Nicolás A.H. se pasó 45 días hospitalizado y padeció cinco intervenciones quirúrgicas para conservar “la vida”. Operario de la empresa pública Inalsa, al desconectar el interruptor de un cuadro eléctrico, una “explosión” impactó en su pecho, en sus brazos y en la cara, sufriendo numerosas lesiones. La Fiscalía solicita dos años de prisión para tres superiores a los que les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y por un delito de lesiones por imprudencia.

El trabajador sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo y tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del hospital de Sevilla. Tardó hasta 600 días en “estabilizar” sus lesiones, aunque le quedaron múltiples secuelas, con dificultades para mover las manos y los brazos y “un perjuicio estético considerable”.

Así lo destaca el fiscal Pedro Gimeno en el escrito de acusación contra Juan Manuel B.M., que cuando se produjo el suceso era el director de producción de la central desaladora de Inalsa. También están procesados Antonio S.R., jefe de producción, y Domingo B.O., encargado de la planta.

El fiscal señala que los dos últimos citados “se encontraban a escasos metros del lugar”, “sin que se hubieran preocupado de que el trabajador” llevara el “equipo de protección individual” necesario ante el “riesgo eléctrico” que existía: desde ropa ignífuga a guantes, careta protectora o botas específicas.

De hecho, asegura que la compra de este material “se efectuó algunos meses después del siniestro” y que el director de producción de la planta desaladora, que “se encontraba en las oficinas”, “era conocedor de la evaluación de riesgos” y de “la necesidad de que en los trabajos eléctricos se utilizara” el equipo de protección.

La Fiscalía pide dos años de cárcel y 92.000 euros de indemnización

Aunque la explosión se produjo en julio de 2005, el juicio se celebra el próximo 31 de octubre. Los acusados se enfrentan a la petición de pena de dos años de cárcel y a indemnizar, junto a las aseguradoras Groupama y Axa, al trabajador herido con 92.000 euros. Inalsa sólo sería, para el fiscal, responsable civil subsidiario.