrial Altavista, ubicado entre Tenorio, la Circunvalación y el conocido como polígono de Ikea. El desarrollo de esta pieza, de 204.000 metros cuadrados, pondrá en el mercado manzanas de uso comercial (41.353 metros), industrial (46.976 metros) y de equipamientos (8.428 metros). La urbanización y construcción de las edificaciones supondría una inversión de 41,4 millones de euros.

El ‘polígono de Ikea’ se revisará y en Tenorio se autorizan “naves desmontables”

El citado polígono de Ikea -en el PGO de denomina Este Altavista II- es el que se encuentra ahora mismo en problemas legales. La familia González Berriel recurrió en 2010 a la Justicia, que le dio la razón, al entender que el plan parcial no estaba en vigor al haberse publicado en el Boletín oficial de la provincia, pero no en el de Canarias. Ahora, el Ayuntamiento tiene que revisar de oficio el convenio urbanístico, el proyecto de urbanización y cuantas licencias se hayan concedido. Un procedimiento más que farragoso. El nuevo concejal de Urbanismo, Maciot Cabrera, señala que “serán los servicios jurídicos y técnicos los que determinen el alcance que pueda tener la ejecución de esta sentencia”.

Mientras tanto, el propio Ayuntamiento ha venido dando licencias para construir naves justo al lado, en el polígono de Tenorio, que se ha desarrollado de forma desordenada desde el pasado siglo, no cuenta con plan parcial aprobado y sigue siendo suelo urbanizable. ¿Cómo es posible? Con un tipo de licencia con condiciones rocambolescas: se otorga el permiso de obras pero el Ayuntamiento lo puede revocar en el futuro sin que el promotor tenga derecho de indemnización. De hecho, se le insta a depositar un aval que cubra los costes de demolición en el caso de que algún día se ordene. Para orillar la falta de clasificación del suelo como urbano, a las edificaciones que se autorizan el Ayuntamiento las denomina, en las licencias, “naves desmontables”.

Modificaciones menores. Por la vía de las modificaciones menores del planeamiento hay también propietarios que están tratando de cambiar la clasificación o los usos de sus suelos. Es el caso de la bolsa de medio millón de metros cuadrados enclavada entre el barrio de Argana y Maneje, que está considerada en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1991 como suelo rústico de protección natural por paso de jable. Antes de las pasadas elecciones salió a exposición pública la intención de rebajar la categoría del suelo a rústico común, de tal manera que fuera “perfectamente compatible con la implantación de una planta de energía fotovoltaica”.

Con el PGO en vigor se han desarrollado zonas comerciales como la de Argana

También hay casos en los que el apetito por el suelo comercial, que era el más jugoso, decae con el paso de los años. Es lo que ha sucedido en la urbanización de Los Geranios, junto a Maneje. Hace 20 años se dejó una parcela comercial de 30.000 metros cuadrados, que da hacia la Circunvalación. Sin embargo, el plan parcial no ordenaba de forma detallaba esa parte comercial y, “tras tantos años, la propiedad ha desistido” y prefiere destinarla a uso residencial, para edificios de cuatro plantas.