Hay 266 apartamentos en el complejo Teguisol, en Costa Teguise. La gran mayoría tiene una sola habitación y allí conviven residentes todo el año, residentes ocasionales, turistas y ocupantes de viviendas de alquiler vacacional.

Hay obras por todas partes: en los apartamentos, en la entrada y en la piscina. Hay locales, muchos de ellos vacíos y otros en uso, y el mantenimiento de las zonas comunes deja mucho que desear.

La propiedad también es diversa: hay propietarios individuales y sociedades que han ido adquiriendo lotes o bien a través de compra ventas o de una subasta judicial después de que la empresa propietaria, Solvasa, desapareciera.

En los últimos años ha habido al menos dos subastas de dos grupos de 25 apartamentos, que se llevaron a cabo, en muchos casos, con los inquilinos dentro. Algunos de los vecinos dejaron de saber a quién tenían que pagar.

En otros casos, ante el abandono, hay personas que se metieron a vivir allí sin contrato. Los residentes prefieren no hablar. Algunos tienen miedo. “Lo que yo he visto no se hace, con niños y todo...”, dice una vecina que prefiere no ser identificada.

Se refiere a los desalojos de la empresa Lanzaokupa, contratada por una sociedad valenciana que se adjudicó uno de esos lotes en subasta. Esta vecina también dejó de pagar porque no sabía a quién. Lleva muchos años y ha pagado tanto por trasferencia como a diferentes personas en mano, pero ha aparecido un nuevo propietario que a su vez había comprado a otra empresa. “Me voy a ir porque no tiene culpa ninguna”, dice.

En las casas también se nota la falta de mantenimiento: cableado, humedades, muebles de cocina en malas condiciones… Tanto a ella como a otros vecinos les llamaron a declarar como testigos hace años al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise porque hubo una denuncia por parte de algunos propietarios a la antigua empresa, que dejó de atender sus obligaciones.

Además, ante esa situación, algunos vecinos creen que alguien siguió cobrando por apartamentos que no eran suyos. De la misma forma, hubo inquilinos que dejaron de pagar porque no estaban seguros de a quién estaban pagando.

En el último mes, Lanzaokupa ha llevado a cabo seis desalojos en otros tantos apartamentos, según señala la abogada de esta empresa, Natividad González, que dice que la compañía trabaja “en virtud” de lo que le “permite la Ley de seguridad privada”. “Hacemos control de acceso”, afirma.

Asegura que la empresa valenciana compró en la subasta “libre de cargas” según el Juzgado de lo Mercantil y que, según esa sociedad, existe un informe de la Udyco (aunque reconoce que no lo ha visto) dentro de ese procedimiento confirmando esos términos y que, por tanto, ninguno de los inquilinos está en “situación arrendaticia”, es decir, que no tienen contratos en vigor: “Para nosotros son okupas”.

Asegura que se ha llegado a acuerdos para desalojos voluntarios, pero algunos residentes relatan situaciones de mucha tensión, con una vecina que no podía acceder de nuevo a su casa con sus familiares dentro y tuvo que pasar la comida por una ventana. González dice que “no hubo problemas” y que algunos dejaron la vivienda destrozada.

Sin embargo, reconoce que una de las personas desalojadas ha puesto una denuncia a la empresa por acoso inmobiliario que se tramita en un Juzgado de Instrucción. “Hemos actuado de buena fe”, señala González.

Sin embargo, el abogado de una de las personas desalojadas, Tomás Febles, asegura que hay vecinos que seguían pagando la luz, el agua y la comunidad y que no son okupas, pero que no se les ha acreditado quién es el nuevo propietario. Las empresas de desokupación actúan al margen de la ley”, asegura.

“La ley de seguridad privada les permite el control del acceso pero no las coacciones, no se pueden tomar la justicia por su mano”, dice. La vivienda es “una morada y de ella solo se puede salir obligado por resolución judicial y con una comisión judicial.

“Quien empieza a vivir con contrato de alquiler no es considerado okupa”

Dice que los nuevos propietarios lo tienen fácil. Si se trata de okupación, que vayan por la vía penal y si es impago, por la civil: “El que dice ser el propietario que ponga la denuncia pertinente en comisaría”.

Señala que las empresas de desokupación cobran una media de 3.000 euros por vivienda desalojada. En el caso de Teguisol incluso hacen la reforma posterior del apartamento. “He llevado casos contra okupas, pero es que estos no son okupas”, dice el abogado. “No estoy a favor de la okupación, pero nadie se puede tomar la justicia por su mano”.

Recalca que se puede llegar a un acuerdo y negociar, pero que en este caso ni siquiera hay denuncia previa, ni Policía “ni nada de nada”, mientras que algunos vecinos sí tenían contratos en vigor “y si no hay una sentencia que diga que son falsos, no lo son”.

“Hay jurisprudencia que dice que alguien que empieza a vivir con contrato de alquiler no puede ser considerado okupa”, concluye.