La Fiscalía de Las Palmas, que ha solicitado que se abra una investigación en el Juzgado sobre diversas irregularidades en la gestión y la contabilidad de Inalsa desde los años noventa hasta la actualidad, ha pedido a la Audiencia de Cuentas que emita un informe sobre si se ajusta a la legalidad el convenio para el pago de la deuda de Inalsa por parte del Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos de la Isla.

En el informe de la Fiscalía, elaborado a instancias de la denuncia que hizo Alternativa Ciudadana, se asegura que tras examinar el expediente no aprecia ninguna acción con relevancia penal en la licitación del concurso del agua por parte del Consorcio.

Con respecto al pago de la deuda de Inalsa, unos 35,5 millones tras la quita aceptada por los acreedores, el fiscal destaca el informe de la Interventora del Consorcio del Agua, que señalaba que no se podía hacer un préstamo a Inalsa ni una cesión de derechos del Consorcio, que era el organismo que convocaba el concurso.

Ante el informe negativo de la Interventora, el presidente del Consorcio, Pedro San Ginés, solicitó dos informes externos, que hicieron los juristas Pedro Lasso e Ignacio Calatayud, y que examinaban si el Consorcio tiene que responder de la deuda de Inalsa pero que, según el fiscal, no examinan “en ningún caso” si la fórmula de préstamo, cesión o transmisión de derechos futuros vulnera algún precepto legal.

El Consorcio decidió seguir con la citada fórmula para llegar a un acuerdo con los acreedores y que fuera el Juez de lo mercantil el que decidiera si el convenio se ajustaba o no a la legalidad.

“Esto supone desconocer las funciones del juez de lo mercantil”, señala la Fiscalía, ya que sólo puede ratificar un convenio entre acreedores y deudores u oponerse, en su caso, pero no puede decidir si el pago de las deudas de Inalsa por parte del Consorcio se ajusta o no la legalidad. Por este motivo, la Fiscalía pide que sea la Audiencia de Cuentas la que emita un informe “por si los hechos pudiesen tener relevancia penal”.

Depurar responsabilidades en Inalsa

Además, señala que del acuerdo que se firmó con los acreedores, se justifica que se reabra la sección de calificación del concurso de Inalsa porque según la Ley concursal la deuda se debe pagar en tres años y no en cinco.

La Fiscalía solicitó que se abriera la sección de calificación para depurar la responsabilidad de los últimos administradores de Inalsa en el agravamiento de la situación de la empresa. Considera la Fiscalía que podría existir el delito de insolvencia punible por quienes administraron Inalsa hasta que entró en concurso de acreedores en 2009. Por otra parte, destaca que el Juzgado no ha contestado aún a su petición.