Los Juzgados de Arrecife han puesto en marcha un servicio de información social a las personas con discapacidad y un servicio de lectura fácil. Los prestarán Plena Inclusión Canaria y la Fundación canaria de apoyos ADEPSI, gracias a convenios de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. 

-¿Por qué es necesario un servicio de este tipo para personas con discapacidad? ¿De dónde surge?

-Surge de una jornada del año 2022 sobre personas con discapacidad que hicimos con el Cabildo de Lanzarote. Hay una modificación legal de septiembre de 2021 que habla de que en los procedimientos judiciales se adopten todos los ajustes que sean necesarios para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en un procedimiento judicial en condiciones de igualdad respecto a las personas que no tengan discapacidad. Claro, para eso nos hacen falta medios y empezamos a plantearnos por qué no tomamos nosotros la iniciativa en vez de esperar al Gobierno, por qué no proponemos ya nosotros un proyecto. Además, por experiencia sabemos que a los Juzgados vienen personas no solamente con necesidades jurídicas o judiciales, sino con necesidades más bien de carácter social que no conocen ayudas, prestaciones, servicios o recursos a su disposición. Entonces hace falta una atención integral a las personas con discapacidad, a sus familiares y a su entorno.

-Estamos hablando de discapacidad intelectual...

-Sí. De hecho, las dos asociaciones que van a prestar estas entidades del tercer sector son de discapacidad intelectual. Pero si ellos detectan que otra discapacidad debe ser asumida por otro recurso, lo derivan a ese recurso.

-¿Es un servicio pionero?

-En Canarias, por supuesto que es pionero, así lo ha reconocido la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. De la lectura fácil ha habido otras experiencias a nivel nacional, pero un proyecto tan global no se ha dado porque incluye los servicios de información social, de lectura fácil o el servicio de facilitadores, que hace falta un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias que esperamos que salga durante este año. Además, incluye actuaciones de formación a todo el personal y a fuerzas y cuerpos de seguridad, procuradores, abogados, trabajadores sociales, y también queremos hacer otras jornadas para todos los ciudadanos. Este servicio va a implicar el hecho de que en el equipo de Justicia entren entidades del tercer sector, que es una garantía porque son las que conocen a las personas con discapacidad y qué necesidades tienen. La primera regla que hemos establecido es decirle a la persona, incluso darle un modelo escrito, para que informe al Juzgado que tiene una discapacidad, aporte la documentación y pida que se adapten los ajustes necesarios.

-Consiste en que sean lo más autónomos posible.

-Claro, el servicio de facilitadores y la lectura fácil va más allá de la discapacidad. Está orientada a las personas con discapacidad, pero desde luego puede beneficiar a todos. Las personas con discapacidad, para empezar, vienen acompañadas en la mayor parte de los casos con abogados, y la comunicación entre el abogado y la persona con discapacidad es una comunicación más habitual a la que estamos acostumbrados.

-Entrar a un Juzgado suele ser algo que pone nerviosas a las personas, tengan o no discapacidad...

-También hay que poner otros servicios complementarios que son obligatorios y que no están activos, como el servicio de información a cualquier persona. Está preparado el mostrador, pero no se ha activado. Muchas personas entran a este edificio y no saben dónde ir y puede que tengan un problema grave para ellos o para sus hijos, y están nerviosos y no saben qué hacer. Hace falta un servicio de atención a las víctimas, lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo y lo prevé la ley. Es verdad que hay un servicio telemático, pero hace falta uno presencial, y luego faltaría también un servicio de orientación jurídica. Creo que ese será el siguiente paso. Quiero reunirme con la Junta de Gobierno de la Abogacía para ver de qué manera impulsamos ese servicio de orientación jurídica.

“Hace falta un servicio de atención a las víctimas, lo prevé la ley”

-¿La lectura fácil consiste en, por resumirlo mucho, que alguna persona tiene una resolución y necesita que se la traduzcan a un lenguaje más entendible?

-Exactamente, tal cual. Lo hemos pensado en una doble vía y además con una retroalimentación. Se ponen a disposición un teléfono y un correo electrónico. En cualquier causa que veamos que hay una persona con discapacidad vamos a poner una resolución en la que informamos de estos servicios y también de lectura fácil para que se entienda. A esos teléfonos pueden llamar las personas con discapacidad, sus familiares o su entorno y le ayudarán a entenderla o le derivarán a este mismo servicio. Le van a pasar a una lectura sencilla y ágil, pero es que además también lo tenemos a disposición los propios Juzgados para poder llamar para que nos lo pasen a lectura fácil... No se trata solo de lanzar los servicios, sino que vamos a hacer reuniones como mínimo trimestrales entre el Juzgado decano, la Fundación canaria de apoyos ADEPSI y Plena Inclusión Canaria. Nos van a dar a conocer qué incidencias hay en la atención a las personas con discapacidad y nos van a decir si se pregunta constantemente por un tipo concreto de resolución, y esas plantillas podríamos pasarlas a lectura fácil. Se integrarían en el sistema informático para que estén disponibles no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias.

-¿Cuál sería un caso práctico de una persona con discapacidad que necesite este tipo de servicios?

