Mario Pérez (CC), el actual Director de la Oficina de educación del Gobierno de Canarias en Lanzarote y ex consejero delegado de la empresa pública de aguas Inalsa, tendrá que declarar el próximo miércoles 18 de mayo ante el Juzgado de instrucción número 4 como investigado por el caso que investiga la gestión en Inalsa. También está llamado a declarar el ex gerente de la compañía.

Pérez estuvo al frente de la empresa de aguas entre 2005 y 2007 y durante su mandato se incumplió el contrato con la UTE Edam Janubio y se dictó el laudo que obligaba a Inalsa a pagar doce millones de euros. Pérez montó un Gabinete de crisis en la empresa e inició un Plan de inversiones y un Pan de saneamiento, que no se culminaron.

Además de Pérez, cuya comparecencia fue solicitada por la Fiscalía, tendrán que declarar en calidad de testigos-peritos los administradores concursales de la empresa, Pedro Martín Toledo, Pedro de la Vega y Matías Hernández. Este caso fue denunciado por Alternativa Ciudadana, que actúa además como acusación popular.

La Fiscalía también ha solicitado, y así lo ha admitido el juez, que se realice un examen de la contabilidad y las cuentas corrientes de la empresa para identificar los traspasos monetarios entre la empresa y el Consorcio insular de aguas desde el año 2006 hasta hoy, y que se compruebe si existen partidas o gastos no justificados.

La Fiscalía pide que se verifique el destino de las cantidades invertidas por la empresa de aguas en reparaciones y si tuvieron esa finalidad

Otra de las diligencias solicitadas es que se verifique el destino de las cantidades invertidas por la empresa de aguas en reparaciones y si tuvieron ese destino, controlando las facturas, las órdenes de trabajo y el personal que las llevó a cabo durante ese mismo periodo.

Las auditorías realizadas por Ernst & Young entre 2005 y 2007 revelan irregularidades en la facturación y el cobro de clientes, además de un desbalance en la valoración de los recambios y accesorios en el almacén. Las irregularidades contables superan algunos años los 300.000 euros.

Pérez también tendrá que responder si tuvo responsabilidad de una modificación tarifaria, que hizo que la empresa dejara de ingresar casi siete millones de euros, y de si el hecho de no contabilizar a tiempo el laudo arbitral que obligaba a pagar a la empresa de aguas 12 millones de euros a FCC por rescindir el contrato de la potabilizadora de Janubio fue determinante en que la empresa llegara a concurso de acreedores por responsabilidad propia.