Los tres diputados socialistas en el Parlamento de Canarias que este miércoles se ausentaron del pleno para no participar en la votación de la llamada ley de las islas verdes no tienen previsto recular. Y eso que existe la posibilidad –de momento remota- de que la dirección de su grupo parlamentario les sancione por su actitud.

El próximo lunes habrá reunión y no se descarta que eso pueda ocurrir, aunque el portavoz, Iñaki Álvaro Lavandera, aseguró a este periódico que en el orden del día no hay un punto que diga eso específicamente. Se limitarán a “analizar la organización interna del grupo y a programar las acciones del próximo semestre”. ¿Se abordará lo ocurrido con la ley de las islas verdes? “Sí, y si se proponen sanciones las analizaremos”, contestó Lavandera.

Gustavo Matos, Gabriel Corujo y la presidenta del Grupo Parlamentario, secretaria general del PSOE de Lanzarote y alcadesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, se ausentaron el miércoles del pleno justo en el momento en que se llamaba a sus señorías a votación. No querían votar a favor y, para no quebrar la disciplina, abandonaron el salón de sesiones para regresar a él cuando se acometió el siguiente punto en el orden del día.

Los diputados rechazan que se les considere “díscolos” porque sostienen que la postura ante esa ley jamás se debatió en el grupo parlamentario: “nos lo encontramos como hechos consumados”, recalca Gustavo Matos. En todo caso, a su entender, los díscolos o indisciplinados podrían ser los que ahora pretendan actuar contra ellos “sin respaldo alguno de resoluciones del partido o acuerdos del grupo parlamentario. Sólo existe lo que hayan pactado con Ruano (portavoz de CC) y Castro Cordobez (líder histórico de CC en La Palma)”.

Además, consideran que esta ley está “en contra de las resoluciones del partido” con respecto al territorio y los espacios protegidos, y no consta en los acuerdos con Coalición Canaria como para tener que asumirlos sin discusión.

La ley de las islas verdes o Ley Turística de las Islas Occidentales, supone un cambio radical en el modelo de desarrollo territorial de La Palma, La Gomera y El Hierro. Solo para la primera de ellas quedan autorizados de facto cinco campos de golf con sus correspondientes urbanizaciones anexas. Su articulado ha provocado que Podemos y Nueva Canarias hayan anunciado que habrá recursos incluso ante las instituciones comunitarias por infracción de sus directrices.

Siga leyendo en Canarias Ahora.