Llega a la cita cojeando. Ya le han reconocido una discapacidad del 79 por ciento, después de mucho tiempo, pero tiene que pelear ahora por la pensión. Empezó casi de cero porque tuvo que marcharse una temporada a Colombia a cuidar de su padre, ingresado en el Hospital durante un año. Llegó a España, a Barcelona, en 2001, y a Lanzarote diez años después. Trabajaba como camarera de piso en un hotel de Puerto del Carmen y sufrió una caída que le ha impedido volver a trabajar. Pero esa no es la historia. Cuando se fue a Colombia, a mediados de 2021, Yamile Rivera aún tenía casa. Estaba amenazada de desahucio, pero tenía casa.

Habían ocurrido una serie de circunstancias que le hicieron otorgar un poder a un abogado para que interviniera en caso de que se produjera el lanzamiento. Había dejado todas sus cosas en la vivienda, que eran, en definitiva, todas las que había en la casa: electrodomésticos, muebles, enseres personales y hasta un colchón ortopédico. Todo salió mal. Cuando regresó de Colombia, en septiembre de 2022, ya no tenía casa. Aún no ha podido recuperar sus pertenencias y desde entonces vive de prestado en casas de amigos o conocidos. Ahora duerme en un sofá.

“Tengo que descansar bien y no duerno nada”, dice. “Entraron en mi casa y cambiaron la cerradura, no he recuperado mis cosas y no me dejan recuperarlas. El abogado no me dijo nada del desahucio, si lo hubiera sabido habría intentado hacer algo, pero me dejaron a la deriva y ahora estoy de un lado al otro”. Tenía casa, pagaba 300 euros al mes y vivía “muy tranquila”. Se vio envuelta en una ejecución hipotecaria entre el supuesto propietario de la vivienda, un posible estafador, un banco, una sociedad de inversión y un sistema que ni entiende ni atiende a otras circunstancias que no sean las estrictamente legales.

Vivía en la calle Vicente Guerra, en Altavista, desde 2015. Pagaba esos 300 euros a una persona que acabó desapareciendo cuando comenzaron a llegar cartas a los vecinos para que acudieran al Juzgado por un procedimiento de ejecución hipotecaria. A ella no le llegó, pero también se presentó, como el resto. Resulta que su casa, y otras dos más de esa promoción, ni siquiera estaban registradas en aquel momento. Yamile pidió una nota simple en el registro y la vivienda no aparecía. Ahora sí lo están.

El supuesto dueño llegó a insultarla por haberse presentado en el Juzgado. Le insistió en que no tenía que acudir, pero ella fue y presentó los recibos para demostrar que estaba al día en el pago. Hubo una vista en el Juzgado. “La jueza nos preguntó si queríamos seguir siendo inquilinos, dijimos que sí y ella dijo que ya nos llegaría la resolución, pero nosotros no nos enteramos de nada, nadie nos explicó bien nada de lo que pasaba”.

Después de aquello, el casero desapareció. “Dicen que se fue a Rumanía”. Los vecinos no volvieron a saber nada de él ni de nadie. Les dejaron de cobrar y no les facilitaron una cuenta en el Juzgado para seguir pagando: “Nadie nos dio razón de nada ni en ese momento ni después”.

Desahucio

Lo siguiente, años después, ya fueron notificaciones de desahucio. El edificio había quedado en manos de Divarian, una sociedad creada entre el BBVA y Cerberus, un gestor de fondos americano. Esa sociedad asumió gran parte de los activos inmobiliarios del banco. Algunos vecinos intentaron ponerse en contacto con el BBVA, tanto en la Isla como en Madrid, pero nadie les aclaró nada.

Antes de eso, el edificio pertenecía a la sociedad Svastikrt, cuyo administrador único era el italiano Giuseppe Carta, que tampoco era la persona que cobraba los alquileres. Carta había adquirido varias sociedades en proceso concursal, muchas de ellas relacionadas con Construcciones Torres. En la Isla se enfrentó a varias querellas y en Tenerife fue el primer promotor del famoso Circuito del Motor. El año pasado, la Audiencia Provincial lo condenó a siete años de cárcel por estafa agravada, administración desleal e insolvencia punible.

En el caso de Yamile se fija una primera fecha de lanzamiento que después se suspende y se pospone. La única ayuda que consigue es la de activistas de la antigua Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Después llega la pandemia. Intenta luchar por obtener un alquiler social por parte del banco, pero no hay manera. Le reclaman una deuda de 8.400 euros. Está dispuesta a pagarla a plazos, pero no se lo aceptan. El fondo de inversión ofrece dinero, 3.000 euros, a otros vecinos para que se marchen. La mayoría se va.

“Nosotros no éramos ocupas, solo que nos dejaron de cobrar el alquiler, pero queríamos pagar”

Tiene otra vista en el Juzgado en medio de la pandemia. “Yo no estaba bien -cuenta- porque ese mismo día me llaman de Colombia y me dicen que tengo que ir porque a mi padre le van a amputar una pierna. Como estábamos en la pandemia, no me dejan entrar a la sala, el abogado me dice que la jueza no acepta nada y que lo único que me queda es marcharme”. Ella quería lograr un contrato social y pagar la deuda poco a poco. “Siempre he pagado todos los recibos, incluso después del desahucio me seguían llegando las facturas de la luz y del agua”.

Finalmente, se fue a Colombia. Dejó todas sus cosas en la casa y un poder firmado para que el abogado actuara en su nombre, pero se produce el lanzamiento sin que nadie haga nada y sin que ella se entere. Ahora, por su situación de vulnerabilidad, la asociación Provivienda, que se ocupa de “dar respuesta a las necesidades residenciales para personas en situación de mayor dificultad”, le ha prometido una ayuda para pagar un alquiler, pero no hay viviendas en el mercado. “Me dan la ayuda pero no hay casas”, resume Yamile.

Después de todo lo que ha pasado, parece que la situación del edificio ha retrocedido unos cuantos años. Dice que hay vecinos que están alquilando por su cuenta las casas. “Nos han echado y ahora unos vecinos se ponen a alquilar las viviendas; dicen que las han comprado, pero lo dudo mucho”. “Para llegar a esta situación nos podían haber dado un alquiler social y quedarnos ahí”, afirma, y se pregunta si les sacaron de la casa para que otros se aprovechen ahora. “Yo solo busco una vivienda para vivir dignamente y con tranquilidad. Nosotros no éramos ocupas, solo que nos dejaron de cobrar el alquiler, pero queríamos pagar”.