La magistrada que instruye el caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha rechazado la petición de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña (PIL), de que se archive la causa contra ella en ese procedimiento. Muñoz, que señala en otro auto reciente que la instrucción está “prácticamente agotada”, a la espera tan sólo de que se reciban algunos informes solicitados como pruebas, apunta a que la participación o la responsabilidad de la alcaldesa en los hechos tendrá que decidirse en el juicio oral.

Acuña alegaba que dos de los informes del Cabildo de Lanzarote que no eran favorables a la apertura de la bodega no se encontraban dentro del expediente de actividades clasificadas que obra en poder del Ayuntamiento de Yaiza porque no se habían enviado a este Ayuntamiento, y por tanto su decisión de autorizar la apertura estaba avalada por los informes que sí había en el expediente y que eran favorables.

La juez considera, sin embargo, que en esta fase de instrucción, aún persisten indicios de criminalidad en la actuación de Acuña y que las cuestiones alegadas por la alcaldesa deberán ser dirimidas en el acto de juicio oral.

Esas cuestiones se resumen en cuatro: si la información del expediente no era la correcta, si los que votaron a favor de la apertura del establecimiento en la Junta de Gobierno tenían o no conocimiento de la situación por otras vías, si había irregularidades en la tramitación de los expedientes, y si esas irregularidades pudieran ser intencionadas o conocidas.

La imputación de Gladys Acuña tiene que ver con la concesión de la licencia de actividad a la bodega en diciembre de 2008 en una sesión de la Junta de Gobierno, formada entonces por miembros de CC y PIL. También están imputados por los mismos hechos el ex concejal Juan Lorenzo Tavío (PIL) y los ediles Leonardo Rodríguez (CC) y Evaristo García (CC).

Todo apunta a que a principios de este año el procedimiento pase a ser abreviado, que es el paso previo a la apertura de juicio oral. Aún falta por recibir un informe de técnicos de medio ambiente ligados a la Fiscalía General del Estado, que determine los delitos que se han podido cometer durante la construcción de la bodega en el paisaje protegido de La Geria.

Archivo para dos imputados

La jueza, por el contrario, ha decidido admitir el sobreseimiento solicitado por otros dos imputados: el jefe de la Oficina técnica municipal, Antonio Lorenzo y la empresaria Rosa María Rosa, prima de Juan Francisco Rosa y presidenta de Hotel Princesa Yaiza SL. Precisamente Lorenzo estaba imputado por su participación en esa misma Junta de Gobierno de diciembre de 2008, por informar favorablemente.

Dice la jueza que hay una “impotencia probatoria” porque no hay elementos que corroboren su presencia en dicha Junta ya que las declaraciones de los asistentes son contradictorias: unos dijeron que había asistido y otros que no. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento certificó que ese día Lorenzo estaba disfrutando de vacaciones.

La magistrada Silvia Muñoz archiva la causa para dos de los imputados: el jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, y la empresaria Rosa María Rosa

En cuanto a Rosa María Rosa, su imputación se produjo por un posible engaño a la Agencia Tributaria. El Hotel Princesa Yaiza tenía una deuda con Hacienda y puso como garantía de pago la finca sobre la que está construida Stratvs, valorada en 5,5 millones de euros, ya que la bodega y el hotel están participadas por la misma sociedad, BTL.

El presunto engaño consiste en que en la finca que se había puesto como aval, sólo aparece Stratvs en los papeles pero en realidad la bodega está construida en la finca colindante, valorada en 44.000 euros porque es suelo rústico. La Abogacía del Estado se ha personado en el caso como perjudicada.

Rosa María Rosa es la presidenta de Hotel Princesa Yaiza pero la juez considera que no hay indicios suficientes que sostengan que tenía conocimiento de los hechos, e incluso de que su participación no era necesaria puesto que las decisiones, según declararon los socios del Hotel, las tomaba Juan Francisco Rosa, que estaría al corriente de las circunstancias reales de la finca.

Más claves

NO SE ARCHIVA PARA GARCÍA MÁRQUEZ. El funcionario del Gobierno de Canarias, ya jubilado, Faustino García Márquez, había solicitado que se archivaran las actuaciones contra él y que se creara una pieza separada incluyendo a los funcionarios del Gobierno imputados en el caso, pero también se ha desestimado esta medida. La Fiscalía señala que separarlas sería “eliminar la raíz del procedimiento y su razón de ser” como es el primer permiso otorgado para actuar en suelo rústico.

NO SE ACEPTA LA APERTURA. Tanto Rosa como BTL han solicitado el levantamiento de la medida cautelar del cierre, que se produjo hace más de un año. La acusación particular se ha opuesto señalando que no han cambiado las circunstancias por las que se cerró, ya que se clausuró porque sus aguas residuales contaminaban un acuífero subterráneo. La acusación admite que ahora la bodega no contamina porque no está en funcionamiento pero que si se abriera volvería a contaminar.

PRECIO DEL PICÓN. En la causa se investiga el traslado del picón que se extrajo en La Geria para construir la bodega a una finca colindante a la casa de Juan Francisco Rosa. Según Gopoy Consultores, designados como peritos en el caso, el valor de mercado de los 44.430 metros cúbicos de picón extraídos alcanzaría los 266.581 euros.

ENFRENTAMIENTOS DIALÉCTICOS. En los últimos escritos se dan una serie de enfrentamientos entre la acusación particular, la Fiscalía y la abogada de Rosa, ya que los primeros consideran que esta abogada se está excediendo en sus consideraciones, acusando a la juez instructora de parcialidad o de plegarse a todo lo que solicita la Fiscalía. La abogada de Rosa también acusa a la perito del Cabildo que ha hecho un informe demoledor contra la bodega de que se trata en realidad de una demanda contra el planeamiento de La Geria.