Loueila Mint El Mamy lleva años escuchando los testimonios de las personas que llegan en pateras y cayucos a las Islas. Esta letrada saharaui denuncia la vulneración de derechos fundamentales que están sufriendo los inmigrantes que se encuentran en los macrocampamentos y Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) como el de la libre circulación y no duda en poner el foco en el papel que está jugando la Unión Europea, convirtiendo el Archipiélago en “un puesto fronterizo, una zona donde las personas permanecen atrapadas”.

-Se habla de Canarias como la nueva Lampedusa de Europa, con unas islas convertidas en jaula para las personas inmigrantes. ¿Qué está pasando en el Archipiélago?

-La política de la Unión Europea ha cambiado y por ello el Ministerio del Interior ha blindado puertos y aeropuertos de las Islas para garantizar que ninguna persona con acuerdo de devolución y pasaporte pueda salir de Canarias hacia el territorio nacional. Realmente, la normativa de extranjería, la europea y la nacional, no prevén esta situación. Es decir, el hecho de que personas con un pasaporte en vigor y con un acuerdo de devolución no puedan transitar libremente dentro del territorio nacional. Según las compañías aéreas y marítimas, quienes tengan un pasaporte en vigor y su billete pueden circular. Señalan que es el Ministerio del Interior, la Policía de Frontera, la que está impidiendo que las personas puedan circular libremente. Eso hace que, desde diciembre, esta gente esté bloqueada. Se le está vulnerando el derecho fundamental a la libre circulación y a la libre fijación de residencia en otro territorio. La idea de la Unión Europea es que Canarias sea un puesto fronterizo, una zona donde las personas permanezcan atrapadas. El reglamento de asilo se está modificando ahora mismo en la Unión Europea y pretende que estas personas se queden atrapadas en Canarias seis meses, mientras se les admite a trámite la solicitud de protección y, si no, que sean devueltas a sus países de origen.

-¿Qué derechos se están vulnerando en los aeropuertos canarios?

-En diciembre empezaron con algo que considero que es racismo institucional. Se trata de hacer controles raciales a personas negras y magrebíes a las que se les ha estado parando e identificando solo por ese hecho, pudiendo ser algunos nacionales de territorio español. Se han amparado en la crisis sanitaria para buscar una excusa para bloquear a las personas migrantes. Sin embargo, esta crisis sanitaria no ha impedido que sigan entrando turistas y continúen saliendo personas hacia Península. Es importante señalar que de la inmigración que entra en territorio español, según datos de 2020, de las 748.000 personas que entraron, solo un cuatro por ciento, unas 41.000, son inmigración irregular. En su mayoría o son devueltos a sus países de origen o se les deja transitar porque son solicitantes de protección internacional o vulnerables. Poner el foco en estas personas, que tienen los mismos derechos que nosotros, es criminalizar la inmigración y, en segundo lugar, criminalizar la pobreza.

-El Gobierno central asegura que se está sacando de Canarias hacia Península al colectivo de inmigrantes vulnerables. Pero ¿realmente es así?

-Es verdad que durante meses señalaron que se iba a sacar a 1.000, después a 2000, pero también es verdad que se han sacado a cuentagotas. Conocemos el caso de mujeres que han sido trasladadas o solicitantes de protección internacional, pero han sido a cuentagotas los que han sido derivados a Península. Ha salido muy poca en proporción a las personas que han llegado. Ahora mismo, no se les puede bloquear en Canarias con las infraestructuras tan pobres que hay en las Islas y con las ganas que tienen estas personas de transitar porque cuentan con familia y recursos en Península. No se les puede bloquear por un tema de moralidad, pero también por legalidad. Y eso lo tienen que respetar las comunidades autónomas, el Ejecutivo, el Ministerio de Inclusión, la Secretaría de Migraciones y el Ministerio del Interior. No se pueden limitar los derechos a las personas por ser inmigrantes.

“En vez de con mediación, se responde con la fuerza y pelotas de goma”

-¿Qué está ocurriendo en macrocampamentos como el de Las Raíces, en Tenerife, o en el de El Matorral, en Fuerteventura?

