El Consorcio del Agua inició la semana pasada la entrega de certificaciones a los acreedores de Inalsa. Esos certificados son la garantía de pago y reflejan la cantidad a cobrar y la fecha en que se cobrará, según el convenio que se alcanzó en julio dentro del proceso concursal de la empresa, y que validó el juez el pasado mes de septiembre, con una quita de un 21 por ciento (unos nueve millones)  de la deuda.

Representantes del mayor acreedor, FCC, que suma la deuda de la UTE Edam Janubio más la de Aguas Filtradas, que es una filial de la empresa, acudieron al Cabildo de Lanzarote para obtener ese certificado y el Consorcio se ha negado a entregárselo.

Fuentes del Consorcio señalan que, a pesar del convenio, hay un desacuerdo sobre la cantidad que se reclama, ya que hay dos pleitos vivos en los tribunales: uno sobre la nulidad o no del contrato de Edam Janubio para construir la planta del Sur de la Isla, que se encuentra en el  Juzgado de lo contencioso administrativo y otro sobre la prórroga que se otorgó al contrato de Aguas Filtradas, que el Consorcio ha ganado en primera instancia y se ha recurrido.

Según estas fuentes, FCC no retiró o pidió que se retiraran estos pleitos como condición para firmar el convenio, y ahora el Consorcio considera que la resolución de los pleitos podría variar la cantidad que se adeuda. Las consecuencias reales sobre la deuda, en caso de que el Consorcio ganara ambos pleitos, están por determinar.

12 millones por Janubio

En el caso de Edam Janubio, la deuda que surgió del laudo que obligaba a pagar 12 millones de euros ya se incluyó en la cantidad que debía Inalsa a FCC  en el convenio, pero lo que se discute es la nulidad de aquel contrato, que por otra parte firmó y ratificó la propia Inalsa. En el caso de Aguas Filtradas, no se discute que se haya prestado el servicio sino el coste, pero se podría llegar a un acuerdo.

Posibles consecuencias

Lo más probable es que FCC acuda ahora al Juzgado de lo mercantil que llevaba el concurso de acreedores de Inalsa para exigir el cumplimiento del convenio y que presente una demanda por incumplimiento. Dicho incumplimiento podría tener como consecuencia que se anulara el convenio y por tanto la quita del 21 por ciento acordada en el convenio.