El debate sobre la implantación de las energías renovables en Lanzarote está subiendo de temperatura. El Cabildo ha bloqueado la declaración de interés público o social de los parques eólicos privados y ha fijado criterios restrictivos para las plantas fotovoltaicas. El rechazo a la instalación de dos aerogeneradores ya ha llegado a los tribunales y la promotora denuncia presuntos indicios de prevaricación.

Mientras tanto, la ordenanza insular que tenía que fijar los espacios en los que implantar las energías renovables ni siquiera se ha presentado, nueve meses después de que iniciara el procedimiento para su aprobación. Y, pese a los objetivos de transición ecológica, apenas el 15 por ciento de la potencia energética de Lanzarote es limpia.

Retraso en la planificación. La Ley de cambio climático y transición energética de Canarias se acaba de publicar y entrará en vigor este próximo mes de marzo. Está llamada a ser la piedra angular sobre la que pivotará la implantación de energías renovables y deja claro la jerarquía: será una iniciativa del Gobierno autonómico, el Plan de Transición Energética de Canarias el que “establecerá los criterios de localización de las instalaciones de energía renovable”.

Las primeras versiones del Plan ya están sobre la mesa y contemplan numerosas zonas para la colocación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas en Lanzarote, en todos los municipios. De hecho, para aerogeneradores en tierra ve viable su instalación en más de 89 kilómetros cuadrados en total en la Isla. En la actualidad, los parques eólicos existentes no ocupan ni cuatro kilómetros cuadrados.

De los 273,25 megavatios de potencia que tiene Lanzarote, más de 232 los aporta la central térmica, que se alimenta de productos derivados del petróleo, otros 31,5 megavatios son eólicos, unos 7,4 son fotovoltaicos y 2,1 proceden de biogás, de una planta instalada en el complejo ambiental de Zonzamas.

El Gobierno contempla más de 89 kilómetros en Lanzarote para energía eólica

El pasado marzo, el Cabildo inició la tramitación de una ordenanza insular que tenía que identificar las zonas de Lanzarote en las que se prohibiría “expresamente” la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas. En principio esta norma estaba encaminada, porque tomaría como “base” un estudio encargado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Sin embargo, solo ha salido una consulta previa, sin información.

En marzo, el Cabildo también acordó elaborar un Plan Territorial Especial para la implantación de infraestructuras energéticas. Poco más de dos meses después archivó el procedimiento. Se mantuvo vivo el expediente de la ordenanza insular, para plantear determinaciones de ordenación de las renovables en suelo rústico. “Una vez redactada” esta ordenanza, “se elevará al Gobierno de Canarias a efectos de su toma en consideración” en el Plan de Transición Energética, argumentó el equipo presidido por Dolores Corujo.

En cambio, mientras la comunidad autónoma ya tiene avanzado su Plan, el Cabildo no ha expuesto públicamente su ordenanza. El Ejecutivo regional maneja dos opciones para 2030 en Lanzarote: o 195 megavatios de eólica en un área de 13 kilómetros cuadrados o 232 megavatios en 15,5 kilómetros.

Privada no, pública sí. En apenas una década, el objetivo del Gobierno de Canarias es que en Lanzarote no haya central térmica convencional, como la actual de Endesa en Punta Grande, que la Isla tenga instalados 255 megavatios de eólica en tierra, otros 126 megavatios en el mar y plantas fotovoltaicas, al margen del autoconsumo, que sumen 66 megavatios.

La realidad actual es radicalmente distinta: el diagnóstico del ITC para el Cabildo “refleja una extrema dependencia” del “consumo de combustibles fósiles”, con la importación anual de más de 452.000 toneladas de derivados del petróleo.

El Cabildo inició y al poco archivó el Plan Territorial de infraestructuras energéticas

Por ahora, la práctica del Cabildo ha sido paralizar los proyectos de energías renovables de empresas privadas. En marzo acordó en Consejo de Gobierno una serie de “criterios” para resolver las solicitudes de declaración de interés público o social de aerogeneradores o plantas fotovoltaicas, que “estarán en vigor hasta la aprobación de un plan territorial de renovables” o “una ordenanza insular” para este tipo de instalaciones energéticas.

“Debido a su impacto paisajístico”, quedaron “totalmente excluidas las instalaciones de generación eólica” y las placas fotovoltaicas en suelo “solo serán permitidas cuando se justifique que la potencia requerida”, para autoconsumo, no puede ser alcanzada con la colocación en las cubiertas de edificaciones asociadas al proyecto.

