La fiscal Leyre Chápuli ha solicitado que el Juzgado decano de Arrecife ordene la incoación de un procedimiento penal tras analizar la denuncia presentada por Domingo García, ex concejal de Alternativa Ciudadana (AC), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios jurídicos en el Ayuntamiento capitalino.

La denuncia de García fue recibida por la Fiscalía el 7 de julio del año pasado y el pasado 7 de enero dictó un decreto en el que solicita que se abran diligencias previas y “se reciba declaración en calidad de imputados”, ahora con la denominación de investigados, a Manuel Fajardo Feo, ex alcalde de Arrecife, y al abogado Agustín Domingo Acosta.

En su denuncia, el ex concejal de Alternativa Ciudadana señalaba a Fajardo Feo y al letrado por hechos que, a su juicio, “pudieran ser constitutivos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos”. Tras la denuncia de García, la fiscal abrió unas diligencias de investigación y ahora solicita la apertura del procedimiento judicial.

“De la documentación obrante” en las diligencias de investigación, señala la fiscal, Fajardo Feo “en su condición de alcalde de Arrecife”, con “conocimiento” de lo dispuesto en la ley de contratos del sector público “y a sabiendas de su injusticia, realizó una serie de contrataciones” al citado abogado para la prestación de servicios jurídicos a la Corporación local.

Para la fiscal, “sin perjuicio de una ulterior valoración jurídica pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación” y de “un delito de malversación de caudales públicos”, por lo que insta a la apertura de las diligencias previas.

La Fiscalía pide que el Gobierno informe de la “legalidad de las designaciones efectuadas” entre 2010 y 2015

La fiscal también pide que se tome declaración como testigos al denunciante, Domingo García, al ex concejal Pedro de Armas, y a una técnico del Ayuntamiento de Arrecife, Sheila Aguiar.

Además, solicita que se remita a la Intervención general del Gobierno de Canarias copia de la partida presupuestaria del Ayuntamiento relacionada con servicios jurídicos “de los años 2010 a 2015”, así como de las propuestas de nombramiento del citado abogado, los decretos de alcaldía con las designaciones, los informes jurídicos y de necesidad y las facturas por los servicios prestados.

De este modo, la Fiscalía reclama que el Gobierno de Canarias elabore un informe "relativo a la pertinencia de la modalidad contractual empleada, a la legalidad de las designaciones efectuadas y a la adecuación contable de las partidas”.