-Los procedimientos más fáciles de detectar son los de provisión de apoyo a las personas con discapacidad, que son procedimientos específicos, por ejemplo los que pidan autorización para ingresar a una persona a una residencia porque ya no tiene capacidad para decidirlo por sí misma. Esos procedimientos los llevamos a los Juzgados civiles y ahí es seguro que es una persona con discapacidad aunque los servicios pueden ir más orientados a las personas que los acompañan porque la persona viene con una discapacidad ya muy elevada. La ayuda, en ese caso, la necesitan los familiares y el entorno para que le digan además las prestaciones a las que tiene derecho. También podemos encontrarnos con personas con una discapacidad que antes la llamábamos parcial, que vengan sin abogado y procurador. Luego está el orden judicial penal. Se llega a detectar personas con discapacidad en los centros penitenciarios, que han pasado por un procedimiento en el que nadie se ha dado cuenta, nadie se ha percatado.

-El decanato reclama desde hace tiempo ciertas mejoras o la creación de más órganos judiciales porque en algunos casos están muy saturados. ¿Se ha avanzado algo?

-Se han tenido que priorizar las necesidades que existen entre las urgentes, prioritarias y otras necesidades. Una demanda que surgió desde el año pasado como urgente fue la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia porque los números se estaban disparando. El Juzgado ya está en el decreto de los que se van a crear. La previsión es que se active este año, en la última fase del año lo más probable es que esté ya en funcionamiento, pero esas fechas las tiene que poner el Gobierno de Canarias, al que le hemos planteado un proyecto y nos ha dicho que sí. Es un proyecto más ambicioso: como no se nos ha creado todavía un Juzgado de violencia sobre la mujer ni un Juzgado de Instrucción más para poder especializar al de violencia, vamos a dar un primer paso y donde está el Juzgado de Instrucción número uno, esas instalaciones las va a heredar el de Primera Instancia seis y en la parte de arriba, en la planta tercera, todo ese espacio que hay se va a aprovechar para el Juzgado de Instrucción uno, que es el que tiene las competencias de violencia, con unas instalaciones preparadas para la atención a la violencia sobre la mujer y a menores, porque en un futuro esperamos poder replicar con ese Juzgado el modelo que se hace en Las Palmas de Gran Canaria de la violencia contra la infancia y la adolescencia.

-E intentar que en la práctica se dedique solo a este tipo de violencia...

-Por lo menos descargándolo en la mayor medida posible. Lo que pasa es que hay que valorar si al descargarle de las competencias que tiene, lo pueden aguantar los otros tres Juzgados o nos haría falta, para hacer ese paso, crear uno más de instrucción para poder hacerlo. Estamos esperando tener los datos de 2023 para ya poder valorar qué se pide para el próximo año.

“Cada juzgado asume ahora mismo más números de lo que le corresponde”

-¿Qué efectos tiene en un Partido judicial como el de Arrecife que no haya un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

-Se lo puedo decir ya no tanto como juez decano, sino porque soy también el portavoz provincial de la Asociación Francisco de Vitoria, que es la mayoritaria. Tiene efectos en todos los ámbitos. Primero, en la credibilidad, es decir, la no renovación del Consejo de General del Poder Judicial también afecta a la imagen de la Justicia a nivel general. Y eso también afecta a la imagen que tienen los ciudadanos cuando vienen a los Juzgados de Arrecife. Además, tenemos muchísimos cargos a nivel de, por ejemplo, la Audiencia Provincial o el TSJC que no se pueden renovar, lo que es una anormalidad en el servicio y luego, por otra parte, nos encontramos con que hay muchos cargos que no se han nombrado en el Supremo y esto está haciendo que se retrasen resoluciones de casos que han comenzado en Arrecife. Es importante la renovación del Poder Judicial pero también el hecho de cómo se va a renovar, que yo creo que las líneas europeas son que los 12 vocales sean elegidos por la carrera judicial. Pero el problema de la justicia lo tengo clarísimo: la lentitud está en que cada Juzgado asume ahora mismo más números de lo que le corresponde. ¿Qué hace falta? Personal.

-Al suspender la vista oral del caso Montecarlo, el presidente de la sección primera de la Audiencia, Miguel Ángel Parramón, dijo que no podía fijarla de nuevo antes de octubre de 2025 porque no había más fechas y solo eran cuatro magistrados en esa sección.

-Es un ejemplo claro de saturación. Aquí tenemos y hemos tenido refuerzos en distintos Juzgados, pero muchas veces esos refuerzos caen porque a lo mejor el Ministerio nos dice que no hay presupuesto. Sale adelante en la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, sale adelante en el CGPJ, pero se echa para detrás en el Ministerio. Para los Juzgados de primera instancia hemos pedido hace un montón de tiempo que hace falta un funcionario más en cada uno. Con esa medida y añadiendo un Juzgado de primera instancia se va a repartir mucho mejor la materia que entra porque es que en Lanzarote entran muchísimos casos. En 2022 en cada Juzgado de Primera Instancia de Lanzarote entraron solamente 80 casos menos que en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia de San Cristóbal de la Laguna y hablamos de una isla de un millón de habitantes con una población turística  muy alta. Y en violencia de género entraron 700 casos, que son dos al día. Lanzarote tiene una carga importante.