En el último año, el Cabildo ha recurrido la colocación de dos aerogeneradores entre Arrecife y Costa Teguise, que sumaban seis megavatios y cuya ejecución había sido autorizada por el Gobierno de Canarias en febrero. En agosto rechazó la declaración de interés público o social de una planta fotovoltaica de dos megavatios para verter la energía en la red eléctrica, que se pretendía instalar en Tías. Ese mismo mes, también rechazó un parque eólico en el municipio de Yaiza, de cuatro molinos y unos 20 megavatios de potencia, promovido por la multinacional Siemens-Gamesa.

En color, zonificación para la eólica terrestre en Lanzarote, dentro del Plan de Transición Energética.

Lanzarote todavía no ha aprobado la ordenanza para establecer las zonas prohibidas

Mientras se han bloqueado de forma específica estos tres proyectos privados, el Cabildo, a través del Consorcio del Agua, organismo del que tiene el control, firmó en junio con Elecnor la instalación de cuatro molinos con 9,2 megavatios por 13 millones de euros en San Bartolomé. Y tiene en información pública la evaluación de impacto ambiental de otro parque idéntico junto a la escombrera de Arrecife. Cuando se ejecute, en esa zona tendría 16 aerogeneradores. Se da la circunstancia de que ese espacio está clasificado como suelo rústico de protección por la existencia de jable.

Un caso en los tribunales. El expediente de uno de los parques eólicos impulsados por la iniciativa privada y rechazado por el Cabildo en el último año está siendo analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se trata del parque Vista Mar, el citado de dos molinos, que se emplazaría entre la Circunvalación de Arrecife y Costa Teguise, a algo más de 300 metros de distancia de la LZ-18, la carretera que en la localidad turística se transforma en la Avenida de Las Palmeras.

En septiembre de 2021, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, declaró de interés general las obras necesarias para el parque eólico, promovido por la empresa Renovertis y que tenía declaración de impacto ambiental desde diciembre del año anterior. El parque consistiría en dos aerogeneradores: uno de cuatro megavatios y otros con la mitad de potencia.

En un decreto posterior, de febrero de 2022, con el que autorizó la ejecución del parque, Valbuena destacaba “que existen razones justificadas de excepcional interés” para su puesta en marcha y citaba como “impactos positivos” la inversión de casi ocho millones de euros, la reducción anual de 11.250 toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera en la central eléctrica o el ahorro de 32,4 millones en el “extracoste” que paga el Estado por la generación de energía en Canarias. También que supondría acercarse al objetivo para 2026 de 190 megavatios eólicos entre Lanzarote y Fuerteventura, que están interconectadas. El Ayuntamiento de Teguise informó de que los molinos se colocarían en suelo rústico de infraestructuras y en rústico de protección territorial, el de menor relevancia.

Una promotora denuncia “graves indicios de desviación de poder” y de “prevaricación”

La presidenta del Cabildo recurrió la autorización de Valbuena en abril. Al mes siguiente, el Consejo de Gobierno de Canarias lo aceptó con el argumento de que no puede “obviarse que la disconformidad de una corporación insular” con el proyecto “es un elemento de ponderación de gran relevancia”.

Añadía que el Cabildo había trasladado a la Dirección General de Energía un acuerdo: una declaración política en contra de que se utilizase una vía excepcional de la ley que regula el sector eléctrico canario, que se ha utilizado de manera habitual por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, por ejemplo en Fuerteventura, para dar luz verde a parques eólicos por su interés general, y que había sido utilizado también en el caso del parque eólico de Costa Teguise. Un parque eólico privado “no deja de ser simplemente un proyecto empresarial que tan solo aspira, como corresponde, a dar respuesta a un interés particular”, decía ese acuerdo del Cabildo.

La administradora de Renovertis, Olga Fernández, critica el “fracaso del desarrollo de las renovables en Lanzarote”, sostiene que cada año se emiten 1,4 millones de toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera por su modelo energético y cuestiona que “este territorio se mantiene totalmente ajeno a lo que está sucediendo con el planeta”. Frente a la “dependencia del exterior” a escala energética, defiende que “se necesitan todos los parques eólicos de inversión privada o pública que se puedan ubicar en suelos compatibles, sin protecciones ambientales”, como recalca que es el caso de sus aerogeneradores.

En su opinión, la retirada de una autorización que ya se le había concedido, condena “a consumir energía fósil a los ciudadanos de Lanzarote”, y “nada tiene que ver con el bien público” sino que se ha fundado en “decisiones políticas arbitrarias”. También asegura que los dos molinos producirían la energía para el suministro de 6.000 viviendas y que su empresa ya acometió mejoras en la subestación eléctrica de Punta Grande.

En un escrito enviado a Diario de Lanzarote, asegura que el retraso del proyecto, amparado “por políticos del propio Gobierno de Canarias”, tiene “graves indicios de desviación de poder” y de “prevaricación”.