La Fiscalía destaca que en el Área de Arrecife, que incluye a Lanzarote y Fuerteventura, se iniciaron el año pasado 11 procedimientos judiciales por delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

De esos 11 procedimientos, uno se sigue por delitos contra el medioambiente y los recursos naturales, nueve procedimientos se tramitan por delitos contra la ordenación del territorio, “incluyendo delitos de prevaricación urbanística”, tal y como destaca la Fiscalía, y otro caso es por delito de maltrato de animales domésticos.

“Todos estos procedimientos que se encuentran en fase de instrucción cuentan con la participación activa de los miembros” de la Fiscalía del Área de Arrecife, “impulsando los procedimientos, instando del órgano instructor la toma de declaraciones de las personas que puedan aparecer penalmente responsables del delito investigado, así como la práctica de las pruebas pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos”, señala la memoria.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, entregó el martes la memoria de actividades de la Fiscalía a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. En la misma también se punta que el año pasado en el Área de Arrecife se incoaron 19 diligencias de investigación.

“Un dato que merece una llamada de atención”, destaca la Fiscalía, “es el referente al origen de la denuncia, esto es, quién o quiénes son los que proceden a denunciar los hechos que presumiblemente tienen apariencia delictiva en materia medioambiental”.

La Fiscalía destaca que de las diligencias de investigación incoadas por delitos contra la ordenación del territorio, “apenas dos de ellas han sido originadas por denuncia  de un departamento de disciplina urbanística de algún municipio”.

Los ayuntamientos no denuncian

De esta forma casi un 30 por ciento se incoa a raíz de denuncias de particulares y las otras diligencias -casi un 65 por ciento- se incoan a raíz de deducciones de testimonio de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias y atestados incoados por el Seprona de la Guardia Civil.

“Es decir”, añade la Fiscalía, “los servicios de inspección de los ayuntamientos que tienen competencia en materia de disciplina urbanística deberían detectar si realmente una obra está autorizada o no, y si se ajusta a lo realmente aprobado por la oficina técnica de la corporación local”.

“Si falla este primer eslabón de la cadena”, advierte el Ministerio Fiscal, “es difícil detectar con celeridad la construcción ilegal, y al no advertir de estas infracciones tanto a la Apmun como a la Fiscalía, se corre el riesgo de consolidación de urbanizaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística”.

Cabe destacar que el Código Penal establece desde 2010 la posibilidad de “castigar penalmente las conductas consistentes en silenciar la infracción de normas relativas a la ordenación del territorio o urbanísticas, que se hayan detectado con motivo de inspecciones, o bien omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio”.

Falta personal en Lanzarote

En la memoria del fiscal superior de Canarias se resalta que “el personal de secretaría de la Fiscalía de Área de Arrecife” se considera “claramente insuficiente para el adecuado desempeño” sus “funciones”.  Hay un total de nueve personas en las sedes de Arrecife y Puerto del Rosario.

Más detalles

LANZAROTE. La fiscal jefe del Área de Arrecife, que engloba a Lanzarote y Fuerteventura, es Yolanda López. Lanzarote contó el año pasado con otros ocho fiscales: Ignacio Stampa, Laura Ordás, Elena Herrera, Belén Collado, Macarena Romaguera, Inmaculada Martín-Comas, Isabel García y Joaquín Bobillo.