La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado una pena de nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público para el ex alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla (PSOE), el ex consejero de cultura del Cabildo, Rubén Placeres (PSOE) y el ex teniente alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra (PIL) por la pieza separada del caso Unión sobre la apertura del Teatro insular sin licencia.

La fiscal Laura Ordás considera que los tres son autores de un delito de prevaricación por haber permitido la apertura del Teatro sabiendo que no tenía licencia. El ex consejero sería responsable como inductor y los ediles como autores.

El Teatro se inauguró por primera vez pocos días antes de las elecciones de mayo de 2005 por parte de Isabel Déniz, pero después se cerró porque no reunía los requisitos para estar abierto. Se hicieron obras de remodelación, que se culminaron en diciembre de 2008, cuando las recepcionó el Cablildo.

En febrero de 2009, el Cabildo había programado dos actuaciones mediante un convenio con la Caja Insular de Ahorros, una de Teresa Salguiero y otra de la Schika de Cantorumven, pero aún no había obtenido la licencia de apertura que debía otorgar el Ayuntamiento.

En el escrito de calificación de la Fiscalía se señala que “tras la visita realizada en las instalaciones del Teatro insular por parte del departamento de gerencia de riesgos de AON se detectaron anomalías en los sistemas de detección de incendios y de extinción, así como de señalización de evacuación, por lo que la correduría de seguros elaboró un informe en fecha 22 de enero de 2009 en el que se hacía constar que las medidas de protección contra fuegos eran insuficientes y que ante un siniestro podría dar motivo a grandes daños materiales y de vidas humanas”.

El 30 de enero, el Cabildo pidió al Ayuntamiento una licencia provisional de apertura para esas actuaciones, pero el técnico municipal emitió un informe negativo y requirió al Cabildo que subsanase las deficiencias “al no reunir las instalaciones las condiciones técnicas exigidas por la legislación vigente”.

Además, Miguel Ángel Ferrer, técnico del área de educación y cultura del Cabildo y que ejercía de hecho las funciones de director del Teatro, ante las carencias que presentaba el edificio, comunicó por escrito al Cabildo su opinión de no realizar allí ninguna actividad hasta que no se corrigiesen algunas deficiencias existentes, sobre todo a nivel de seguridad, evacuación, emergencia y contra incendios.

Apertura con deficiencias

Según la Fiscalía, el consejero Rubén Placeres, a pesar de que conocía estas deficiencias, el día 4 de febrero de 2009 llamó de forma insistente por teléfono al concejal Ubaldo Becerra, “influyendo de forma decisiva en la concesión de la licencia de apertura del teatro que le permitiese celebrar el concierto programado”. Becerra tenía el teléfono pinchado, porque se le investigaba por otros motivos dentro del caso Unión.

Dice la Fiscalía que Becerra actuó de acuerdo con Pérez Parrilla “y con omisión de las más elementales normas de tramitación previstas en la Ley 1/1998 y de competencia autorizaron por teléfono la apertura del Teatro para la celebración del evento musical que tenía previsto celebrarse esa misma noche, comprometiéndose a no enviar a la Policía Local para que realizase cualquier tipo de control al respecto y asumiendo con ello el riesgo de que se pudiera provocar alguna desgracia para los asistentes al evento”.

Finalmente, el concierto de Teresa Salgueiro se celebró el 4 de febrero de 2009 en ese Teatro, sin que el mismo dispusiese de licencia alguna de apertura y durante cuya actuación saltó la alarma de incendios. Asimismo, el día 13 de febrero de 2009 se celebró el concierto de la Schika de Cantorumven en las mismas condiciones. La solicitud de la licencia de apertura del teatro fue presentada por el Cabildo Insular el 18 de junio de 2009 - tras acordarse su cierre en junio de 2009- y concedida por la concejal delegada de actividades clasificadas en fecha 11 de abril de 2011.

Fuera de la política

Ninguno de los tres acusados está ya en la política activa. Pérez Parrilla, que además está jubilado, dejó la política tras su salida del Ayuntamiento en junio de 2011, al igual que Rubén Placeres, que cuando fue llamado a declarar por la UCO en junio de 2009 anunció que dimitiría aunque después no hizo efectiva la dimisión y se mantuvo hasta esa fecha.

Por su parte, Ubaldo Becerra, que está acusado también en otras piezas de Unión y que confesó que había cobrado comisiones ilegales, fue enviado a prisión provisional en mayo de 2009 y tras su salida, aupó con su voto a la alcaldía al popular Cándido Reguera en una moción de censura contra el propio Pérez Parrilla en diciembre de 2009. Un mes después dimitió de su cargo de concejal.