La investigación sobre irregularidades en la empresa pública Inalsa lleva cuatro años en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife y su futuro no está nada claro. El caso se archivó pero, hace dos años, la Fiscalía pidió su reapertura tras el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizaba a la empresa pública y detectaba, del análisis de unos pocos expedientes, claras irregularidades.

Se puso la lupa sobre la remodelación de la planta desaladora Lanzarote II, por la que se pagaron 97.245 euros, pero “resulta que no se tramitó contrato alguno que diera cobertura” a la obra sino que solo constan seis facturas emitidas por dos empresas, según destacó el Tribunal de Cuentas.

Para la acusación popular, ejercida por Alternativa Ciudadana, el informe del Tribunal de Cuentas debe tener el “valor probatorio” de una prueba pericial. Además, considera que el desarrollo de la instrucción confirma las conclusiones del órgano fiscalizador de las entidades públicas y recalca que la remodelación de la citada planta desaladora “se adjudicó directamente, de manera burda y grosera, sin cumplir con ninguno de los trámites estipulados” en la Ley de Contratos del Sector Público.

El fiscal Miguel Ángel Hernández no lo tiene tan claro. En un escrito dirigido al Juzgado cita la declaración de uno de los investigados, Rafael Elorrieta, que fue gerente de la empresa pública cuando estaba bajo el control del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) con Plácida Guerra de consejera delegada, que sostiene que aunque las facturas estuvieran nominadas por trabajos de “remodelación” de la planta Lanzarote II, “no se correspondían realmente a una obra concreta” sino a diversos trabajos “menores” que se iban “valorando y acordando sobre la marcha” en el seno de la compañía.

Según Elorrieta, condenado en firme por prevaricación en la pieza Batllori del caso Unión, se contrataban esas obras con Construcciones Mozaga “porque era una empresa con la que había relación de confianza”, tal y como refleja el fiscal en su escrito. La explicación del investigado junto al examen de la “ingente” documentación que obra en la causa llevan al fiscal a concluir que las facturas que sumaban casi 100.000 euros relacionadas con la planta Lanzarote II no constituyeron un “fraccionamiento indebido” de un contrato sino simples “obras aisladas”.

“A dedo”

La acusación popular llega a una conclusión diametralmente opuesta. “Como fundamento” para el sobreseimiento de la causa, señala, el fiscal “se apoya casi exclusivamente en la declaración del investigado”, Rafael Elorrieta, que “en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa” no está obligado a decir la verdad y que “llegó a equiparar la remodelación de una planta desaladora con la construcción de una rampa para facilitar el acceso de minusválidos”.

En ese sentido, destaca que aunque sea normal que el investigado trate de exculparse, “otra cosa muy distinta es la consideración” de su testimonio que hace el fiscal como “única prueba de descargo” para “justificar un cierre en vano de la instrucción”, y que se obvien “las contundentes conclusiones” de los informes de los órganos fiscalizadores “a los que debe concederse presunción de veracidad y valor pericial”.

Es más, la acusación popular subraya que, tras el análisis de la causa “no cabe más que la convicción lógica del incumplimiento de la normativa” de contratación en el sector público por parte de quienes controlaban Inalsa, dirigida entonces por Rafael Elorrieta y Plácida Guerra, investigados en la causa. “Lo que el Ministerio Fiscal llama relación de confianza con las empresas adjudicatarias”, recalca, “llevó a Inalsa al concurso de acreedores” por una “deuda millonaria”.

“Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante un caso de privatización de ganancias mediante el sistema de adjudicación de obras por la relación de confianza (criterio de adjudicación no acogido en la Ley de Contratos en ninguna de sus modalidades) y socialización de pérdidas”, añade la acusación, que incide en que las contrataciones se hicieron “a dedo” y de forma “ilegal”.

Añade que el fraccionamiento de las contrataciones para evitar sacar la obra a concurso público “está reconocido” en el informe del Tribunal de Cuentas, “prueba de cargo suficiente para no dar por terminada la instrucción”.

Además, subraya que unas certificaciones de los colegios de arquitectos y de ingenieros de que no había proyecto para la remodelación de la planta Lanzarote II lo que acreditan es que “se improvisó desde el preceptivo proyecto hasta la adjudicación”, y explica que la remodelación de la planta estaba recogida en un “plan de viabilidad” presentado por Guerra y Elorrieta en abril de 2008.

En su escrito al Juzgado, la acusación popular pide que se cite como testigo al que era director de producción de Inalsa y resalta que no se debe archivar la causa “obviando las evidencias”.