Según denuncian los expertos, Repsol habría mentido sobre la profundidad de dos pozos. Estos sondeos, explicaron los peritos, se producirían a más de 6.000 metros de profundidad, lo que supone superar en más de 3.000 metros los permisos concedidos por el Gobierno de España.

Los científicos cuyos informes avalaron la demanda interpuesta por el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con una decena de organizaciones ecologistas, científicas y vecinales, contra la autorización de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, concluyeron este jueves la ratificación ante el Tribunal Supremo el del contenido de sus informes y atendieron a las preguntas de los distintos abogados para detallar aspectos pormenorizados de los mismo y aclarar posibles dudas.

"La participación científica ha sido un trabajo minucioso, con muchísimas colaboraciones y aportaciones de un buen número de especialistas, que queremos subrayar expresamente. Todo un ejemplo democrático de implicación científica y social en contra de estas perforaciones petrolíferas que las multinacionales y el Ministerio nos quieren imponer, con unas malas mañas, que recuerdan a comportamientos grises y funestos, de otras épocas, ahora que estamos en vísperas del 18 de julio", explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.

Durante estas comparecencias los abogados llamaron la atención sobre que se presentaron al procedimiento documentos desconocidos hasta la fecha y que no habían sido facilitados ni por las multinacionales ni por el Ministerio durante estos últimos ocho años.

Uno de ellos, de valoración ambiental del proyecto de sondeos, está fechado en febrero de 2004, hace referencia a ocho posibles localizaciones de los pozos de sondeos que Repsol ya había identificado al menos desde 2004, como consecuencia de los resultados de la campaña de investigación sísmica que ya había efectuado en 2002. Esta determinación de ocho pozos -recordemos que el primer decreto de 2001 autorizaba un máximo de dos pozos, cuando el nuevo decreto establece un número indeterminado (a partir de dos)- tuvo lugar en el marco del programa de actuaciones de prospección con respecto a la autorización de 2001. Estas perforaciones estaban programadas una en el último trimestre de 2004, y la siguiente a principios de 2005. Hay que destacar que de esos 8 pozos, se reducen ahora a seis en el documento de 2012, dos tienen longitudes de perforación superiores a lo establecido en el decreto de autorización en vigor (3.500 metros de profundidad aproximadamente). Concretamente, estos dos pozos se encuentran a 6.800 metros y 6.450 de profundidad respectivamente, superando por lo tanto ampliamente las profundidades autorizadas por el Ministerio.

Las otras cuatro perforaciones continúan en parámetros aproximados de 3.500 metros. Cabe recordar que tanto en 2001 como en 2012 los pozos tendrían autorizados esta longitud aproximada. La longitud se mide desde el lecho marino, partir de la lámina agua, que en esas zonas se extiende hasta unas profundidades de entre 850 y 1450 metros.

La salida a la luz de estos datos evidencian que Repsol, tras la anulación de la autorización en 2004 por sentencia del Tribunal Constitucional, “conocía exactamente los puntos de prospección y sin embargo no informo de los mismos en la subsanación ambiental aportada”.

El Tribunal Supremo había anulado la anterior autorización alegando que en el momento que se conocieron las características de los pozos deberían aportarse a la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, en 2012 se convalida el decreto sin especificar esta evaluación, pese a que la ubicación de los pozos ya era conocida desde 2004.