La sentencia del caso Yate destaca, en su relato de hechos probados, el “nacimiento” del “urbanismo de promotor”, en el que “sin tener en cuenta la carga edificatoria de la Isla” se autorizaron  “desenfrenadamente miles de camas turísticas” en contra de la normativa municipal e insular.

El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, condenado a seis años de prisión, es según la Audiencia Provincial, quien “con su actuación manifiestamente ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, puesto que autorizó construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que su capricho”.

La sentencia, que anula de paso 44 licencias de obras, incluida la del puerto deportivo Marina Rubicón, resalta que “en ningún expediente incorporó los informes jurídicos preceptivos y vinculantes” que pudieran  “justificar la concesión masiva de licencias” sobre proyectos que en algunos casos ni siquiera estaban visados por el colegio profesional de arquitectos.

La Audiencia considera “más grave” incluso que diera autorizaciones en planes parciales, como Montaña Roja, San Marcial del Rubicón, Costa Papagayo, Las Coloradas o Castillo del Águila, “que no habían adquirido eficacia jurídica puesto que dichos instrumentos de planeamiento no se habían publicado al tiempo del otorgamiento de las licencias”. “De ahí, que no podían otorgarse ni adquirirse licencias en el ámbito de los citados planes parciales hasta la plena publicación de sus normas”, aclara la sentencia.

La sentencia también censura que el exalcalde de Yaiza concediese licencias en contra de las determinaciones del Cabildo, que “como órgano supra municipal, le correspondía velar precisamente” por “la adecuada armonización y crecimiento sostenible y adecuado a la carga edificatoria de la Isla, precisamente para evitar que por un crecimiento incontrolado pudieran afectarse servicios básicos de la Isla de Lanzarote, tales como agua y luz”.

“Porque indudablemente”, razona la Audiencia Provincial, superar “las camas y edificabilidad más allá de los límites previstos acarrea restricciones de servicios básicos que no pueden cubrir las desorbitadas áreas turísticas aprobadas por un alcalde que vulneró todas las determinaciones vinculantes del Cabildo de Lanzarote”, sin los informes de compatibilidad con el Plan Insular.

“Fortuna” a costa “del interés general”

La sentencia culpa a Reyes de haber ideado “un plan para enriquecerse durante el ejercicio de su cargo, aprovechándose de la situación de poder que ostentaba en el ámbito urbanístico” del municipio sureño, “que ejercía sin importarle nada más que su propio beneficio, haciendo de su cargo público una manera de hacer negocio, enriqueciéndose por muchas de las licencias que otorgaba al recaudar dinero de algunos promotores con intereses urbanísticos en Yaiza para su lucro personal”.

“El acusado disponía a su antojo de la voluntad municipal en orden a las resoluciones que pudiera adoptar en el ámbito urbanístico solicitando cantidades económicas”, bajo el “pretexto de agilizar los trámites en el otorgamiento de las licencias urbanísticas, llegando a amasar una importante fortuna, a costa del interés general del municipio que nunca atendió por su búsqueda de lucro personal e inmediato que guio su proceder como alcalde y le desvió del correcto funcionamiento y sometimiento pleno a la ley, al que estaba por mandato constitucional legalmente obligado”.

Entre José Francisco Reyes, sus familiares directos y sus testaferros, manejaron unos 850.000 euros, según se acreditó en la investigación y reconocieron los propios acusados. No obstante, la sentencia de la Audiencia Provincial alude a una “suma mínima” cuando se refiere al patrimonio de origen ilícito procedente de ingresos no justificados.

“Nadie da nada por nada”

Reyes “aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio para recaudar importantes cantidades de dinero que recibe por parte de los promotores en pago de las diferentes resoluciones administrativas derivadas de los expedientes tramitados para la ejecución de los hoteles” y “a veces por meras omisiones”, como “no sancionar obras ilegales o no restablecer la legalidad urbanística alterada para lucrarse económicamente”.

El alcalde, consciente de que “nadie da nada por nada”, destaca la Audiencia, “configuró a su mercenaria voluntad, por cuanto que únicamente le movía el dinero a ingresar y nunca el interés general, los nuevos parámetros urbanísticos de los terrenos y su capacidad máxima edificatoria bajo el compromiso del otorgamiento con celeridad de las licencias para construir establecimientos hoteleros”, que iban en contra de la “capacidad edificatoria del municipio al que estaba obligado a servir”.

Siete hoteles en un día

“Para lucrarse ilícitamente”, pone de ejemplo la Audiencia Provincial, el exalcalde de Yaiza “no dudó en otorgar” en un mismo día, el lunes 1 de junio de 1998, licencias para la construcción de más de 1.500 plazas turísticas, cuando los proyectos para siete hoteles de habían presentado el viernes anterior.  “En un tiempo récord de tan sólo tres días autorizó la ejecución de siete grandes establecimientos hoteleros en el municipio de Yaiza, a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor al tiempo de su concesión”.