El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ha recusado a dos de los magistrados del tribunal que tiene que juzgar la operación Jable, el mayor caso de corrupción de la Isla que falta por llegar a juicio. El objetivo es salvaguardar la imparcialidad de la Sala que tiene que enjuiciar el caso, en el que se analizará el presunto cobro de comisiones por la entrega del contrato de la basura en Arrecife a Urbaser y por la construcción del pabellón de Argana, adjudicada a FCC.

Hay 13 acusados, entre ellos la exalcaldesa Isabel Déniz y el exsecretario Felipe Fernández Camero. La acusación considera acreditado que solo Urbaser pagó al menos 757.000 euros en sobornos. Con la petición de solicitar la recusación de los magistrados Carlos Vielba y Belén Sánchez, el fiscal Anticorrupción desarma cualquier intento de las defensas de los acusados de alegar que el tribunal estaba contaminado. Tanto Vielba como Sánchez, como integrantes de la Sección Sexta, celebraron en 2019 otro de los juicios del caso Unión, relacionado con la red de cobro de comisiones en Arrecife.

El nexo común entre aquel procedimiento, que confirmó la existencia de una trama para el cobro de comisiones, son dos acusados: Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), y Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica municipal. Martín fue condenado a siete años y cinco meses de cárcel por asociación ilícita, malversación de caudales públicos en concurso con delitos de fraude y prevaricación, así como un delito de cohecho. Arrocha aceptó una multa por un delito de revelación de información reservada.

El fiscal señala, en un escrito dirigido a la Sección Segunda, que es la que va a celebrar el juicio, que lo que se llamó operación Jable está conectado con la pieza principal, el caso Unión. “Es innegable”, señala Ródenas, que “existe una instrucción común de la que se han desgajado las piezas de los distintos delitos conexos para agilizar el proceso y facilitar la celebración del juicio”. Si la vista oral de la pieza Jable se celebra en 2021, se habrán cumplido 11 años desde que estalló la operación, que instruyó el juez Pamparacuatro.

El fiscal indica que los dos magistrados recusados ya “avalaron” tanto la instrucción como el “origen legal en la obtención de fuentes de prueba vinculada a la génesis misma del procedimiento penal”, descartando los argumentos de algunas de las defensas respecto a los pinchazos telefónicos. Su participación en el juicio pondría “en serio riesgo la imparcialidad de la Sala enjuiciadora”, abriría la puerta a que las defensas lo alegasen y que se pudiese anular.

El otro magistrado de la Sección Segunda para este caso es José Luis Goizueta, que figura como ponente. Hasta que se resuelva la recusación, el fiscal recuerda que se suspende “el curso del pleito”, lo que puede suponer un retraso en que se fije fecha para la vista oral.