Para Pedro Hernández, profesor universitario y activista contra las prospecciones petrolíferas en Lanzarote desde hace más de una década, todavía hay posibilidades de frenar las perforaciones y llama a los ciudadanos a volver a manifestarse el 18 de octubre. “Tenemos razones de sobra para no quedarnos en casa”, afirma.

- Después de que el Ministerio de Industria diera el último permiso a Repsol para perforar los pozos de prueba, ¿qué se puede hacer en el ámbito ciudadano?

- En los últimos dos años hay un doble trabajo: el jurídico, que desarrollan fundamentalmente las instituciones, y el ciudadano, que es mucho, para mantener la actividad. Ahora mismo hay que conseguir que salga la mayor cantidad posible de personas a la calle el 18 de octubre.

- ¿Para qué una nueva manifestación?

- Para que tanto en Europa como en el Tribunal Supremo, en la propia multinacional Repsol, y en el Partido Popular de las Islas sepan que las prospecciones son una decisión  de una minoría y con tintes antidemocráticos, porque en ningún lado del mundo se produce lo que está pasando aquí. Si el Gobierno, el Parlamento, los cabildos, los ayuntamientos, los ciudadanos en la calle y la comunidad científica dicen que ‘no’ a este proyecto se tiene que respetar y eso no está ocurriendo.

- ¿No cree que se puede dar una posible desmovilización ciudadana?

- Hay que decirle tres cosas al ciudadano: su derecho a la felicidad no puede estar amenazado ni en riesgo y que Soria, los señores del PP y Repsol no van a poner en riesgo que vivamos en un lugar en paz. Cuando uno quiere vivir en un territorio en felicidad no basta con ir cada dos o tres meses a una manifestación, tiene que ser una batalla continuada. Somos mayoría y no podemos tolerar que pisoteen la voluntad ciudadana. Tenemos argumentos de sobra para no quedarnos en casa. 

- ¿Cree que la oposición a las prospecciones puede influir en Repsol?

- Repsol cree que está actuando en Canarias igual que lo hizo en los años 90 en América Latina, en Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina... donde se produjeron verdaderas invasiones, haciendo daño al medio natural, saqueando los recursos petrolíferos y de gas, y haciéndole mucho daño a la comunidad local. Allí pudieron hacerlo porque había cierta connivencia del aparato político. Y había poca visibilidad desde el punto de vista de la oposición ciudadana. Aquí no lo van a poder hacer. Han sido incapaces de que los ciudadanos nos tragáramos sus argumentos sobre los puestos de trabajo.

-  El Gobierno de Canarias ha anunciado una consulta popular. ¿Cree que realmente se llevará a cabo o que el Gobierno central lo impedirá?

- Enrique Hernández Bento [subsecretario del Ministerio de Industria] ha dicho que no va a tolerar que los ciudadanos de Canarias podamos tomar la palabra. Quienes ejerzan la actividad política, que se presentan a las elecciones, que le piden el voto a los ciudadanos para que les apoyen y están representándonos en cualquier ámbito, y que digan que los ciudadanos no podemos tomar la palabra en un asunto de tanta trascendencia política, ambiental y económica no pueden estar ni un minuto en la actividad pública. Lo que está haciendo el Partido Popular no deja de ser fascismo, un fascismo moderno, yendo en contra de la voluntad de los ciudadanos.

- ¿Le ha decepcionado la posición de la Comisión Europea con respecto a las prospecciones petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura, en un área marina que se quiere proteger medioambientalmente?

- Con la Comisión Europea de antes de las últimas elecciones teníamos esperanzas pero no podíamos esperar mucho más de un organismo que representa a la derecha más liberal y más ultra conservadora de Europa. En las quejas presentadas, la Comisión no ha hecho otra cosa sino un copiar y pegar lo que el Ministerio de Industria le ha ido contestando, sin cuestionarlo. Estamos ahora en un nuevo escenario político, y hay otras sensibilidades representadas. A partir del 29 de mayo, cuando se emite la declaración de impacto ambiental, ya puede valorar el fondo de las denuncias sobre el incumplimiento de directivas comunitarias básicas de evaluación ambiental o de conservación de los hábitats.

- En el caso de que ocurra lo que el Gobierno central ha aprobado y se efectúen las perforaciones, ¿qué cree que tendrían que hacer quienes se oponen?

- Esto es como en un partido de fútbol: mientras el árbitro no pite el final del partido y el balón esté en juego todavía hay partido. Hay un recurso presentado en el Supremo pidiendo la nulidad de la sentencia [favorable por tres votos a dos a los sondeos]. Con que un magistrado cambie de opinión… y también se han presentado recursos de alzada ante la resolución del Ministerio de Industria,  que no tiene en cuenta demandas que se plantearon en la Declaración de Impacto Ambiental, que es ilegal en lo que afecta al Lugar de Interés Comunitario [propuesto en aguas de Lanzarote y Fuerteventura]. Y estamos expectantes de que pueda haber una resolución del Parlamento Europeo exigiéndole a la Comisión que lleve al Reino de España al Tribunal de Luxemburgo. Por otro lado, la Autoridad Portuaria no puede autorizar a Repsol la base logística, va en contra de la política estratégica del Gobierno de Canarias. El presidente de Puertos de Las Palmas, Luis Ibarra, no puede ser un virrey que hace lo que le da la gana al margen del debate político, social y científico que hay en Canarias en relación con el tema del petróleo. No pensamos que pueda haber un día después, porque pensamos que Repsol va a recular y que el Gobierno del PP, aunque tenga muchos intereses, probablemente personales, va a tener que reflexionar y actuar en función de la voluntad de los canarios.