La Audiencia Provincial de Las Palmas anuló, en la sentencia del caso Yate, 44 licencias urbanísticas en Yaiza. Tendrá pocos efectos prácticos porque todas menos una ya habían sido anuladas previamente. La que no lo había sido corresponde al puerto deportivo Marina Rubicón, así que la pregunta es obligada: ¿qué efecto tendrá la sentencia sobre el puerto?, ¿se puede considerar que el puerto es ilegal?

La respuesta, como es habitual en urbanismo, no es sencilla. Si atendemos a la experiencia, no va a pasar nada. Las edificaciones construidas con esas otras 43 licencias ya anuladas (hoteles y urbanizaciones) siguen en pie. Algunas, incluso, han logrado su legalización a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza, de modo que el puerto puede seguir el mismo recorrido.

En primer lugar, cuando una licencia se anula, la primera cuestión es si lo construido es legalizable o no lo es, en base al planeamiento vigente en la actualidad. La sentencia aún no es firme aunque lo será en breve, ya que ninguno de los acusados recurrirá.

Fuentes jurídicas consultadas por Diario de Lanzarote señalan que la empresa propietaria del puerto estaría intentando personarse en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no era parte de la causa hasta ahora, aunque varios de sus administradores sí estuvieron imputados y solicitaron el archivo de la misma, que se les concedió. Esas mismas fuentes aseguran que en este momento procesal no es posible la personación. Por tanto, la sentencia será firme.

Las cosas han cambiado desde que se autorizó el puerto en 2003, después de que se hubiera construido. El nuevo Plan General sí contempla la ordenación de la zona. El puerto no sólo tiene un muelle y una zona de agua, de atraques, sino que es un centro comercial y de ocio con decenas de locales comerciales y de hostelería. El Plan General antiguo ordenó la zona en base a la realidad existente, sustituyendo a un Plan Director.

El Ayuntamiento, por otra parte, sólo tiene competencias en la zona de tierra. Costas dio la concesión y Puertos Canarios debería dar la autorización previa. Con esa autorización, los locales deberían pedir licencia y probablemente la podrían obtener.

¿Cuál sería el perjuicio para los propietarios? Que tendrían que pagar el coste de las licencias, las tasas y los impuestos, lo cual puede ascender a un cinco por ciento del valor de la obra. Pero es posible que hayan vendido algunos de esos locales a sus inquilinos y entonces serían estos quienes tendrían que afrontar el gasto.

La Audiencia Provincial ha anulado la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, pero el nuevo Plan General recoge la ordenación de los locales, que ahora deberán solicitar licencia

El proceso normal para un puerto pasaría por tramitar un instrumento de ordenación que fije todo lo que hay en el puerto, como un Plan Director o Plan Especial, y que después el Plan General se adapte a ese instrumento. En este caso, como se saltaron esa tramitación y el puerto se autorizó de forma ilegal, con soborno incluido al exalcalde, los locales, sobre el papel, no existían, de manera que la ordenación la hizo el propio Plan General.

Hay que recordar que la sentencia destacaba que se obvió el informe de Secretaría para autorizar el puerto, porque si se hubiera hecho habría sido negativo, ya que hacía falta el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular.

La edificación, además, invadía la zona de dominio público marítimo terrestre. El proyecto ni siquiera estaba aprobado por el Consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas, ni por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Tampoco el Plan General de Yaiza anterior contemplaba la posibilidad de un puerto en ese emplazamiento, ni se había declarado Sistema General Insular, ni tenía Estudio de Impacto Ambiental.