-Nos estamos equivocando. Tengo un compañero que dice que Canarias no está haciendo una acogida, sino una recogida. Las personas están desesperadas. Solo hay que ir y mirarlas a la cara para entender su desesperación y frustración. No quieren estar en las Islas. No querían estar en los hoteles y tampoco quieren estar ahora en los campamentos. Pero parece que eso no nos duele. Tenemos que saber si queremos que Canarias sea una zona donde se garantiza el tránsito o una zona de bloqueo, un centro penitenciario donde las personas tienen su salud emocional tocada y donde se les está privando de sus derechos fundamentales y básicos. Nos dolía que pudieran estar en hoteles, en condiciones dignas cuando están vacíos, y ahora los tenemos en macrocentros comiendo comida que no comeríamos ninguno de nosotros, sin agua caliente, con un intérprete para no sé cuántas personas y un abogado para 500. Eso no nos duele y tampoco que la gente esté durmiendo en las calles. Da igual si son nacionales o inmigrantes. Nos tiene que doler la miseria humana que existe. Parece que se nos olvida que los demás también tienen los mismos derechos que nosotros.

-Estamos viendo que cada vez son más frecuentes las situaciones de tensión en los campamentos de acogida creados por el Ministerio de Migraciones...

-El no derivarlos a la Península y que no se les deje viajar con su pasaporte ni como solicitantes de protección internacional hace que se tense la cuerda. Los migrantes están en macrocentros. Aunque estén en régimen de libertad, no pueden salir de Tenerife o Gran Canaria. Eso, mezclado con la situación de estar encerrados en un macrocentro con otras personas, otras nacionalidades y ver que su situación lleva desde noviembre o diciembre igual, hace que se frustren. Vemos que las consecuencias están siendo terribles hasta el punto de que tenerlos bloqueados está afectando la salud emocional de muchas personas.

-Al final ese bloqueo y la incertidumbre acaba en situaciones de violencia…

-Hace unos días, tuvimos a un grupo de personas con una actitud agresiva y descontrolada porque no entienden todo esto. Les dan un plato de comida que consideran humillante y que no les llega ni para media hora de descanso estomacal. Creo que el Gobierno de Canarias tiene la intención de que esto explote y, una vez explote, se asuman responsabilidades. Se están autolesionando y viendo muy afectados emocionalmente y tememos que pueda haber consecuencias peores. No se puede justificar ninguna agresión, venga de quien venga y de la manera que venga, pero también tenemos que poner el foco sobre lo que es. Se está respondiendo a estas personas, en vez de con un proceso de mediación y entendimiento, con la fuerza y el uso por parte de la Policía Nacional de pelotas de goma para intervenir en el espacio.

“Se nos olvida que los demás tienen los mismos derechos que nosotros”

-¿Cómo está siendo el tratamiento jurídico que se les está dando en los macrocampamentos?

-Estos centros dependen de las ONG y tienen un abogado para 300 o 400 personas. Hay casos de personas que quieren solicitar protección internacional, pero los recursos son escasos. Con un abogado para 500 personas es imposible. Al final, ese abogado queda tocado mentalmente y tampoco podrá llegar a las 500 personas que tiene que asistir. Aparte, tiene un solo intérprete para todos. En esas condiciones, no se puede garantizar lo mínimo, que es el derecho fundamental a la asistencia de letrados. Faltan recursos, mientras se gastan miles y miles de millones de euros en Frontex, SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) para garantizar las fronteras. Se gasta un montón de dinero para custodiar la frontera cuando, si se destinase a una acogida digna y se permitiera que las personas pudieran transitar, expedir un visado y salir con todas las garantías, no nos veríamos en estas circunstancias.

-Parece que en la admisión de protección internacional se tiene más en cuenta la nacionalidad que el testimonio de las personas…

-Sí. Esto lo estamos viendo también con el hecho de que el reglamento de asilo que va a ser modificado limite la posibilidad de solicitarlo, por ejemplo, a los magrebíes. Limita la posibilidad por nacionalidades. Yo soy letrada y llevo temas de asilo y me he encontrado a solicitantes de protección internacional con perfil activista que han sufrido menos que otros que no lo son. Es muy complicado poder discernir. La práctica demuestra que el estatuto de refugiado no se le otorga a ninguno. La mayoría son admitidos a trámite por silencio de la Oficina de Asilo y Refugio, pero, después, esas solicitudes son denegadas en su mayoría. Por otro lado, vemos a magrebíes a los que se les dice “tú no porque alegas motivos económicos o mejorar las condiciones”, pero me he encontrado a personas que viven en la calle con una vida muy triste, sin encaje en la solicitud de protección internacional. Personas vulnerables, que se juegan la vida para llegar a Canarias y que tienen en sus países de origen condiciones terribles a las que también tenemos que respetar su derecho de solicitud de protección internacional. El estudio individualizado de su historia tiene que existir.

