La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, ha señalado este lunes por la mañana, respecto a las instalación The rising tide, del artista británico Jason deCaires, colocada bajo el Castillo de San José, que tenía un permiso temporal, por un año, que ya ha caducado, y que se hizo sin informes técnicos ni artísticos y por decisión personal del consejero de los Centros y sin la autorización de dicho consejo.

Corujo dijo que la exposición se instaló en 2016 y después se pidió el permiso y que solo hay un informe de Patrimonio que era favorable porque se trataba de una exposición temporal.

Aseguró que  el interés de los Centros era “dar a conocer ampliamente la obra de De Caires”, tal y como se afirmaba en una nota de prensa. Aseguró que la decisión de instalar los caballos no tiene que  ver con el interés general sino con caprichos, filias y fobias.

La presidenta dijo que la obra es una segunda copia de tres previstas, y que la tercera, que iba a instalarse en Venecia o París, no se ha llegado a colocar y eso debe invitar a una reflexión sobre que  “ningún destino potente acoge algo que no es novedad”.

“No se justifica darle un espacio privilegiado en ese entorno que tiene que tener identidad propia, no aporta nada reciclar otro modelo sino potenciar los modelos que nos diferencian”, aseguró.

También puso en duda la valoración de la obra porque si 300 figuras cuestan 700.000 euros, cuatro no pueden 300.000 euros. 

El portavoz de CC, Pedro San Ginés, se burló de la pronunciación en inglés del nombre del artista por parte de la presidenta. “Permítame que la rectifique”, dijo. San Ginés aseguró que como el castillo no es Bien de Interés Cultural, no hacía falta informe de patrimonio pero que sí se pidió informe medioambiental a la Autoridad Portuaria.

San Ginés había hecho un recorrido por la figura de De Caires y señaló que su obra no le hace daño a nadie. “Si acaso esto hace daño a la FCM”, aseguró y dijo que al grupo de gobierno solo les gusta el arte si es del gusto de la Fundación”.

Lorenzo pidió que fuera permanente

Corujo reveló que fue el 16 de junio de este año, tras las elecciones, cuando el consejero delegado, José Juan Lorenzo, pidió al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que transformara la instalación temporal en definitiva.

Esta decisión, según Corujo, también se hizo sin cobertura legal, ya que el acuerdo final decía que era una cesión por diez años y el consejero se “saltó” esta decisión, así que “toca retirarlos”. Señaló que la transformación de temporal en definitiva supone tener que pagar 200.000 euros.