El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará la actuación del Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife en la causa contra Raúl Díaz Cachón, el hombre acusado de matar y descuartizar a su mujer, Romina Celeste Núñez, el 1 de enero de 2019.

Así lo adelantó este miércoles El País, después de la queja de la representación legal de la familia. El acusado quedó en libertad el pasado 13 de enero tras pasar cuatro años en prisión provisional, el máximo que permite la ley. Todavía no se ha fijado fecha para el juicio.

El Consejo General del Poder Judicial ha admitido a trámite la queja presentada por la abogada de la familia de la víctima, que denuncia la actitud “relajada” del Juzgado. También critica que hayan prosperado las maniobras “dilatorias” de la defensa de Raúl Díaz.

La queja entró a través de la Unidad de Atención Ciudadana y ya ha llegado al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, y se está tramitando. Conde deberá recabar ahora un informe del Juzgado antes de determinar si abre un expediente disciplinario que pueda acabar en sanción para el titular de ese órgano.

Cabe destacar que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, fue comisionado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar las posibles disfunciones que podrían haber concurrido en la instrucción por la muerte de Romina Celeste.

El magistrado Moya concluyó que, durante los cuatro años que ha durado el proceso, la causa “en ningún momento ha estado paralizada”, sino que, por el contrario, el dictado de resoluciones por parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que estuvieron en ese periodo al frente del Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife “ha sido prácticamente continuo”.

Es más, el magistrado concluyó que no existe “indicio alguno” de que ninguna de las tres instructoras que actuaron en la causa a lo largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”.

Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces de Canarias expuso que en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”.

Denuncia de la familia

La denuncia de la abogada Emilia Zeballos, que representa a la familia de la víctima, recoge un minucioso relato de las trabas con las que se fue encontrando la investigación judicial, especialmente desde enero de 2020, cuando se encarga un informe pericial para determinar si unas tijeras compradas por el acusado antes del crimen eran apropiadas o no para trocear carne humana.

El informe se pidió a la Guardia Civil el 18 de noviembre de 2019, pero enero de 2020 fue derivado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias. El 24 de junio, el Juzgado reiteró su petición a este organismo, que respondió entonces argumentando necesitar que le enviasen las tijeras. El Juzgado las mandó el 27 de agosto, pero pasó casi un año sin que el Instituto de Medicina legal diera noticia alguna mientras que el juzgado tampoco reclamó el documento.

El 9 de julio de 2021, el Juzgado insistió en su petición. Y en marzo de 2022, comunicó un ultimátum al organismo autonómico y exigió que entregase el informe en 10 días. La prueba pericial llegó, por fin, el 8 de abril de 2022, relata El País.

La abogada tachó de “intolerable” que el Juzgado hubiese “entrado en el juego de la práctica de la prueba de las tijeras, que tenía como objeto el dilatar” el procedimiento. También descalificó que la Fiscalía, que “debe de velar por la legalidad en el procedimiento, haya consentido que más de un año se haya limitado, prácticamente, a la diligencia de las tijeras, cuyo fin era irrelevante”.