-¿Se está impidiendo la libertad de circulación a las personas que solicitan protección internacional en las Islas?

-Sí. Se está impidiendo desde el minuto uno, en el que necesitan tener la entrevista sobre la petición. Ahora mismo, no hay ningún criterio unificado en el aeropuerto. Fuerteventura, Lanzarote, La Palma o La Gomera, es decir en las islas pequeñas, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, en Gran Canaria y Tenerife el solicitante de protección internacional necesita, no que lo haya manifestado, es decir, que tenga el resguardo de la solicitud, sino que esté registrado ya en el programa que ellos tienen. Que se haya formalizado y contado su historia. Entendemos que eso limita a los solicitantes de protección internacional. Si yo quiero manifestar mi voluntad en el lugar que ha sido el primero al que he llegado, pero mi entrevista no la hacen hasta dentro de seis meses y prefiero esos seis meses esperar con mi familia en otro lugar y cambiar mi expediente, no me lo pueden limitar. Se ha estado limitando a personas con pasaporte completo en vigor, nacionales de Marruecos, Senegal, Gambia y otros países, también a los solicitantes de protección internacional. Hemos visto que hay un informe del Defensor del Pueblo donde también se recoge esta situación.

“Con menores prevalece la condición de extranjero y no puede ser”

-Desde hace varias semanas semanas, jóvenes magrebíes, que aseguran ser menores, duermen en la calle tras abandonar el centro de El Matorral. Desde que llegaron a Canarias defienden que son menores y muestran documentación.

-Hay que darle siempre prioridad al interés superior del menor. Es decir, si manifiesta que es menor, se tiene que iniciar todo el procedimiento. Se incoa un expediente para la determinación de su minoría o mayoría de edad. La competencia es de la Fiscalía de Menores, aunque en algunas provincias es la de Extranjería. Hay que tener en cuenta que, si tienen documentación adicional de sus países, debe prevalecer esa documentación sobre las pruebas óseas. Lo dice el Comité de Derechos del Niño, el Defensor del Pueblo y también numerosos magistrados.

-No hay que olvidar que las pruebas óseas tienen un margen de error...

-La prueba ósea es una prueba que está determinada por una prueba de tomografía, radiografía de clavícula, del diente, de la mano. Esa prueba está diseñada para personas que no son africanas, blancas y del norte de América, personas que no son racializadas. Por tanto, difícilmente, va a poder ser exacta con personas racializadas. Canarias no lo está haciendo bien. El Defensor del Pueblo dice que esa prueba no es determinante y también lo dicen numerosas sentencias. En cambio, se le sigue dando valor probatorio. Algunas fiscalías entienden que un documento como la partida de nacimiento no vale, lo que vale es el pasaporte en vigor o el carnet de identidad de su país. Esta visión de Fiscalía es completamente occidental. En África, hay gente que vive en aldeas y que nunca ha tenido acceso a solicitar un pasaporte o un DNI. A algunos, incluso, no se lo dan hasta que cumplen la mayoría de edad. Si no se sale de la visión occidental y se entiende que en otros países funciona de otra manera, la aplicación va a ser injusta.

-Entonces, ¿se está dando un trato injusto a los menores inmigrantes en Canarias?

-Hemos tenido menores dentro de centros de internamiento de extranjeros, menores en la calle y menores en situación de vulnerabilidad mezclados con otros adultos en macrocentros. Hay algo que siempre prevalece cuando se trata de menores no acompañados y es su condición de extranjero sobre la de menor y eso no puede ser. No se puede criminalizar la inmigración. El hecho de entrar de manera irregular en territorio nacional no es un delito, es una infracción administrativa y, como tal, no se le puede dar un tratamiento de criminalización a estas personas. No puede ser que el presidente del Gobierno de Canarias publique que se siente mal porque una niña ha fallecido. Para que una niña no fallezca llegando a las costas canarias tenemos que velar por los derechos en el país de origen y en el de llegada y tránsito.