Canarias no tiene competencias para vigilar los sondeos pero tampoco está haciendo nada por vigilarlos. La anunciada Flota Sandía tampoco ha zarpado. En medio del Atlántico se encuentran solos los cuatro barcos de Repsol (tres para las operaciones y uno de observación de cetáceos), con la única compañía de la Armada española que no vigila a la petrolera sino que la protege de posibles injerencias.

Al Gobierno de Canarias, nada le impediría acercarse hasta una milla para ejercer como observador, como garante de que se cumplen las condiciones impuestas en los permisos. Hay evidencias que hablan de que el barco que vigila el paso de cetáceos fue enviado un día a Gran Canaria, así que se desconoce quien hizo ese trabajo en su ausencia.

Por otra parte, las instituciones canarias se han opuesto firmemente en los últimos años a este proyecto advirtiendo del riesgo de los trabajos, pero no se sabe cuál es la estrategia prevista en caso de vertido o accidente. ¿Hay un mando único que coordina al Gobierno y a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura?

Del Gobierno central no se puede esperar nada porque ya ha demostrado una confianza ciega en Repsol. En el Congreso de los diputados respondió ante una pregunta de Izquierda Unida que hay un plan interior marítimo que “proporciona los mecanismos de respuesta de diversos sucesos e incidentes derivados de la contaminación marina” y que se crearían “los órganos precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones públicas”.

Una inconcreción que alcanza un punto preocupante respecto al agua desalada, ya que el Gobierno no se va a hacer responsable de abastecer a las poblaciones de Fuerteventura y Lanzarote en caso de derrame. El caso es que tampoco se sabe cuál es el plan de las instituciones locales en este sentido. En la oposición del Gobierno canario a las prospecciones sigue habiendo lagunas.

No se ha impuesto en el Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para evitar que sus puertos se usen como almacén logístico de la compañía. Repsol, según el punto 12 de la resolución ministerial que le autoriza los sondeos, debe enviar al Ministerio informes diarios de sus operaciones.

El Ministerio, a pesar del interés público y la alarma generada por los sondeos, no da ninguna información y Repsol, en su página web, sí que ha colgado dos informes semanales. El último reporte, de 25 de noviembre, dice lo siguiente: “Se ha superado la segunda fase de perforación alcanzándose una profundidad total de 1.475 metros, 600 metros desde el lecho marino. A continuación se ha descendido el conductor y posteriormente se ha completado el proceso de estanqueidad”. Por otro lado, tampoco se ha acudido a medir desde cerca el ruido o las vibraciones y saber así su posible afección a la fauna marina.

Europa sigue sin pronunciarse

En enero de este año se pidió a la Comisión Europea que se pronunciara sobre las prospecciones en Canarias. Casi un año después no se ha pronunciado aunque sí se sabe que sólo iba a decir su parecer sobre el estudio de impacto ambiental. El estudio se aprobó en mayo y la Comisión ya ha tenido tiempo. En lugar de pronunciarse, se convocó a principios de noviembre a una delegación de parlamentarios, por un lado, y a los representantes de la petición ciudadana, por otro.

El resultado es un cóctel que de momento no sirve para nada porque se ha abierto un nuevo expediente antes de resolver el anterior y se ha puesto un plazo de diez semanas para contestar, con lo cual las prospecciones terminarían probablemente antes del pronunciamiento. Todas las quejas se han reunido en ese nuevo expediente, en el que se dará audiencia al Gobierno español, a pesar de que el Parlamento ya pidió a la Comisión que se pronunciase tanto en enero como en octubre.

Europa está retrasando cualquier decisión. Ante la queja ciudadana se emplazó a que la acompañaran de argumentos técnicos y en noviembre acudieron los expertos Natacha Aguilar y Rick Steinert, sin resultado. También se ha solicitado a los responsables de la unidad legal de la Dirección general de medioambiente, el español Daniel Fernández y el rumano Ion Codescu, pero tampoco se han pronunciado.