La familia Negrín, acusación particular en el caso Stratvs, personada en el procedimiento por ocupación de suelo de su propiedad en la construcción de la bodega, ha denunciado el “ataque que está sufriendo el principio de independencia del poder judicial”.

Un ataque que se materializa, según se detalla en un escrito registrado en el Juzgado número 5, en “los diferentes comentarios realizados en medios de prensa afines a uno de los imputados en este proceso penal, en concreto Juan Francisco Rosa” y que les podría “afectar plena y gravemente” como “perjudicados” en la causa.

También subraya que “es inadmisible” que el Cabildo, a través de su presidente, Pedro San Ginés, “valore” el informe redactado a petición del Juzgado por la jurista Joana Macías manifestando “que incurre en errores o excede” de lo solicitado por la jueza Silvia Muñoz, “sin ser perito o parte alguna en el procedimiento, en un claro intento de defensa de los intereses de un imputado, ya sea persona física o jurídica”.

La acusación particular añade que “no bastándole a tal presidente cabildicio” esas manifestaciones públicas, solicitó la presencia en la Isla de Domingo Berriel, consejero de Política Territorial, para valorar el citado informe jurídico, que plantea la falta de encaje legal de la bodega y la nulidad del Plan Especial de La Geria, aprobado en julio pasado.

“Raudo y veloz”, añade, el consejero se desplazó a Lanzarote para “defender” el Plan Especial de La Geria frente al informe emitido por la jurista, recalcando que se trata de una “prueba pericial aportada en un procedimiento penal”.

“Algunas personas e instituciones podrían haber cometido algún ilícito penal en la tramitación y modificaciones” en el Plan de La Geria

A juicio de la acusación particular, las declaraciones de Berriel rechazando el informe del caso Stratvs son “un claro intento de intromisión del poder ejecutivo en el judicial, intentando, sin ser parte, conducir el proceso en una dirección interesada”, obviando que el Plan Especial de La Geria ya ha sido recurrido en los tribunales “y no precisamente por el informe” de Macías.

Es más, sostiene que “si nos atenemos en ‘strictu sensu’ a dicho informe” jurídico que cuestiona la validez del Plan Especial de La Geria, “algunas personas e instituciones podrían haber cometido algún ilícito penal en la tramitación y modificaciones habidas en interés de terceras personas”.

“Intento de obstrucción a la Justicia”

El escrito registrado por la acusación particular se presenta, según aclara, “a los efectos de acreditar el ataque que se está haciendo a la instrucción de este proceso por parte de uno de los imputados con la colaboración del presidente del Cabildo y ahora del consejero de Política Territorial del Gobierno, valorando ambos una prueba pericial judicial en un claro intento de obstrucción a la Justicia en un procedimiento donde no son parte del mismo”.