El juicio del caso Proselan ha quedado este viernes visto para sentencia, tras la celebración de la tercera y última sesión. La vista oral se dividió en dos sedes: mientras que en Las Palmas asistía el tribunal sentenciador y dos de los acusados, Carlos Sáenz y José Daniel Hernández Arráez, en Arrecife asistieron los otros dos acusados, la Fiscalía y la acusación particular.

El caso juzga el presunto saqueo de 300.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife en 2008 y 2009 mediante el pago de facturas de electricidad por trabajos en las fiestas de los barrios de la capital que pudieron no llevarse a cabo.

El fiscal Ignacio Stampa mantuvo la petición de seis años de cárcel para dos de los imputados por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, así como la de cinco años y medio para el empresario, también por falsedad en documento mercantil, pero rebajó la pena solicitada para el ex concejal José Miguel Rodríguez.

Así, el fiscal dejó la petición de condena para Rodríguez en un año y cuatro meses, por reparación del daño, ya que ha devuelto 2.400 euros -"es una cantidad irrisoria pero está justificado que no puede poner más", dijo el fiscal- y por colaboración con la Justicia, ya que reconoció los hechos que se le imputan.

El fiscal destaca que en el caso de Inelcon la investigación apunta a que la cantidad presuntamente defraudada asciende ya a dos millones

En las conclusiones, Stampa aludió a la sentencia del caso Batllori, dictada por la misma sección y por hechos similares. Señaló que si el interventor no estuvo imputado en ese caso fue porque no constaba su firma y cuando llegaron los documentos originales, donde sí constaba, el caso ya estaba a punto de juzgarse.

También hizo referencia al caso Montecarlo, donde se investiga a Inelcon, otra empresa de electricidad por contratos con el Ayuntamiento. "Paradójicamente -señaló- la iluminación de Arrecife es uno de los puntos más oscuros del Ayuntamiento". En el caso de Inelcon, aseguró que la cantidad presuntamente defraudada ya asciende a más de dos millones de euros.

Sin pruebas de que el trabajo se hiciera

La Fiscalía considera que la clave está en saber si los trabajos se hicieron o no y que aún no se ha aclarado quién contrató esos trabajos, ni quién pone el precio ni quién hizo la fiscalización. "No hay una sola prueba de que los trabajos se hicieran", añadió. Sostuvo que el hecho de que el empresario calificara como "una suerte" que le pagaran nada más presentar la factura, "es un insulto al tribunal y a toda la gente que lo está pasando mal", porque la empresa ni tiene local ni empleados ni paga el impuesto de sociedades.

Del interventor Carlos Sáenz dijo que es "la mano que mece la cuna" ya que sin su participación no se podía haber dado este caso y porque es el único que debe saber dónde hay dinero en el Ayuntamiento. Afirmó que no hizo fiscalización alguna y que tenía un registro de facturas ilegal para evitar que pasaran por el registro general del Ayuntamiento.

Además, sobre la postura del Ayuntamiento, que exige la devolución del dinero en el juicio, aunque era algo que ya pedía la Fiscalía, dijo que tiene "esquizofrenia procesal" porque no ha estado clara su postura (en Montecarlo hay imputados hasta cuatro testigos de este juicio incluido el alcalde) y destacó que Arrecife aún no está tramitando el expediente de reintegro de este dinero en el Ayuntamiento. Terminó diciendo que el daño que se produce con estos casos es demoledor "por la pérdida de confianza de la ciudadanía que ha llegado a considerar que estas cosas son normales".

Los acusados atacan al ‘arrepentido’ Rodríguez

Tres de los acusados basaron su alegato final en atacar la credibilidad de la confesión del concejal Rodríguez, a quien la Fiscalía considera una "pieza imprescindible para poder vestir al santo" porque el dinero salía de su concejalía. La defensa de Rafael Arrocha dijo que "no porque alguien se sienta culpable, es culpable", y aludió a la rebaja de la pena para Rodríguez (de seis años a uno y cuatro meses) como el motivo por el que ha reconocido los hechos.

Los otros argumentos de las defensas, en sus conclusiones, se centraron en señalar que no se ha demostrado la connivencia entre los cuatro acusados, que el informe del técnico de festejos José Nieves no es válido porque asegura, por referencias, que los trabajos investigados los hizo el Ayuntamiento, aunque él estuvo de baja médica todo el año 2008. Tampoco dan validez al informe de José Morales, otro técnico del área.

La defensa de Arrocha sostiene que no hay pruebas directas que lo impliquen y que es difícil demostrar siete años después que una obras efímeras se hicieron. La de Sáenz sostiene que se trataba de obras y no servicios y por tanto el límite de dinero para ser considerado contrato menor es más alto, y que se limitó a autorizar el pago de unas facturas que estaban debidamente conformadas y no debía ni hacer fiscalización previa ni acudir a comprobar si se habían hecho los trabajos. La del empresario insistió en que los trabajos se habían hecho.