La denuncia que interpuso Alternativa Ciudadana para que se investigara la gestión de Inalsa ya tiene sus dos primeros imputados en el Juzgado número 4 de Arrecife. El próximo 17 de noviembre tendrán que declarar la ex consejera de la empresa pública de aguas, Plácida Guerra, y el ex gerente y yerno de Dimas Martín, Rafael Elorrieta.

Ambos ya están condenados a cinco años de prisión por el caso Batllori, por pagar facturas por trabajos no realizados a este ex consejero del Gobierno canario. Este caso también fue denunciado por Alternativa Ciudadana y se unió a la investigación que se seguía en el caso Unión por facturas similares pagadas a esa misma persona por parte del Ayuntamiento de Arrecife.

El Juzgado apunta, dentro de las distintas etapas de Inalsa, especialmente a la última, la de la privatización de la gestión del agua, y concretamente al traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio insular del agua, que fue informado negativamente por la Interventora del Cabido y que era una condición indispensable para poder seguir con el proceso privatizador.

El juez solicita tres actas de tres sesiones extraordinarias de la Asamblea general del Consorcio del Agua, de 23 de mayo, 8 y 11 de julio de 2013, además del informe de la Intervención de 10 de junio y de los informes externos de Ignacio Calatayud y de Pedro Lasso, que fueron los que permitieron tomar la decisión de que el Consorcio asumiera la deuda de Inalsa. El Juzgado pide que todos esos documentos se envíen a la Audiencia de Cuentas para que emita un dictamen sobre si el acuerdo adoptado por el Consorcio relativo al pago de la deuda concursal se ajusta a la legalidad.

Además de estas diligencias, el juez solicita al Registro mercantil las cuentas depositadas por Inalsa desde el año 2006 hasta el último en que fueron formuladas, los estatutos de la empresa y las distintas composiciones de sus órganos de gobierno.

El juez pide a la Audiencia de Cuentas que elabore un informe sobre la legalidad del traspaso de la deuda de Inalsa al Consorcio

También pide que se identifiquen todas las cuentas corrientes que pertenezcan a Inalsa y al Consorcio y, por último, solicita el procedimiento y el acto administrativo, “si lo hubo”, por el que se decidió bajar la tarifa del precio del agua en los años 2003-2004, y por el que se decidió subir en el año 2007. En estas diligencias se investigan delitos societarios, además de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Juzgado aceptó el pasado 13 de octubre que Alternativa Ciudadana 25 de mayo se persone como acusación popular, después de presentar una denuncia en Fiscalía hace dos años. Alternativa denunció a 26 personas, todas ellas pertenecientes a los últimos consejos de administración.

Además de los dos mencionados como imputados, aparecen como denunciados, por parte del PSOE, José Juan Cruz, Manuel Fajardo, Pedro Viera, Manuela Armas, Enrique Pérez Parrilla, Juan Félix Eugenio, Carlos Espino, Marcial Martín, y Loli Corujo.

Por Coalición Canaria están denunciados Inés Rojas, Mario Pérez, Sergio Machín, Aquilino Romero, Pedro San Ginés, Manuel Fajardo Feo, Echedey Eugenio y Jesús Machín, y finalmente por el PIL, Rafael Martín, José Dimas Martín, Antonio Barambio, Iván Rodríguez y Gladys Acuña.